Por cometer diversos delitos ambientales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró obras que se realizaban en dos municipios del Estado de México, en los que se denunció que se realizaban operaciones que afectaban los ecosistemas forestales, asimismo del procesamiento de madera talada ilegalmente. De acuerdo con la Profepa, luego de las inspecciones en los lugares señalados en denuncias populares, se clausuraron dos predios en Jilotzingo, así como de un centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales Almoloya del Río, asimismo del aseguramiento precautorio de madera y maquinaria.

Luego de recibir una denuncia por presuntos delitos ambientales, personal de la Profepa inspeccionó un predio ubicado en un paraje conocido como “El Jazmín”, en la comunidad de Rancho Blanco. Se detectó que en una superficie de 15 hectáreas se llevaban a cabo obras, la zona estaba conformada por pastizal surgido a partir de la deforestación, así como árboles de encino; en la denuncia se advirtió sobre el presunto derribo de árboles, asimismo de realizar el cambio de uso de suelo para abrir un camino con el uso de maquinaria pesada.

Por esa situación, la Profepa impuso la clausura temporal total de las obras, en la que se colocaron sellos de clausura en el acceso principal. La otra inspección se llevó a cabo en un predio ubicado en la localidad de Santa María Mazatla, del mismo municipio, en donde se encontró que se realizaban trabajos para abrir una brecha, así como la construcción de un terraplén para edificar una vivienda.

Los trabajos se realizaban en una superficie de tres mil metros cuadrados, para realizarlos se removieron ejemplares de encino mediante el uso de maquinaria pesada. Mientras que el 10 de junio se llevó a cabo una inspección a un centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales ubicado Almoloya del Río.

No obstante, los responsables del establecimiento no acreditaron contar con la autorización correspondiente para operar dicho centro, tampoco fue posible que demostraran que la madera fue talada legalmente. Por dichas irregularidades, se estableció la clausura total temporal del centro de almacenamiento y transformación denominado “Daniel Martínez Alvarado”, también se afirmó madera en rollo, madera en escuadría y diversa maquinaria utilizada en las actividades del establecimiento, la cual quedó bajo depósito en las instalaciones del propio aserradero.