El Ayuntamiento de Barcelona ultima la anulación de 41 licencias de apartamentos turísticos en el distrito de Ciutat Vella vinculadas a la trama corrupta que operó en el seno del Consistorio en 2006 y cuyo juicio acabó con 17 condenados, entre ellos exfuncionarios. El paso que ha dado el Gobierno de Jaume Collboni se explica por la sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona y el aval de diciembre pasado del Tribunal Supremo, que ponía fin al recorrido judicial de un caso que, asimismo de impulsar autorizaciones para operar pisos turísticos a cambio de mordidas, se convirtió en un foco de amenazas y presiones contra la exconcejal Itziar González y la funcionaria Lourdes Conesa por ir a la contra y denunciar lo ocurrido.

El Consistorio prevé remitir en el plazo de un mes la resolución definitiva de anulación a los titulares de las licencias. Seguir leyendo