Poco más de dos semanas después de la fuga de 195 reclusos de La Joyita, ocurrida el pasado 1 de junio, el presidente de la República se pronunció -finalmente- sobre una de las crisis penitenciarias más graves de los últimos años. Era necesario que lo hiciera.

La magnitud del hecho, sus consecuencias para la seguridad pública y la incertidumbre que generó entre los ciudadanos exigían una explicación directa de quien encabeza el Gobierno. No obstante, las respuestas ofrecidas dejan abiertas preguntas muy importantes.

Más allá de la decisión de no destituir funcionarios mientras avanzan las investigaciones, el país sigue sin conocer con claridad qué falló para permitir una evasión de semejante magnitud. Y al parecer nadie asumirá la responsabilidad política del hecho.

También persisten dudas sobre las medidas adoptadas posteriormente, en particular el traslado de reclusos a Coiba. Una crisis puede exigir decisiones excepcionales, pero no debería justificar atajos institucionales.

La seguridad ciudadana es una prioridad. Precisamente por eso debe gestionarse con transparencia, legalidad y respeto a las normas que el propio mandatario juró defender el 1 de julio de 2024.