Luego de una exhaustiva investigación derivada de una denuncia anónima, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), decretó el no ejercicio de la acción penal en favor del empresario Fernando Salgado Chávez. Con dicha resolución, la autoridad federal determinó la inexistencia de cualquier conducta ilícita o vínculo con los delitos señalados en la denuncia.

El dictamen de la FGR se emitió luego de que diversas dependencias federales e internacionales —entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) e Interpol— rindieran informes que confirmaron la total licitud de las actividades y el patrimonio del empresario. Salgado indicó en la frontera que aportó voluntariamente estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales de los últimos cinco años, información de sus empresas, propiedades, inversiones y datos de contacto personales.

De acuerdo con el oficio emitido por la FEMDO, la autoridad ministerial concluyó que los registros financieros y patrimoniales “guardan congruencia entre sí” y que “existe una relación lógica, coherente y armónica”, acreditando que sus ingresos coinciden plenamente con su capacidad económica y estilo de vida. La investigación descartó uno de los señalamientos de la denuncia anónima, al confirmar que ni el empresario ni sus corporativos mantienen contratos de proveeduría con el Ayuntamiento de Tijuana.