El Tribunal Supremo ha condenado al Estado español a indemnizar con 2.5 millones de euros a Ahmed Tommouhi, un ciudadano marroquí que pasó 15 años en prisión y otros años intentando demostrar su inocencia por varias violaciones que no cometió. El alto tribunal considera que existió un “error judicial inequívoco” después de que una prueba biológica exculpatoria fuera ignorada durante el proceso.

La resolución pone fin a una de las mayores equivocaciones judiciales conocidas en España durante las últimas décadas. Tommouhi, de 75 años, fue condenado en los años noventa por varias agresiones sexuales y un robo cometidos en Cataluña.

Las sentencias se sustentaron principalmente en reconocimientos de las víctimas, pese a la existencia de informes periciales que descartaban su participación en al menos uno de los casos. El Tribunal Supremo concluye ahora que tuvo lugar un error de carácter extraordinario al no valorarse adecuadamente una prueba biológica que demostraba que el semen hallado en la ropa de una víctima no pertenecía al acusado.

La decisión obliga al Estado a indemnizar al afectado después de más de tres décadas de procedimientos judiciales y recursos. Una de las sentencias más relevantes fue dictada por la Audiencia de Barcelona en 1992.

El tribunal condenó a Tommouhi pese a que existía un informe pericial que lo excluía como autor de los hechos. La prueba había sido admitida durante el procedimiento, pero no fue incorporada de forma determinante en la valoración judicial.

El fallo se apoyó principalmente en la identificación realizada por la víctima. Décadas después, el Supremo considera que la omisión de aquella evidencia científica constituye un error judicial inequívoco y cualificado, una expresión excepcional dentro de la jurisprudencia española y reservada para situaciones especialmente graves.

La revisión de las condenas terminó anulando todas las sentencias que habían mantenido a Tommouhi en prisión y posteriormente bajo libertad condicional. Ahmed Tommouhi llegó a España desde Marruecos para trabajar como albañil y comenzar una nueva vida.

Poco tiempo después fue detenido y acusado de delitos que siempre negó haber cometido. Durante años remarcó que las agresiones ocurrieron de noche mientras él dormía en el hostal donde residía.

Su compañero de habitación respaldó esa versión, aunque la coartada fue descartada durante el proceso. Hoy, a los 75 años, Tommouhi resume el impacto de la condena con una frase que se ha convertido en el símbolo del caso: “La Justicia me arruinó la vida”.

El dinero, asegura, no puede devolverle la juventud, la salud ni los años perdidos. Tampoco podrá reparar la muerte de sus padres, que fallecieron en Marruecos mientras él permanecía encarcelado o inmerso en los procedimientos judiciales para demostrar su inocencia.

La historia de Ahmed Tommouhi trasciende el ámbito jurídico y se ha convertido en un caso paradigmático sobre las consecuencias personales de un error judicial. Su familia soportó durante décadas el estigma de las condenas.

Su hermano recorrió largas distancias para visitarlo en prisión y mantener su apoyo cuando las posibilidades de revertir las sentencias parecían inexistentes. En la actualidad, Tommouhi vive en Sant Pere de Riudebitlles, en la provincia de Barcelona.

Tiene una pierna amputada, utiliza una silla de ruedas y su principal preocupación es encontrar una vivienda adaptada a sus necesidades de movilidad. Su entorno familiar insiste en que el reconocimiento institucional resulta tan importante como la compensación económica.

Una de sus nietas resumió ese sentimiento al señalar que un perdón oficial tendría un valor incluso superior a la indemnización. La indemnización de 2.5 millones de euros se sitúa entre las mayores reconocidas en España por error judicial.

El fallo del Supremo revoca una decisión previa que había rechazado la compensación al considerar que no existían irregularidades en las sentencias originales. La nueva resolución reconoce expresamente que la actuación judicial produjo un daño extraordinario y prolongado en el tiempo.

No obstante, el caso también reabre el debate sobre los mecanismos de revisión de condenas, la valoración de las pruebas científicas y la capacidad del sistema para corregir errores cuando se producen. Especialistas en derecho penal han señalado durante años la necesidad de reforzar las garantías procesales cuando existen pruebas biológicas que contradicen otras evidencias, especialmente en delitos de gran impacto social.