Sumar, socio de Gobierno del PSOE, ha recibido con decepción las explicaciones que este miércoles dio José Luis Rodríguez Zapatero luego de su declaración como imputado en la Audiencia Nacional, que se limitaron a un comunicado. Para la alianza plurinacional un "referente" para el espacio progresista como el expresidente debería haber ofrecido "más que una declaración por escrito", si bien a lo largo de las últimas semanas los ministros de Sumar también se han afanado en separar la actividad de Zapatero de la labor del Gobierno.

Eso sí, consideran que aquello que esté en manos del Ejecutivo debe hacerse, y en este momento eso pasa por que Pedro Sánchez apoye de manera abierta durante su comparecencia en el Congreso de este miércoles la reforma del estatuto de expresidentes que la coalición presentó el 3 de junio."Debería anunciarla. Y no solo eso: España necesita ya una ley de lobbies y hace tiempo que la tenemos preparada", aseguran fuentes del grupo parlamentario en referencia a la norma que lleva más de un un año atascada en la Cámara Baja.

Otras voces del grupo van más allá y consideran que, asimismo de anunciar la reforma del estatuto de expresidentes, es importante y transmitiría una mejor imagen "que la haga suya", no que se limite a adoptarla como una exigencia de su socio de Gobierno. España necesita ya una ley de lobbies y hace tiempo que la tenemos preparadaCabe señalar que desde la imputación de Zapatero Pedro Sánchez ha manifestado en todo momento su apoyo absoluto al expresidente y no se ha pronunciado sobre la posibilidad actuar para que situaciones que en todo caso ha de dirimir la Justicia no tengan posibilidades de volverse a dar.

El último respaldo que le ofreció fue este jueves, luego de conocerse que el juez José Luis Calama había decidido imputar a las hijas del histórico socialista y a su secretaria, Gertrudis Alcázar. Sánchez transmitió a la familia Zapatero su "empatía y solidaridad" y explicó que ha hablado con el expresidente durante estos días y que confía en su inocencia.

En Sumar consideran que el hecho de que Sánchez apoye la reforma del estatuto de expresidentes y la ley de lobbies ayudaría a capear el temporal y haría que dejara de estar encorsetado en lo que se está interpretando como un apoyo completamente cerrado al expresidente. Aunque el espacio plurinacional asegura que el PSOE aún no le ha transmitido nada al respecto, fuentes socialistas dicen que no ven con malos ojos que el presidente pudiera dar ese paso el miércoles.

En cualquier caso, Sumar no olvida que su comparecencia no debe limitarse a la figura de Zapatero. También debe ofrecer "explicaciones claras" sobre el caso Leire, en el que se investiga la existencia de unas cloacas lideradas por Santos Cerdán con el objetivo de maniobrar contra investigaciones policiales que afectasen al PSOE, el Gobierno y el entorno del propio Pedro Sánchez.

Hay voces en el grupo plurinacional que consideran esto incluso más grave que los negocios del expresidente del Gobierno. "Lo de Zapatero puede arreglarse políticamente con la reforma del estatuto, una posible guerra sucia, no", asegura una de ellas.

La propuesta de reforma del estatuto que regula las actividades de los expresidentes que presentó Sumar a principios de junio busca endurecer los requisitos que deben cumplir para trabajar en el sector privado si así lo desean una vez salen de la Moncloa. La iniciativa propone cambios en varios puntos de dos leyes orgánicas, un real decreto ley y una ley ordinaria sobre la actividad de los antiguos jefes del Ejecutivo y que dichas modificaciones tengan un "carácter retroactivo", es decir, que afectarían a Felipe González, José María Aznar, el propio Zapatero y Mariano Rajoy (tanto Adolfo Suárez como Leopoldo Calvo-Sotelo ya han fallecido).Entre las novedades que plantea se encuentran la ampliación de 2 a 10 años la limitación para prestar servicios en empresas de sectores estratégicos para el Ejecutivo; la exigencia de "dedicación exclusiva" a los expresidentes que se incorporen al Consejo de Estado como miembros natos, que tienen un sueldo de hasta 130.000 euros; o la suspensión "inmediata y definitiva" de "los medios materiales, de gabinete y pensiones indemnizatorias si se opta por una actividad privada lucrativa".