La investigación Taladores Digitales identificó una campaña dirigida a influir en la opinión pública a favor de la mina Cobre Panamá, mediante el hostigamiento a quienes cuestionan su reapertura, la desinformación y casi $60 mil en publicidad pagada en Meta para simular un consenso y respaldo popular. Esa ofensiva se tradujo en más de 500 casos de ataques directos en redes sociales contra ambientalistas, periodistas, abogados, políticos y organizaciones que cuestionan la reactivación del proyecto minero Cobre Panamá por razones legales, ambientales e institucionales.

La acción no fue espontánea: más de 100 cuentas amplifican estos contenidos al mismo tiempo, en los mismos momentos y contra las mismas personas, organizaciones y medios. Los ataques directos (acusaciones sin pruebas, calumnias y filtración de datos personales) provinieron de tres grupos: La mecánica de la narrativa prominera siempre se activa ante una noticia incómoda para quienes promueven la reapertura, como la publicación de esta investigación o la encuesta de La Estrella, o a través de una campaña de desprestigio dirigida, como sucedió con aquella emprendida contra el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) y la abogada Martita Cornejo.

La reacción siempre es unificada y en cadena: los perfiles anónimos, las páginas que simulan ser medios y las cuentas de personas con vínculos con la empresa, como sus empleados, difunden contenidos idénticos de una manera que hace pensar que actúan coordinadamente. A ese círculo también se suman medios que publican acusaciones sin contrastar las evidencias, así como creadores de contenido e influencers.

El análisis muestra un patrón de sintonía entre actores aparentemente distintos, que comparten las mismas narrativas y concentran su atención en las mismas personas y organizaciones para mantenerlas en circulación durante más tiempo. Esta maquinaria funciona con dinero destinado a publicidad en redes sociales y distintos tipos de compensación para personas que ayudan a amplificar determinados mensajes.

Taladores Digitales rastreó los anuncios publicados en Meta (Facebook e Instagram) relacionados con la minería entre 2023 y 2026. El análisis identificó 462 anuncios, de los cuales 351 (el 76%) promovían la reapertura de la mina o desacreditaban a quienes se oponen al proyecto.

Apenas 14 anuncios —todos ellos pautados en 2023 y a principios de 2024 por Mark Harrick Atie— correspondían a narrativas antimina. Gran parte de ese gasto se concentró en solo seis páginas administradas por una misma estructura: una agencia de marketing digital con sede en México.

El dinero también aparece en otros frentes: la compra de cuentas antiguas para integrarlas a la campaña, pagos a influencers y otros actores para hablar bien de la reactivación de la mina y mal de “la gente que está en contra de todo”, así como empleados contratados por la empresa. Cuando una red de cuentas anónimas, coordinadas y financiadas para amplificar narrativas a favor de la reapertura ataca a defensores ambientales, periodistas y abogados, fragmenta la realidad compartida.

Los panameños reciben narrativas incompatibles sobre los hechos, lo que hace imposible alcanzar un consenso democrático. “El daño que le hacen a la democracia es enorme”, expresó Lina Vega, del capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI). En 2023, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley que extendía la concesión minera, señalando que cualquier reactivación requiere participación ciudadana.

Panamá, asimismo, ratificó el Acuerdo de Escazú en 2020, que obliga al Estado a proteger a quienes defienden el territorio, sancionar los ataques en su contra y garantizar el acceso a la información. Pero, si la conversación pública está contaminada por cuentas falsas, ataques a las voces públicas y publicidad encubierta, no hay participación, ni debate, ni democracia.

Un ataque directo no es una opinión incómoda, ni siquiera si es agresiva: es una acusación falsa, una campaña orquestada o la intromisión en la intimidad de una persona para desacreditarla como mecanismo de linchamiento digital. Algunos ejemplos son los videos en los que se presenta, sin pruebas, a defensores ambientales, figuras públicas y periodistas que investigan como “actores pagos” desde “el extranjero”, “hambrientalistas”, “comunistas”, “extorsionadores”, “agentes del chavismo” y otros calificativos similares, con el propósito de deslegitimar su acción pública.

En los casos de desinformación, se presentan como hechos afirmaciones sin sustento, muchas veces en videos que imitan la identidad visual de medios locales e internacionales, algunos de los cuales ni siquiera existen. Taladores Digitales es una investigación periodística colaborativa y transfronteriza dirigida por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en alianza con siete medios de la región, entre ellos La Prensa y la revista Concolón en Panamá.

La investigación buscó revelar los intereses políticos y económicos detrás de los ataques digitales dirigidos a activistas ambientales en seis países latinoamericanos.