La derogación de una resolución que desde hacía años era cuestionada por la industria semillera fue celebrada por el sector, que consideró la decisión como un avance para fortalecer la protección de la innovación biotecnológica y generar mejores condiciones para las inversiones en investigación y desarrollo.La reacción llegó luego de que el Gobierno dejara sin efecto la resolución 283/2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), una normativa que, según la visión oficial y de las empresas vinculadas al desarrollo tecnológico, imponía criterios que restringían la patentabilidad de determinados avances biotecnológicos.“Emprendimiento único”: un cultivo impensado hasta hace poco por sus características apunta a ser un éxito en una provinciaDesde la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), una de las entidades que venía impulsando cambios en este tema desde hace años, destacaron el anuncio oficial. Para Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la entidad, la derogación corrige una situación que limitaba el desarrollo y la llegada de nuevas tecnologías al país. “La derogación de la resolución 283/15 del INPI fortalece la protección de los eventos biotecnológicos.

Era una norma restrictiva sin sentido técnico”, aseveró.Según explicó, el reclamo no era nuevo. De acuerdo con Paseyro, ASA trabajó durante más de una década para lograr la eliminación de esa regulación. “Desde ASA hace casi once años que veníamos trabajando para corregir y eliminar la resolución para volver al espíritu de la ley”, indicó.Desde el sector consideraron que la protección de la propiedad intelectual es uno de los factores centrales para impulsar inversiones en mejoramiento genético, biotecnología e investigación aplicada al agro.

En ese sentido, Paseyro remarcó que las restricciones existentes terminaban afectando la llegada de innovaciones al mercado. “La limitación a los derechos de propiedad intelectual restringe el lanzamiento de nuevas tecnologías, resta previsibilidad a las inversiones y por último reduce la competitividad del agro argentino”, indicó.Para la entidad, una mayor protección de los desarrollos tecnológicos genera incentivos para que empresas y centros de investigación continúen invirtiendo en la generación de nuevas herramientas para la producción agrícola. “Esta resolución [por la conocida hoy] mejora los entornos de inversión”, resumió el directivo.Paseyro también buscó aclarar uno de los puntos que más dudas generó luego de el anuncio oficial. Según explicó, la medida no modifica la imposibilidad de patentar plantas o variedades vegetales, algo que continúa contemplado en la legislación vigente. “Mejora las patentes de los desarrollos biotecnológicos, que no son patentes de plantas o variedades”, precisó.La discusión sobre la protección de la innovación no es nueva dentro del agro argentino.

Durante años, empresas semilleras y entidades vinculadas a la investigación reclamaron cambios regulatorios para generar mayores incentivos a la inversión en genética y biotecnología. El debate se intensificó especialmente en cultivos autógamos como la soja, donde distintos actores de la cadena vienen planteando la necesidad de actualizar los mecanismos de reconocimiento de la propiedad intelectual.En ese contexto, el Gobierno publicó este jueves la resolución 197 del INPI, mediante la cual derogó la resolución 283/2015.

Según se indicó oficialmente, la norma eliminada había incorporado criterios que restringían la patentabilidad de determinados desarrollos biotecnológicos y que no surgían de la legislación de patentes.El Gobierno flexibilizó las reglas para patentes en biotecnología agrícolaAl anunciar la medida, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, remarcó que la derogación permite volver a estándares internacionales en materia de propiedad intelectual y facilita el acceso a tecnologías que pueden contribuir a mejorar la productividad agropecuaria.En los fundamentos de la resolución, el INPI indicó que la normativa de 2015 había introducido requisitos adicionales para evaluar solicitudes vinculadas con materia viva y desarrollos biotecnológicos, generando interpretaciones restrictivas que, según el organismo, no se encontraban previstas en la ley.