La simplificación administrativa se ha convertido en una obsesión para la Comisión Europea y bajo esa premisa ha presentado este miércoles el paquete ómnibus sobre fiscalidad, con el que se propone generar un ahorro anual aproximado de 8.000 millones de euros para las empresas europeas, de los cuales 3.300 millones corresponden específicamente a costes administrativos directos, según ha explicado en un comunicado el Ejecutivo comunitario.Asimismo, Bruselas añade la introducción de una exención de retenciones en origen para todos los pagos transfronterizos de dividendos, intereses y cánones entre empresas vinculadas dentro de la Unión Europea. Esta medida, diseñada para eliminar barreras históricas a la inversión y simplificar los procesos de reembolso, podría reportar por sí sola unos beneficios y ahorros económicos a los contribuyentes europeos de aproximadamente 5.300 millones de euros anuales, concluyen desde la Comisión Europea."Europa necesita normas más sencillas para obtener mejores resultados.

Nuestras propuestas de simplificación fiscal ofrecen soluciones que mejorarán radicalmente la claridad y la seguridad jurídica tanto para las empresas como para las administraciones tributarias", ha explicado el comisario de Economía, Vladis Dombrovskis. En su defensa de las medidas ha añadido que "reducirán los costes generales de cumplimiento normativo de las empresas europeas en casi 8.000 millones al año, incluidos 3.300 millones de euros en costes administrativos anuales".

Por otro lado, la propuesta legislativa incluye ajustes importantes en las normas de limitación de intereses de la Directiva contra la Elusión Fiscal (ATAD), eliminando opciones de implementación discrecionales para los Estados y haciendo obligatorio el umbral de minimis. Al excluir también del ámbito de aplicación los préstamos de terceros de bajo riesgo, se espera facilitar la financiación genuina del mercado y reducir los costes de cumplimiento administrativo en más de 500 millones de euros cada año.En el ámbito de la transparencia y la cooperación, la refundición de la Directiva DAC unifica nueve textos legales previos en un solo instrumento para mejorar la seguridad jurídica y la claridad tanto para las administraciones como para el sector privado.

Este ejercicio de "limpieza regulatoria" incluye la eliminación de obligaciones de información para ciertos acuerdos transfronterizos que aportaban escaso valor añadido, lo que permitirá reducir el volumen de notificaciones en un 35% y ahorrar 40 millones de euros anuales.El paquete también pone el foco en el apoyo a la economía circular mediante la modificación de los umbrales de información para las ventas de bienes a través de plataformas digitales. La Comisión propone elevar el umbral monetario de 2.000 a 3.000 euros, una medida que eximirá de obligaciones de reporte a más de 10 millones de vendedores particulares, principalmente de artículos de segunda mano, y ahorrará 678 millones de euros a las plataformas digitales.Para mejorar la eficiencia de las administraciones tributarias, se introducirá una nueva herramienta de verificación de los Números de Identificación Fiscal (NIF o TIN), permitiendo una identificación más rápida y precisa de los contribuyentes reportados.

Aunque la implementación de esta infraestructura técnica supondrá un coste estimado de entre 15 y 25 millones de euros para el conjunto de los Estados miembros, se prevé que estos gastos se vean compensados por una reducción en las solicitudes de seguimiento y una mejor calidad de la información intercambiada.Este impulso a la simplificación se enmarca en la estrategia más amplia de la Comisión denominada Brújula de la Competitividad, inspirada en el informe Draghi, que sitúa la reducción de la burocracia como un eje central para el crecimiento económico del bloque comunitario en los próximos años. El objetivo a largo plazo, recuerda Bruselas, es reducir las cargas administrativas generales en un 25% -y hasta un 35% en el caso de las Pymes- para finales de la presente legislatura, aspirando a un ahorro anual total de 37.500 millones de euros para el año 2029.Desde el punto de vista macroeconómico, la propuesta introduce asimismo un estándar mínimo común para el tratamiento fiscal de las inversiones en activos tangibles relacionados con la I+D.

Según las estimaciones de los técnicos de Bruselas, esta armonización de incentivos para la investigación y la innovación podría impulsar el PIB de la Unión Europea en un 0,2% anual, reforzando el atractivo del bloque para las inversiones tecnológicas