El propietario de un inmueble afectado por la obra de triplicación de la ruta D025, entre el Aeropuerto y Mariano Roque Alonso (Ruta PY03), James David Ray, quien denunció la invasión de su terreno sin autorización y sin el pago previo de la expropiación en el marco de la construcción de la vía, respondió el martes último a la empresa CDD Construcciones, contratista de la obra. La firma, representada por César Delgado y contratista de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (FPTI) para este proyecto, remitió el lunes una nota al propietario luego de que este volviera a cercar su terreno en el tramo intervenido, ubicado en la zona conocida como Isla Zárate (zona del aeropuerto), luego de denunciar el ingreso ilegal a su predio.

En ese contexto, CDD Construcciones envió un borrador de un acta notarial a James David Ray, con la intención de que él y su esposa la firmaran. En dicho documento, la empresa condicionó el pago de la expropiación a que ambos se comprometieran a “desistir y gestionar el retiro de la denuncia policial presentada, dejando constancia expresa de que no mantendrán reclamos derivados de los hechos que motivaron dicha denuncia”.

No obstante, el propietario respondió mediante otra nota, fechada el 16 de junio, en la que rechaza “firmemente la suscripción de cualquier acta notarial que pretenda imponer condicionamientos ajenos al procedimiento legal de expropiación vigente en la República del Paraguay”. Asimismo, Ray consideró que “la inclusión de cláusulas que exigen de forma obligatoria el retiro o desistimiento de denuncias policiales vigentes que dieron origen a una causa penal posee un tinte extorsivo e inaceptable dentro del marco de una indemnización por utilidad pública regulada por ley”. “El pago de la indemnización es un derecho derivado de la ley de expropiación y no puede ser utilizado como moneda de cambio para suprimir investigaciones fiscales”, enfatizó el propietario del inmueble en el escrito remitido a CDD Construcciones.

Asimismo, Ray ratificó su “total predisposición” para proceder a la transferencia de dominio del inmueble afectado a favor del Estado paraguayo, en este caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), aunque aclaró que esta se ejecutará estrictamente conforme a los términos, plazos y condiciones ya acordados y suscriptos en la Constancia de Conformidad de Avaluación de Terreno y en los términos del artículo 27 de la Ley Nº 5389/2015, aplicable de conformidad con el artículo 2º de la Ley Nº 7527/2025 (que expropió el inmueble en cuestión). El artículo 27 de la mencionada normativa establece que el propietario u ocupante tendrá un plazo de 30 (treinta) días para desalojar el inmueble, contados a partir de la fecha de la firma de la Escritura Pública de transferencia de dominio o de la consignación judicial del monto indemnizatorio. “Al respecto, les manifiesto que el pago total de la indemnización por el precio de la expropiación del inmueble podrá realizarse a través de una transferencia bancaria”, señala el escrito.

Añadió que el comprobante de transferencia bancaria emitido por la entidad financiera servirá como recibo suficiente de pago y como finiquito formal de la obligación de desembolso de la indemnización por expropiación. La superficie comprometida por la obra es de 0995 m² y 0011 cm², cuya tasación fue fijada por el MOPC en más de G. 1.250 millones.

El abogado del propietario del terreno, Óscar Fernández Scifó, mencionó que, llamativamente, el fiscal designado en el caso, Orlando Paiva, de la Unidad Fiscal Nº 4 de Luque, no se constituyó en el lugar pese a la denuncia de invasión del inmueble. “El señor Ray nunca dio autorización alguna para ingresar. Inclusive, cuando firma el documento por el que acepta la valuación del inmueble realizada por el MOPC, se establece como condición que recién una vez firmada la escritura de transferencia de dominio podían continuar los trabajos en el inmueble”, remarcó.

Asimismo, enfatizó que el propietario se enteró del ingreso a su predio a través de uno de sus empleados, quien le comunicó que se había ingresado de forma violenta, cortando alambradas, derribando el portón de acceso y realizando construcciones dentro de su inmueble. Tanto el MOPC como la FPTI continúan sin explicar esta situación de expropiación a la ciudadanía.

Cabe recordar que esta obra fue adjudicada a través de la FPTI, un mecanismo que, según cuestionamientos, ha sido utilizado por este Gobierno para evitar los controles previstos en la Ley Nº 7021 de Contrataciones Públicas, ya que los llamados realizados por dicha entidad no se rigen por esa normativa. Si bien el proyecto es impulsado por el MOPC, esa cartera no estuvo a cargo de la licitación.

Inicialmente, la obra fue adjudicada a CDD Construcciones S.A. por G. 167.063 millones (más de US$ 28 millones al cambio actual). No obstante, según comunicó el MOPC, el costo actualizado asciende a G. 208.817 millones (US$ 31,7 millones), lo que representa un incremento cercano al 25%.

Al no regirse por la Ley Nº 7021, el aumento supera el límite del 20% permitido por dicha normativa para las obras públicas.