SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.— Por Rodrigo Morabito Hay frases que repetimos casi sin pensar. “La justicia decidió”; “la justicia no hizo nada”; “la justicia llegó tarde”. Las decimos en una conversación, las escuchamos en la televisión, las leemos en redes sociales.

Pero pocas veces nos detenemos a pensar qué estamos diciendo realmente cuando usamos esa expresión. Porque la verdad es que “la justicia”, así, en singular, no es una sola cosa.

No es una persona, ni una oficina, ni una voluntad única. Es un sistema complejo, integrado por distintos actores que cumplen funciones diferentes, que tienen responsabilidades propias y que, muchas veces, incluso sostienen posiciones contrapuestas dentro de un mismo caso.

En el ámbito penal (donde se discuten los conflictos más graves, donde están en juego la libertad, la dignidad y los derechos de las personas) esa diferencia no es un detalle técnico; es esencial para entender cómo funciona el sistema. Un juez no es lo mismo que un fiscal.

Y un fiscal no es lo mismo que un defensor. El juez está llamado a ser imparcial.

No investiga, no acusa, no defiende. Escucha, analiza y decide.

Su tarea es garantizar que el proceso sea justo y resolver conforme a la ley. Es, en definitiva, quien tiene la última palabra.

El fiscal, en cambio, es quien impulsa la investigación. Es quien acusa cuando considera que hay pruebas suficientes.

Pero su función no es “ganar” a cualquier precio. Tiene el deber de actuar con objetividad, incluso cuando eso implique reconocer que no hay elementos para sostener una acusación.

El defensor cumple otro rol, igual de importante; garantizar que la persona imputada tenga una defensa real y efectiva. Controla que no haya abusos, cuestiona las pruebas, plantea dudas.

Porque en un Estado de derecho, nadie puede ser condenado sin que se demuestre su responsabilidad. Entonces, ¿podemos seguir diciendo “la justicia” como si todos hicieran lo mismo?

¿Como si todos pensaran igual? ¿Como si todos fueran responsables de cada decisión?

Cuando no distinguimos, pasa algo peligroso; se diluyen las responsabilidades. Si todo es “la justicia”, entonces nada es de nadie.

Se pierde de vista quién investigó, quién decidió, quién defendió. Y en esa confusión, también se empobrece el debate público.

No se trata de un capricho técnico ni de una discusión de especialistas. Se trata de hablar con claridad.

De entender que el sistema funciona justamente porque hay roles distintos, porque hay tensión entre acusar y defender, porque hay alguien que decide desde la imparcialidad. Decir “la justicia” no está mal.

Es una forma de hablar instalada, cotidiana, incluso necesaria en algunos contextos. Pero cuando queremos comprender de verdad lo que pasó (y, sobre todo, cuando queremos exigir responsabilidades) es mejor ser precisos.

Porque no es lo mismo que un juez haya decidido, a que un fiscal haya acusado, o a que un defensor haya cuestionado una prueba. Y porque, al final del día, las palabras que usamos también construyen la forma en que entendemos la realidad.

Y entender bien es el primer paso para exigir mejor.