El gobierno ingresó esta semana una indicación sustitutiva al proyecto de sala cuna universal y fue a presentar la iniciativa a los senadores de la comisión de Educación.La fórmula de financiamiento que propone el gobierno considera la creación de un Fondo de Sala Cuna, que es financiado por una cotización de cargo del empleador de 0,35%, que al mismo tiempo será compensado con una reducción de la cotización que el empleador destina al Seguro de Cesantía (SC).Eso significa que a futuro, en caso de aprobarse este proyecto de ley, habrá una reducción de 0,2% de la tasa de cotización de cargo del empleador destinada a las cuentas individuales de cesantía (CIC), y una baja de 0,15% en la tasa de cotización que hoy va al Fondo de Cesantía Solidario (FCS).Cuando se conoció esta iniciativa, una de las mayores dudas de los expertos se centró en la sostenibilidad futura del Seguro de Cesantía. Pero este miércoles el gobierno hizo circular entre los senadores un estudio realizado por la Superintendencia de Pensiones, que analiza el impacto de disminuir la tasa de cotización de cargo del empleador en la CIC y el FCS en la magnitud que propone el proyecto de ley en cuestión, que concluye que esta medida “no compromete la sustentabilidad de largo plazo del FCS”.Esto, pese a que proyectó que hacia diciembre de 2035 el patrimonio de FCS alcanzaría $4.944.953 millones, esto es un 23,3% inferior que el patrimonio estimado en el escenario base (sin proyecto).El estudio también levantó algunas interrogantes entre los expertos.

Una de ellas, radica en que hace dos años, cuando se estaban analizando fórmulas para financiar la reforma previsional, el gobierno anterior pidió a la Superintendencia de Pensiones hacer un análisis sobre la factibilidad de reducir la cotización al Seguro de Cesantía.El informe que hizo el regulador en esa oportunidad (octubre 2024), y que circuló entre algunos parlamentarios en ese momento, analizó el impacto de reducir en 0,5 pp la cotización que el empleador aporta a la CIC. Y concluyó que en conjunto con el seguro de lagunas que ya incorporaba en ese momento la reforma, el Seguro de Cesantía “no cuenta con las holguras necesarias para introducir una reducción en la tasa de cotización CIC financiada por el empleador”.

Asimismo, aseguraba que “el patrimonio FCS presenta un desaceleramiento importante en su patrón de crecimiento al introducir la reforma al seguro de lagunas, que se exacerba al incluir una rebaja permanente a la cotización CIC, no logrando retomar niveles prepandemia en el horizonte de proyección que finaliza en diciembre 2033″. Ahí se calculaba una baja de 5,8% del FCS respecto del escenario sin reducción de la cotización CIC hacia el final del horizonte de proyección (diciembre 2033).Eso sí, hay que considerar que la proyección que hizo ahora la Superintendencia considera una cotización menor, distribuida de manera distinta; y asimismo parte desde un escenario en que el Seguro de Cesantía acumula fondos más altos versus hace dos años, entre otras diferencias.

La próxima semana la Superintendencia de Pensiones debería ir a la comisión de Educación del Senado para presentar este asunto más en profundidad. De todas maneras, los expertos, al igual como sucedió en el marco de la tramitación de la reforma previsional, ahora piden que la Superintendencia dé acceso a los datos del Seguro de Cesantía para hacer sus propios análisis.

El economista y director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, cree que “en los análisis de esta naturaleza se requiere avanzar significativamente en transparencia y replicabilidad, como lo argumentamos desde distintos centros de estudio en relación con los análisis y cálculos relativos a la reciente reforma de pensiones”. En ese sentido, Bravo sostiene que “se requiere que las mismas bases de datos que utiliza la Superintendencia de Pensiones para estos análisis estén disponibles de manera innominada públicamente, o bien sean accesibles frente a peticiones específicas, con lo que se podría permitir que sus análisis sean replicables y, eventualmente, contrastados con otros realizados por otras instituciones”.La economista y directora de Evidencia de Pivotes, Soledad Hormazábal, también afirma que “sería bueno que se pusiera el modelo, datos y supuestos a disposición del público”.

