Si bien la Ley N.º 7444/2025, denominada “Ley Mipymes” aprobada el año pasado, avanza con el objetivo de fortalecer al sector y promover la formalización, su plena aplicación depende de otras instituciones, indicaron desde el sector. Uno de los beneficios incorporados en la citada normativa es el acceso a la cobertura del Instituto de Previsión Social (IPS).

El reglamento establece que el aporte para microempresas se calculará sobre una base mínima equivalente al 80% del salario mínimo legal vigente, durante un período de hasta 36 meses, según comunicó desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). En ese sentido, el presidente de la Federación Paraguaya de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), Luis Tavella, comentó que, aunque el esquema del 80% busca facilitar la incorporación de microempresas, persisten dudas sobre la calidad del servicio de la previsional y la disposición de los trabajadores a aportar al sistema.

Remarcó que, debido a las dificultades que enfrenta el IPS, muchos trabajadores no tienen interés en pagar entre G. 200.000 y G. 300.000 mensuales por un servicio que consideran insuficientes. “Hoy el IPS, con el nuevo presidente, está dando señales de que a corto o quizás a mediano plazo el servicio mejore. Así la gente tendrá más ganas de abonar la seguridad social”, aseveró.

En ese sentido, mencionó que muchos empleados, especialmente jóvenes con deudas o registros en Informconf, muestran resistencia a formalizarse por temor a embargos salariales o por la percepción de que no reciben beneficios suficientes. A la par de aclarar que “suena a excusa, pero que es la realidad”.

El dirigente también advirtió que aún no existen datos actualizados sobre cuántas microempresas se incorporaron efectivamente al nuevo régimen ni cuántas operan bajo la base del 80%. Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Industriales Micro, Pequeñas y Medianas Empresas(Asomipymes), Carla Bacigalupo, coincidió en que la formalización debe ir acompañada de mejoras institucionales, especialmente en el funcionamiento de la previsional. “Todos queremos que los trabajadores tengan seguridad social, pero también es necesario que el IPS funcione correctamente.

No puede haber solo aportes sin una buena contraprestación”, expresó. La gremialista también precisó que la nueva ley abre alternativas laborales como contratos a tiempo parcial, de aprendizaje y a plazo determinado, lo que, según expresó, amplía las opciones para el sector, aunque su aplicación aún está en proceso de ajuste.

Por su parte, Tavella se refirió al avance de la Ley, debido a que implica la participación de otras instituciones. Ante eso indicó que el funcionamiento del sistema depende de la coordinación entre varias instituciones, pero ahora se tiene un “frenó” en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el Viceministerio de Mipymes y el sistema financiero, debido a que existen retrasos en el flujo de información y en la operatividad. “En ese punto estamos tropezando con dos problemas: la DNIT no está enviando los datos al Ministerio de Industria y, por otro lado, el Banco Central del Paraguay (BCP) presenta dificultades para que los bancos puedan generar la cuenta empresarial”, explicó y recordó que el proceso debería estar en funcionamiento desde hace al menos 60 días.

Sobre la situación con el sistema bancario. Tavella cuestionó que las cuentas empresariales se exigen con los mismos criterios para grandes empresas y microempresas, lo que consideró no se ajusta a la realidad del sector. “Las microempresas facturan entre 30 y 70 millones de guaraníes por mes.

Sin una cuenta empresarial adecuada, se termina empujando a la informalidad, porque los pagos digitales se mezclan con cuentas personales”, concluyó.