En medio del viaje judicial que organizó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París, la oposición impulsó una reunión de comisión en Diputados con invitados para analizar cambios en la ley de Inocencia Fiscal. La polémica por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confesó haber evadido u$s 500.000 luego de adherirse al régimen, atravesó la conversación en el plenario.El plenario del GAFI se desarrolla en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en París, un organismo que no tiene sede oficial sino que funciona como una “task force” que se reúne generalmente en ese edificio.

El encuentro inició el lunes y finalizará el viernes, cuando su presidenta ofrecerá una conferencia de prensa virtual.Mientras la delegación oficial defendía en París la política de Estado contra el lavado de activos, en la Cámara de Diputados se puso en marcha un frente paralelo vinculado al mismo escándalo que rodea a Adorni. La Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales, presidida por el diputado nacional pampeano Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria), inició este miércoles a estudiar modificaciones a la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal.Se trata del régimen al que se acogió tanto Adorni como su esposa, Bettina Angeletti, para regularizar su situación ante el fisco.

Desde la Casa Rosada difundieron la semana pasada que no había intención de adherirse al régimen simplificado de Ganancias para “blanquear dólares”, pero esa información no es verificable debido al secreto fiscal que mantiene ARCA ante estas situaciones y la oposición busca que los funcionarios y sus familiares queden fuera del sistema.GAFI, en el centro de la polémicaEl ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participó de la comitiva integrada por unas 18 personas e incluyó a los jueces federales Ariel Lijo y Sebastián Casanello; al embajador argentino en Francia, Ian Sielecki; Tomás Rodríguez Ponte, extitular de la Dajudeco -el organismo de la Corte Suprema que vela por la seguridad de las escuchas judiciales- y candidato a un juzgado federal vacante en Lomas de Zamora, junto con representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF).La inclusión de Lijo en la delegación generó repercusión política, dado que se trata del magistrado que investiga a Adorni por la presunta discrepancia entre sus ingresos declarados y el incremento patrimonial detectado en los últimos años. Durante el plenario en París, Mahiques mantuvo un encuentro bilateral con Giles Thomson, próximo presidente del GAFI para el período 2026-2028.

En esa reunión se abordaron los desafíos vinculados al fortalecimiento de los sistemas de prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, según difundieron fuentes a El Cronista. También se discutió la necesidad de una mayor coordinación entre los actores que integran los sistemas nacionales de integridad financiera.Las autoridades del organismo destacaron la participación de representantes del Poder Judicial en la delegación argentina y valoraron el aporte que pueden hacer jueces y funcionarios judiciales para reforzar la efectividad de los estándares internacionales frente a estas amenazas.

En ese marco, se intercambiaron opiniones sobre la importancia de promover espacios de articulación entre jueces, fiscales, unidades de inteligencia financiera, organismos supervisores y agencias de cumplimiento.El ministro de Justicia aseveró que la política impulsada por su cartera y el plan de trabajo que desarrolla la UIF se encuentran alineados con las prioridades identificadas para la próxima presidencia del GAFI. Reafirmó, en ese sentido, el compromiso de la Argentina con la profundización de la cooperación internacional y la articulación interinstitucional.La delegación argentina también se reunió con la presidenta saliente del organismo, Elisa de Anda Madrazo, quien felicitó al país por su compromiso sostenido con el GAFI y por los avances alcanzados desde la aprobación del Informe de Evaluación Mutua en 2024.

Argentina quedó, luego de esa evaluación, bajo un régimen de seguimiento intensificado que implica reportar anualmente sus avances, con un plazo de tres años para demostrar mejoras sustanciales.Inocencia Fiscal: límite a los funcionariosLa oposición aprovechó el timing para reimpulsar el debate por Inocencia Fiscal, ya que esta sostiene que el Gobierno de Javier Milei presentó originalmente esta ley como un incentivo para que los argentinos exterioricen fondos no declarados, pero que terminó funcionando como un mecanismo de opacidad para que la cúpula oficialista evitara dar explicaciones sobre sus incrementos patrimoniales.“Estamos supervisados por GAFI, logramos salir de la lista gris en el 2024 y estamos en las evaluaciones de confianza. Estas situaciones de dudas sobre si (la ley de Inocencia Fiscal) es un blanqueo o no puede llegar a despertar alguna alarma.

