La sentencia que condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión contiene entre sus páginas un firme mensaje contra la corrupción. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo destaca que el "efecto más grave" de la corrupción es "el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político".

Tal y como subraya el tribunal, los delitos de corrupción política quiebran "la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía". "Una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por intereses privados, o ajenos al servicio público para obtener un beneficio, experimenta una pérdida de legitimidad institucional, que compromete la estabilidad del propio sistema".

Así lo expone la Sala presidida por Andrés Martínez Arrieta en una sentencia que ha sido aprobada por unanimidad. Dicha sentencia condena a Ábalos a 24 años de cárcel, los mismos que pedía la Fiscalía Anticorrupción, si bien el cumplimiento máximo real de la pena no podrá superar los 16 años interno.

Koldo García ha sido condenado a 19 años y ocho meses, pero pasará un máximo de 15 años dentro de la cárcel. Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y seis meses, no tendrá si quiera que pisar la prisión, dado que el Tribunal Supremo ha acordado la suspensión de la ejecución de su pena.

La resolución del Tribunal Supremo, recurrible únicamente ante el Tribunal Constitucional por la vía del amparo, da peso al hecho de que el principal condenado era "ministro del Gobierno de España y, al tiempo, secretario de organización del partido que sustenta el Gobierno". "Quien transgrede las reglas del cargo es, entre otros, una autoridad de especial relevancia estatal", expone el Tribunal Supremo.

Y añade que los actos de corrupción, como los llevados a cabo por Ábalos, "no son solo delitos de contenido patrimonial o delitos cometidos por malos servidores públicos que, ocasionalmente, infringen sus deberes posicionales". Son conductas que "guardan una conexión directa con el ejercicio de la autoridad política y, por ello, poseen un potencial desestabilizador mucho mayor".

En casos como el de José Luis Ábalos, el alto tribunal aprecia unos actos que "socavan la arquitectura democrática de nuestro Estado social y democrático de Derecho". El Supremo coincide en este punto con la última intervención que llevó a cabo el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el juicio.

De hecho, la sentencia alude al informe final del fiscal: "Expuso que la corrupción estaba carcomiendo nuestro sistema político". A esta apreciación, la Sala de lo Penal añade que la corrupción "opera como un fenómeno que distorsiona la finalidad del poder, debilita los contrapesos institucionales y compromete la igualdad de los ciudadanos ante la ley".