La Fiscalía ha solicitado ocho años de prisión para el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como 'Tito Berni', al considerar que formó parte de una organización criminal dedicada a obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de favores políticos y administrativos, según ha recogido este martes Europa Press. El Ministerio Público le atribuye un delito continuado de cohecho y otro de organización criminal dentro del denominado caso Mediador.Del escrito de acusación se extrae que los investigados habrían diseñado una estructura con funciones repartidas para captar a empresarios, en su mayoría de sectores agrícolas, ganaderos y de las energías renovables de Canarias, a los que ofrecían supuestas ventajas en contratos públicos, subvenciones o negocios privados.

A cambio, habrían recibido regalos, comisiones y otro tipo de dádivas, principalmente entre mediados de 2020 y mediados de 2021.Para el presunto mediador de la trama, Marco Antonio Navarro Tacoronte, alias 'el Mediador', la Fiscalía reclama 13 años de prisión por delitos de cohecho, organización criminal, estafa, falsedad documental y tráfico de influencias. El fiscal mantiene que Tito Berni se valió de su condición de diputado en el Congreso para reforzar la credibilidad de la red.

La acusación también alcanza a Taishet Fuentes, sobrino de Tito Berni, para quien la Fiscalía solicita 11 años de cárcel por delitos continuados de cohecho, organización criminal y estafa. La investigación se centra en determinar si la red cobraba comisiones a empresarios a cambio de facilitar subvenciones, evitar inspecciones o favorecer la implantación de empresas en Canarias aprovechando las ventajas fiscales del archipiélago.La Fiscalía se dirige al Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife para pedir la apertura de juicio oral con el fin de esclarecer la presunta trama.

En total son 16 las personas investigadas en la pieza principal del 'caso Mediador', que versa sobre una presunta trama de corrupción en la que varios cargos públicos, empresarios y el citado intermediario habrían cobrado o reclamado sobornos y comisiones a cambio de favores administrativos y políticos.El ministerio público solicita penas de menor entidad para el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas (2 años de cárcel), así como para cargos administrativos intermedios y para los empresarios que supuestamente colaboraron en la trama.Más información en breve.