SAN JUAN.— La reciente ley aprobada por la Legislatura riojana para reivindicar jurisdicción sobre territorios que históricamente son considerados sanjuaninos no constituye un episodio aislado. Se suma a una serie de movimientos políticos, judiciales e institucionales que tienen un mismo denominador común: instalar una controversia limítrofe que aparece justo cuando la gestión de Quintela atraviesa desafíos económicos y políticos cada vez más evidentes.

Porque mientras el mandatario riojano multiplica discursos sobre soberanía territorial, la realidad de su provincia transita por carriles mucho menos épicos. La Rioja se convirtió en la única provincia argentina que acumula dos años consecutivos en situación de default financiero.

El incumplimiento de una deuda internacional vinculada al Parque Eólico Arauco derivó en litigios en tribunales de Nueva York y dejó a la provincia prácticamente excluida de los mercados internacionales de crédito. Sin acceso al financiamiento, el gobierno provincial depende casi exclusivamente de la recaudación propia y de la coparticipación federal para sostener su funcionamiento.

La crisis obligó incluso a recuperar mecanismos que parecían archivados en la historia económica argentina. Los denominados \"Chachos\", una cuasimoneda provincial, volvieron a circular para complementar pagos y sostener el consumo interno en una economía golpeada por la caída de recursos, la paralización de la obra pública y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales.

La existencia misma de una cuasimoneda es una postal contundente de las dificultades que atraviesa la administración riojana. No hay relato político capaz de ocultar semejante síntoma.

Pero los problemas de Quintela no terminan en la economía. El gobernador enfrenta asimismo una sucesión inevitable.

Después de dos mandatos consecutivos, la Constitución provincial le impide volver a competir por la gobernación en 2027. Y el peronismo riojano ya inició a mostrar señales de fragmentación.

La lista de aspirantes crece semana luego de semana. La vicegobernadora Teresita Madera, la senadora Florencia López, el senador Fernando Rejal, el intendente Armando Molina, la diputada Gabriela Pedrali y el ministro Ariel Puy Soria aparecen entre quienes buscan posicionarse para la próxima disputa.

Al mismo tiempo, los exgobernadores Luis Beder Herrera y Sergio Casas volvieron a ocupar el centro de la escena. La propuesta de Beder para reinstalar la Ley de Lemas es una prueba de la magnitud del problema.

Cuando un oficialismo comienza a discutir mecanismos para contener su propia dispersión, es porque la pelea por la sucesión ya está en marcha. En paralelo, Quintela intenta proyectarse nacionalmente como uno de los principales referentes opositores a Javier Milei dentro del peronismo.

Su atención parece estar cada vez más puesta en Buenos Aires y menos en la administración cotidiana de su provincia. En ese contexto, la controversia con San Juan ofrece ventajas políticas evidentes.

Permite construir una bandera común, unificar transitoriamente al oficialismo riojano y desplazar de la agenda pública las discusiones sobre default, cuasimonedas, crisis fiscal e interna partidaria. No obstante, existe un detalle que vuelve todavía más llamativa la estrategia: la debilidad de los argumentos sobre los que se sostiene.

La discusión impulsada desde La Rioja parte de una premisa difícil de sostener. Durante décadas, los límites provinciales fueron reconocidos por organismos nacionales, reflejados en cartografía oficial y asumidos por los propios gobiernos de ambos lados.

San Juan ejerció jurisdicción efectiva sobre esas zonas, autorizó actividades económicas, llevó a cabo controles administrativos y consolidó una presencia institucional que jamás fue cuestionada con la intensidad actual. Por eso, desde la perspectiva sanjuanina, la controversia resulta sencillamente absurda.

La pregunta es inevitable: si esos territorios realmente hubieran sido riojanos, ¿por qué el reclamo no apareció hace veinte o treinta años? ¿Por qué la discusión surge precisamente cuando la minería revela recursos capaces de movilizar miles de millones de dólares en inversiones?

La coincidencia temporal es demasiado evidente para pasar inadvertida. La comparación entre ambas provincias ayuda a comprender mejor el trasfondo del conflicto.

Mientras La Rioja enfrenta dificultades para sostener sus cuentas y recurre a herramientas de emergencia financiera, San Juan atraviesa una realidad completamente diferente. La provincia se consolidó como uno de los principales polos mineros del país, concentra algunos de los proyectos de cobre más importantes del mundo y se prepara para recibir inversiones multimillonarias que prometen transformar su economía durante las próximas décadas.

La diferencia tampoco es únicamente económica. San Juan exhibe hoy una dirigencia que, con diferencias políticas inevitables, fue capaz de cerrar filas cuando consideró que estaba en juego un interés provincial.

Desde el gobernador Marcelo Orrego hasta referentes aliados, opositores, legisladores salieron a rechazar la ley riojana y a defender la posición sanjuanina. La respuesta fue prácticamente unánime.

No es un dato menor. En una época marcada por la polarización, la dirigencia sanjuanina entendió que la defensa de los límites provinciales estaba por encima de las disputas partidarias.

Tampoco es casual que las prioridades aparezcan tan diferenciadas. Mientras San Juan busca financiamiento internacional para desarrollar infraestructura, potenciar la producción y acompañar el crecimiento económico, La Rioja enfrenta serias dificultades para sostener compromisos corrientes de la administración pública.

La riqueza minera que hoy exhibe San Juan no apareció por generación espontánea ni por una decisión administrativa reciente. Es el resultado de décadas de construcción institucional, seguridad jurídica, consensos políticos y políticas de Estado sostenidas por gobiernos de distintos signos partidarios, peronistas antes, orreguista hoy.

Pretender disputar una parte de ese desarrollo mediante una ley provincial no sólo resulta jurídicamente cuestionable. También transmite la sensación de que es más sencillo reclamar sobre el éxito ajeno que revisar los errores propios.

Y acaso ahí resida la verdadera explicación de esta avanzada. Porque la ley aprobada por la Legislatura riojana difícilmente modifique un centímetro de la geografía.

Lo que sí parece haber modificado es la conversación pública de la provincia vecina. Durante algunas semanas se hablará más de límites que de default, más de San Juan que de los Chachos, más de mapas que de la feroz interna peronista que ya se desató por la sucesión de Quintela.

Pero los límites tienen una virtud incómoda para la política: no resuelven los problemas económicos. Tarde o temprano los riojanos volverán a preguntarse por el empleo, los salarios, las cuentas públicas, el futuro de la provincia y quién gobernará después de 2027.

Y para esas preguntas no existe ninguna ley limítrofe capaz de ofrecer respuestas. Tal vez por eso la reacción sanjuanina fue tan contundente.

No se trató solamente de defender un territorio. Se trató de rechazar una pretensión considerada injustificada.

De respaldar una realidad histórica que para San Juan está fuera de discusión.