No sería agradable volver a ingresar a la lista”, consideró otro de los invitados en la comisión, el tributarista Juan Pablo Futten.Uno de los proyectos que se analiza es el presentado por el diputado nacional de Provincias Unidas, Esteban Paulón, que propone modificar el artículo 38 de la ley para excluir de manera taxativa del régimen de declaración jurada simplificada a funcionarios públicos y a sus familiares directos.La exclusión alcanzaría, entre otros cargos, al presidente y al vicepresidente, al jefe de Gabinete, a ministros, secretarios y subsecretarios, a legisladores nacionales y provinciales, concejales, intendentes, jueces, fiscales, magistrados, embajadores y militares de alta jerarquía. Para evitar maniobras de triangulación, el texto prohíbe también el beneficio a cónyuges, convivientes y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.El diputado Paulón remarcó que el régimen de Inocencia Fiscal “no puede convertirse en una vía para blanquear fondos obtenidos mediante la corrupción”.En la actualidad, la adhesión al régimen simplificado no exime a los funcionarios de otras investigaciones por enriquecimiento ilícito o lavado de activos, que continúan en manos de la Oficina Anticorrupción y de la Justicia federal.

La norma vigente establece como únicos límites el patrimonio, la facturación y la condición de Gran Contribuyente Nacional, sin contemplar excepciones para cargos públicos.La ofensiva opositora se replica también en el Senado, a través de una iniciativa de la senadora nacional Juliana Di Tullio (Unión por la Patria).Asimismo de Adorni, también se acogieron al Régimen Simplificado de Ganancias el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el exdiputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert; el cineasta libertario Santiago Oría, y el titular de ARCA, Andrés Vázquez, quien preside justamente el organismo encargado de regular y fiscalizar la aplicación del régimen.Nuevo proyecto de “Toto” CaputoMientras la oposición busca restringir el alcance de la ley para excluir a funcionarios públicos, el Poder Ejecutivo avanza en paralelo con una reforma de sentido inverso. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya remitió al Congreso un proyecto para modificar el Régimen Simplificado de Ganancias con el objetivo declarado de ampliar su alcance y otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que decidan exteriorizar dólares no declarados.La iniciativa surgió luego de una reunión que Caputo mantuvo a fines de mayo con representantes de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), quienes le transmitieron observaciones sobre debilidades detectadas en la redacción original de la norma, vigente desde febrero.El texto contempla, en primer lugar, eliminar los límites de ingresos y patrimonio que hoy restringen el acceso al RSG: el tope de facturación de 1.000 millones de pesos anuales y el de patrimonio de 10.000 millones de pesos anuales.

Según el proyecto, esto permitiría duplicar el universo de contribuyentes habilitados a adherir, que hasta mediados de junio rondaba los 80.000 según datos de ARCA.El segundo eje apunta a flexibilizar el mecanismo de rectificación de declaraciones juradas. En la actualidad, si la diferencia en el saldo a favor detectada por ARCA supera el 15%, el contribuyente pierde la presunción de exactitud y queda excluido del régimen, lo que habilita al organismo a revisar ejercicios fiscales anteriores.

Con el cambio propuesto, el contribuyente podrá corregir la declaración dentro de los quince días hábiles de notificada la discrepancia y, si paga la diferencia, mantendrá los beneficios del esquema, incluido el efecto liberatorio sobre los períodos 2022, 2023 y 2024.El proyecto incorpora, asimismo, que la carga de la prueba recaiga exclusivamente en ARCA, que solo podrá utilizar información de sus propios sistemas o suministrada por terceros para cuestionar una declaración, sin recurrir a otros indicios como el control de inventarios.