Esta mañana, un tranversal grupo de parlamentarios, desde la UDI hasta el Frente Amplio, presentó una proyecto de reforma para elevar requisitos para ingresar una acusación constitucional (AC). Esto, justo ad portas de que se vote la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, que impulsaron republicanos y libertarios.Los principales elementos de la iniciativa -que dieron a conocer los legisladores este viernes- tienen que ver con elevar de 10 a 20 firmas para ingresar un libelo, asimismo de que, en caso de que el acusado sea un ministro de Estado, se requiera una interpelación previa.Dentro de los firmantes, no hubo nadie del Partido Republicano.

El tema generó inmediata incomodidad en esa colectividad e, incluso, molestia entre algunos, ya que consideran que el anuncio de la reforma se hizo en un mal momento debido a que está en curso el libelo contra Grau. De todas formas, plantearon que están dispuestos a respaldar la iniciativa. “Me parecen adecuados los cambios propuestos, los vamos a apoyar”, remarcó a este medio el presidente del partido, el senador Arturo Squella.

El senador fue un paso más allá. Squella agregó que, “en la misma línea de buscar estabilidad”, se podría “acordar también devolverle el quórum a la Constitución que transitoriamente se bajó hace algunos años.

Ese sería el mejor aporte a las instituciones del país. Hacemos un llamado a todos los sectores políticos a que nos hagamos cargo de eso también en esta misma reforma".

De esta forma, el senador -leen algunos en el partido- le envía una señal de vuelta a sus socios del sector, en un contexto en que se han visto envueltos en varias disputas en las cuales se reactivó la pelea por “la derechita cobarde”, que es la forma en que republicanos ha tildado a Chile Vamos. En 2022, el Congreso aprobó un proyecto de reforma constitucional que redujo el quórum a 4/7 para poder hacer reformas a la Carta Magna.

Se trató de una iniciativa de los entonces senadores DC. Entre ellos, la actual ministra de Energía del gobierno del Presidente José Antonio Kast, Ximena Rincón.

En esa ocasión, republicanos rechazó. Esa reforma, a la que se resistió por harto tiempo una buena parte de la derecha, terminó con los quórum supra mayoritarios de 2/3 y 3/5 para cambiar la Carta Fundamental.

Por lo tanto, el planteamiento del líder de republicanos es leído como un guiño al electorado más duro de la derecha. El senador Squella, dicen en el oficialismo, fue convocado para adherir al proyecto transversal para modificar la AC.

No obstante, prefirió mantenerse al margen. Según ha transmitido a su entorno, optó por ese camino para evitar abrir el fuego con los diputados de su partido, quienes se esfuerzan por intentar cuadrar al oficialismo detrás del libelo contra Nicolás Grau (Frente Amplio).

Aunque dio luz verde, el timonel de los republicanos advirtió que no está de acuerdo con la exigencia de la interpelación previa. “Tácitamente, se estaría apoyando la idea que no se pueda hacer valer la responsabilidad política de ministros que dejaron el cargo. Ese es un debate totalmente distinto, que a priori no me convence”, adelantó.

En línea con Squella, el jefe de la bancada de diputados de la colectividad, Benjamín Moreno, remarcó que “es una buena idea subir requisitos para la AC. Desde el P.

Republicano siempre hemos impulsado un uso responsable, donde se justifica en la gravedad de los hechos acusados. Por eso creemos que el aumentar los requisitos va en línea con lo gravosa que es la herramienta”.

Moreno añadió: “Sería una buena oportunidad para subir el quórum de la Constitución, pensando en que eso le da más estabilidad al país”. No todos en el partido, no obstante, reaccionaron de la misma forma.

El diputado Agustín Romero remarcó: “Es curioso que el mismo grupito transversal que se puso de acuerdo para abrir un segundo proceso constitucional después del Rechazo ciudadano hoy se pone de acuerdo para dificultar las AC. Como que siempre encuentran consenso cuando se trata de limitar el control político o corregir lo que la ciudadanía decidió”. “La AC no existe para proteger a los gobiernos.

Existe para proteger a los ciudadanos frente a los gobiernos. Si una AC es mala, que se rechace.

Pero limitar las facultades fiscalizadoras del Congreso nunca puede ser la respuesta”, agregó Romero. Por su parte, la diputada republicana Javiera Rodríguez planteó: “Es increíble el descaro de la oposición.

Usaron sin vergüenza las acusaciones constitucionales durante el gobierno de Piñera y hoy quieren acomodarlas para salvar a los suyos. Defienden lo indefendible, y nos quieren hacer creer que son los paladines de la democracia”.

Donde tampoco cayó bien la iniciativa fue en el Partido Nacional Libertario. La diputada Gloria Naveillán planteó que “no es el momento adecuado (para la propuesta).

Estamos en pleno desarrollo de una AC. Estar planteando ahora el hacer cambios a la forma en que arman...

Podrían haber esperado a que terminara el proceso actual y de ahí hablar de cambios. No es el momento”. “Después de años de abuso, de falta de responsabilidad y conducción irresponsable del país, la respuesta de la clase política es hacer más difícil cobrar las responsabilidades.

Los chilenos van a tener que empezar a elegir si quieren seguir con esta clase política o si necesitan una renovación completa de quienes nos dirigen”, complementó el diputado Pier Karlezi. En contraste, el también libertario Álvaro Jofré aseveró: “No me cierro a estudiar cualquier proyecto en su mérito.

Nosotros incluso vamos a ingresar un proyecto de reforma constitucional que busca ampliar esta facultad de acusación al fiscal nacional y a fiscales regionales". “Es importante que cualquier proyecto de modificación a la facultad de acusar constitucionalmente no aumente en la ciudadanía la sensación de impunidad a quienes fallan garrafalmente en su deber de servir al Estado, dejando estos temas en acuerdos políticos que se solucionan entre cuatro paredes sin sanción alguna. Eso no lo vamos a permitir”, agregó.