SANTA FE.— “Es un mensaje claro en contra de la corrupción. Es un mensaje claro de que se puede avanzar con obra pública y con contrataciones desde el Estado con transparencia”, indicó la diputada Lionella Cattalini luego de la sanción de Ficha Limpia para contratar con el Estado de la provincia de Santa Fe .

La Cámara de Diputados, que había aprobado el proyecto en primera instancia, aceptó los cambios propuestos y votados por el Senado y en la última sesión convirtió en ley la iniciativa. "El Senado le dio una forma distinta que, me parece, es saludable, modificó fundamentalmente que se requiere condena para los delitos que no están vinculados a la corrupción y agregó una modificación a la Ley de obra pública que me pareció razonable", indicó la socialista al explicar los cambios.

Son cuatro artículos -tres casi de forma- que contiene la nueva norma que se incorpora al plexo legal santafesino. La clave es el artículo 1° que dispone que en toda contratación que se sustancie en el marco de la Ley 5188 de Obra Pública, de la Ley 12510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, y cualquier otro régimen normativo provincial, deberá exigir del sector privado la acreditación de no tener antecedentes penales relacionados con seis tipos de delitos.

La exigencia de Ficha Limpia abarcará a las personas humanas, a los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de las personas jurídicas y a los representantes legales de las uniones transitorias de empresas, como así también a los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de cada una de las sociedades que la componen y que participen en procedimientos de selección de ofertas. El objetivo de Ficha Limpia es subir la vara ética de la contratación pública, acotó la legisladora.

En la práctica, significa que quien tenga antecedentes firmes por cualquiera de esos delitos no puede hacer negocios con el Estado santafesino. Los vedados serán quienes tengan probados delitos contra la Administración Pública y fraudes.

La norma busca erradicar los retornos, los sobreprecios y empresas fantasma ligadas a funcionarios. Si un empresario pagó coimas (cohecho), participó del desvío de fondos (malversación), se favoreció con contratos incompatibles, o cometió estafas en perjuicio del Estado, queda inmediatamente fuera del registro de proveedores.

También se marcan artículos para impedir participar a contratistas o firmas que funcionen como pantallas para el lavado de activos (blanqueo de dinero del narcotráfico o el contrabando) o que financien estructuras criminales. Al exigir Ficha Limpia en este rubro, se busca evitar que el dinero público termine engrosando circuitos financieros ilegales.

Asimismo pone la lupa sobre la responsabilidad penal empresaria y crímenes de sangre como homicidios y lesiones seguidas de muerte; homicidio simple o agravado. En otro orden se veta a contratar a personas vinculadas con el abuso sexual, el grooming, el secuestro o la trata de personas (tanto para explotación sexual como laboral), incluyendo la explotación laboral infantil.

Otra veda es a quienes participen en delitos desde la supresión de identidad o tráfico de menores hasta delitos contra el orden constitucional como sedición o rebelión. "La transparencia no puede ser un discurso, necesitamos reglas concretas para cuidar los recursos de todos los santafesinos.

Sancionamos esta ley para impedir que personas, empresas o mutuales involucradas en hechos de corrupción puedan contratar con el Estado", marcó la socialista. "Estoy muy contenta.

Santa Fe da un mensaje de transparencia y en contra de la corrupción. Mientras a nivel nacional vuelven a ocupar la agenda pública causas como la de los Cuadernos, que expuso cómo empresarios y funcionarios públicos se enriquecieron a partir de la obra pública, en nuestra provincia estamos fortaleciendo los controles para evitar que quienes estuvieron involucrados en hechos de corrupción puedan hacer negocios con el Estado", remarcó Cattalini.

"Nosotros creemos en la obra pública porque transforma la vida de la gente, genera desarrollo y crea oportunidades. Pero también creemos que debe ejecutarse con reglas claras, controles efectivos y absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos", aseveró.

La ley establece que, antes de cada adjudicación, deberán verificarse los antecedentes de las personas o empresas oferentes, así como de sus representantes legales, integrantes de órganos de administración y demás personas vinculadas a las contrataciones. También habilita mecanismos de intercambio de información con otras jurisdicciones para fortalecer los procesos de control y fiscalización.

Cattalini valoró asimismo el amplio consenso alcanzado durante el tratamiento legislativo. "Que esta ley haya sido aprobada por unanimidad demuestra que hay temas que deben trascender las diferencias partidarias.

La transparencia y la lucha contra la corrupción tienen que ser políticas de Estado", indicó. Antecedente político La Legislatura san