Opinión: Asocodis, gremio que agrupa a empresas comercializadoras que atienden aproximadamente el 96% de la demanda eléctrica nacional para residencias y comercio, alertó al Gobierno Nacional y a las autoridades del sector eléctrico sobre una situación que enfrenta este mercado, con el fin de emprender las acciones necesarias para atender estos retos.Imagen de referencia. La energía en firme es uno de los componentes clave del sistema.ASOCODIS Nuestro sistema eléctrico está respaldado en promedio con un 80% de energía en contratos de largo plazo.

Esto es posible gracias a la infraestructura hidroeléctrica y térmica que, durante varias décadas de impulso con capital privado y público, entrega energía firme todos los días, todas las horas. Esto ha sido suficiente para atender el crecimiento económico y social del país.

No obstante, en los últimos años los intentos de cambiar la política pública, las críticas sin sustento a la participación privada, junto a problemáticas estructurales e históricas no gestionadas de manera oportuna, empezaron a poner una presión excesiva sobre el sector, que enfrenta cifras récord de consumo y mantiene retos abiertos por resolver.El Gobierno junto a otros actores clave como el Ministerio de Minas y Energía, la UPME, la CREG, La SúperServicios, la ANLA, las CAR, XM, el CND, entre otros, es el responsable del sector eléctrico. Sus decisiones logran que se amplíe o no, y que asimismo, si se logra, realmente tenga las especificaciones que necesitan para seguir disfrutando de la electricidad a largo plazo.Las primeras señales vienen de la oferta de energía y el retraso de nuevos proyectos.

El informe de Asocodis señala que en los últimos 6 años la tasa real de entrada de nueva energía no ha superado el 28% de lo previsto en las Fechas de Puesta en Operación (FPO); este concepto es importante porque permite hacer un rastreo de la electricidad que va a necesitar el país a futuro y de cómo esos proyectos nuevos entrar a suplirla, si la FPO se atrasa, se demora el acceso a esa energía por parte de los usuarios. Haciendo doble clic, en 2023 entró el 17%, en 2024 el 25%, y en 2025 el 10,8% de la energía esperada.Que la energía no llegue tiene muchas causas, podemos mencionar las más importantes: retrasos administrativos en trámites y licenciamiento, conflictividad social en las consultas previas, problemas de seguridad, e inestabilidad jurídica para los inversionistas, impidiéndoles cerrar financieramente los proyectos.

El primer reto es apoyar el avance de los proyectos y lograr que entren a tiempo y con acceso a conexión.Estas cifras se complementan con datos de XM sobre energía firme, con un déficit en 2025 del 1,6%, que para este año se espera que sea del 2,3% y que suba en años siguientes. El segundo reto es que el suministro de energía firme que el Gobierno adjudica para la demanda futura, a través de las convocatorias públicas permita el desarrollo de nuevos proyectos hídricos y térmicos, ya que ha estado dominado por proyectos solares sin baterías, que no suman para cerrar la brecha de energía firme, especialmente ante escenarios futuros de hidrología crítica, como El Niño.Lo más relevante del informe se refiere a que las comercializadoras de energía son las encargadas de comprar la electricidad a las generadoras para que finalmente puedan llegar hasta las casas y comercios; y aquellas afiliadas a Asocodis han reportado dificultades debido a alta exposición a la bolsa de energía (mercado en el cual se vende y compra este recurso), esto quiere decir que por diferentes causas no logran tener contratos con precios fijos y más bajos, sino que tienen que comprar en condiciones variables, lo que se traduce en precios más altos para el usuario final.

Algunas tienen exposiciones superiores al 60%, coincidiendo con regiones donde predominan usuarios de estratos 1 y 2, lo que agrava el impacto social. El punto de referencia es que en promedio los contratos de precio fijo en el país son del 80% y el 20% variable (bolsa de energía).

El gremio indica que para este año la exposición promedio a bolsa sería del 28% y para el 2027 del 45%, cifras que coinciden con el desequilibrio entre oferta y demanda de energía ya mencionado.Asimismo, enfrentan problemas de liquidez por dineros que no les pagan. Con corte al 31 de marzo de este año el saldo a recuperar registró $5,1 billones, dividido así: $1,6 billones en subsidios y contribuciones, $2,1 billones en opción tarifaria no recuperada, y $1,4 billones en deuda de usuarios constitucionalmente protegidos, clientes oficiales y alumbrado público.

Es importante aclarar que si bien el Presupuesto General de la Nación (PNG) de 2026 asigna recursos para subsidios, se estima un déficit cercano a $1 billón, equivalente a un trimestre y sin considerar El Niño.Por último, el informe llama la atención sobre el caso Air-e, ya que no es solo un problema de los usuarios de la Costa. Lo que allí ocurre se convierte en un riesgo sistémico que podría afectar a todos los colombianos si no se toman decisiones responsables y técnicas.

La deuda de esta empresa con el mercado eléctrico llegó el 31 de marzo de este año a $2,2 billones. Las generadoras siguen suministrando la energía para no afectar a los usuarios, pero la deuda va en aumento.El tercer reto es aclarar la situación de deudas del sector para asegurar el suministro futuro.

Los usuarios merecen seguir disfrutando de un sistema eléctrico sólido en las próximas décadas y es responsabilidad del Gobierno y las instituciones del sector tomar decisiones estratégicas y oportunas para resolver los retos de suministro, confiabilidad, contratación y liquidez que posee el país y garantizar energía confiable y a precios competitivos.