Hollywood siempre nos ha vendido una versión romantizada de la revolución. Entre música épica y discursos apasionados celebramos cuando derrocan al tirano, olvidando que la historia continuó después de los créditos.

Luego de la Revolución Francesa, Robespierre y los jacobinos justificaron la ejecución de miles de personas como una “virtud” necesaria para proteger la república. Después de la caída del zar, Lenin disolvió por la fuerza la Asamblea Constituyente cuando los bolcheviques perdieron las elecciones y posteriormente reprimió a quienes protestaban en Petrogrado.

La Revolución China produjo millones de muertes por hambre; la Revolución Iraní eliminó a buena parte de sus antiguos aliados; y el régimen de Pol Pot provocó la muerte de una cuarta parte de la población de Camboya. Es un error confundir la voluntad popular con la tiranía de la turba.

Cuando el disenso se convierte en traición, las instituciones son sustituidas por la coerción y el adversario termina siendo el propio vecino. Si queremos madurar como país, nuestro debate debe estar guiado por un consenso constructivo y prudente, no por un radicalismo pasional y destructivo.

En Panamá, ese debate se refleja claramente en la discusión sobre la reapertura de la mina. Fue legítimo protestar en 2023 contra un gobierno que no rindió cuentas y contra un contrato que no superó la prueba institucional.

No obstante, esas protestas también fueron aprovechadas por actores políticos que utilizaron el conflicto como una plataforma de movilización sin ofrecer soluciones viables para el día después. Las consecuencias económicas han sido significativas.

Según datos citados por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), desde el cese de operaciones el país ha dejado de percibir cientos de millones de balboas en ingresos fiscales y aportes a la Caja de Seguro Social, asimismo de registrar una fuerte caída en la actividad económica asociada a proveedores y empleos indirectos. Detrás de esas cifras hay familias, pequeñas empresas y comunidades enteras que siguen esperando respuestas.

La Corte Suprema de Justicia resolvió una parte fundamental del problema al declarar inconstitucional el contrato. No obstante, conviene recordar una distinción relevante: la decisión judicial se refirió al contrato, no a la actividad minera en sí misma.

La discusión pendiente no debería reducirse a un “sí” o “no” absoluto, sino a cómo construir un marco jurídico e institucional que garantice transparencia, fiscalización, beneficios para el país y cumplimiento estricto de la ley. Quienes afirman que los beneficios no llegaron adecuadamente a las comunidades tienen razón.

Quienes exigen mayores controles ambientales también la tienen. Pero reconocer esos problemas no obliga a la parálisis; obliga a resolverlos.

El desafío consiste en diseñar reglas que permitan aprovechar los recursos nacionales sin repetir errores del pasado y garantizando que los beneficios lleguen efectivamente a las poblaciones impactadas. El radicalismo que solo sabe destruir no es una postura valiente ni una herramienta eficaz de cambio; es una garantía de retroceso.

Las transformaciones duraderas se construyen fortaleciendo instituciones, respetando reglas y creando consensos. La pregunta que debemos hacernos como nación no es si queremos cambios, sino si tenemos la madurez necesaria para construirlos en lugar de limitarnos a exigirlos.

El autor es economista.