A lo mismo apunta la economista y directora del centro de estudios financieros del ESE Business School de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes: “En la reforma previsional finalmente la Superintendencia de Pensiones entregó datos, y eso fue clave para el acuerdo”, indica.Cifuentes asegura que “según se puede ver en los datos, el comportamiento de los cotizantes ha cambiado después de la pandemia, y el seguro se está usando más que antes. Por eso es bien relevante que el estudio actuarial esté bien hecho, y que a la estimación que hace la Superintendencia se agregue alguna otra estimación independiente, para dar mas tranquilidad en este tema”.

A partir del estudio preliminar de la Superintendencia, la directora ejecutiva de Horizontal, María José Abud, considera que “es un hecho que los fondos acumulados van a disminuir, pero queda claro que las prestaciones del seguro no se verán afectadas. En todo caso, es importante disponibilizar los datos y que ojalá sean públicos para hacer distintos análisis y que se aclaren todas las dudas”.También la economista Andrea Repetto también se refirió a estos cálculos.

En entrevista con Radio Duna, la directora de la Escuela de Gobierno UC valoró que se avance en este proyecto, pero estimó que la Superintendencia de Pensiones podría considerar otro factor en su análisis, esto es, “el aporte de los salarios puede que crezca más lento y puede incluso que no crezca”. En cuanto a la reducción de la cotización que va destinada al FCS, Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), manifiesta que “en el pasado los estudios mostraban que había espacio para reducir la cotización sin afectar la sustentabilidad a largo plazo”.

Reconoce que “era importante que la Superintendencia de Pensiones pusiera a disposición del público el nuevo estudio, pues también es clave determinar hasta qué punto una rebaja en la cotización que va al Fondo permite que siga siendo sustentable, considerando asimismo el nuevo escenario en donde ha habido reformas en este componente de la seguridad social asociado a la reforma previsional”. Bravo agrega que “demostrar su sustentabilidad era clave, puesto que en caso de que no lo fuera, sería el Estado quien deberá cubrir las obligaciones, afectando el gasto fiscal y poniendo aún más presión a la situación fiscal.

Con todo, es necesario considerar que existe un elemento que contrarresta parcialmente la merma. Si se concreta la reforma a la actual regulación de sala cuna, habrá un aumento del empleo femenino y del crecimiento económico.

Esto implica que habrá un aumento del empleo que paga cotizaciones para el Seguro de Cesantía y, por ende, un flujo adicional de cotizaciones que van a ir al FCS en comparación al escenario base”. El debate en el SenadoLa presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, este jueves relevó ante los senadores de la comisión de Educación los efectos positivos que ve el empresariado en este proyecto de ley.

Entre otras cosas, expresó que “estamos convencidos de que esto favorece la inclusión laboral femenina”. Y agregó: “Valoramos que esto no aumente el costo de las empresas”.

Igualmente Jiménez hizo algunas observaciones al proyecto. “Este es un proyecto que supera con creces el objetivo original (...) En el momento en que esto se hace un beneficio universal, porque al cuarto año incluye incluso hijos de padres que trabajan y madres que no trabajan, deja de ser un proyecto acotado a la relación laboral, y por lo tanto, es menos evidente que esto debe ser financiado a través de un aporte del mercado del trabajo formal”, remarcó.José Ignacio Llodrá, subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (Dipres), acudió a la instancia para presentar el informe financiero del proyecto. Allí se señala que “para estimar los egresos del Fondo, se asume que la Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad propondrá un aporte mensual de sala cuna de 5,2 UTM en promedio (unos $372 mil)”.

Eso sí, esta es solo una estimación en base a supuestos.Asimismo, el mayor gasto fiscal del proyecto de ley fue estimado en $11.044 millones para el primer año, y en $6.176 millones en régimen.