La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) confirmó que las agencias federales han incautado más de 300 drones en las cercanías de las sedes del Mundial 2026 desde que inició el torneo el 11 de junio. Este despliegue representa el esfuerzo de seguridad aeroespacial más exhaustivo en la historia de los Estados Unidos para un evento deportivo.

De acuerdo con un portavoz de la TSA, el operativo es liderado por un Grupo de Trabajo de la Casa Blanca, en colaboración con el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Administración Federal de Aviación (FAA) y cuerpos policiales locales. "La aplicación de la ley es rápida y proactiva", indicó la agencia en un comunicado.

Durante los días de partido, la FAA ha impuesto restricciones estrictas: queda prohibido el vuelo de cualquier aeronave, incluidos los drones, en un radio de tres millas náuticas alrededor de los estadios y hasta 3,000 pies de altura, a menos que cuenten con una autorización específica. El FBI ha reportado cifras alarmantes en diversas sedes.

En Arlington, cerca del AT&T Stadium (Estadio Dallas), se decomisaron 50 drones, mientras que en Miami la cifra ascendió a 54 aeronaves incautadas y 49 operadores sancionados. En Los Ángeles, las autoridades registraron 34 incautaciones, seguidas por Seattle con 16 y el MetLife Stadium (Estadio Nueva York / Nueva Jersey) con 7.

El Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, advirtió sobre la gravedad de estas incursiones. "Cada uno de esos drones tiene el potencial de ser no solo una distracción de entusiastas, sino un acto terrorista", declaró Mullin en una entrevista reciente.

Aunque no se ha confirmado que los drones portaran armas, el riesgo de interferencia con operaciones de emergencia o peligro para los aficionados mantiene en alerta máxima a las autoridades. Los pilotos que violen el espacio aéreo restringido enfrentan severas consecuencias, incluyendo: Multas civiles de hasta $100,000 dólares.Confiscación definitiva del equipo.Posibles penas de prisión bajo cargos federales.

Este operativo es la primera prueba real para el fondo de 250 millones de dólares que el gobierno federal distribuyó a 11 estados anfitriones para implementar tecnología de detección y mitigación de drones.