SANTA FE.— La Justicia de Brasil avanzó en la causa contra el argentino Eduardo Ignacio Murias, un arquitecto santiagueño de 63 años, al aceptar la denuncia presentada por el Ministerio Público por los delitos de injuria racial y racismo. La decisión judicial formalizó el inicio del proceso penal y agravó su situación procesal.

Murias permanece detenido desde el 25 de mayo en una unidad penitenciaria de São João del-Rei, en el estado de Minas Gerais, donde fue arrestado luego de un episodio ocurrido durante un viaje en el tradicional tren turístico Maria Fumaça. La acusación que enfrenta el argentino Según la denuncia aceptada por la Justicia brasileña, Murias fotografió en varias oportunidades a un niño brasileño de siete años que viajaba junto a su madre en el tren.

Posteriormente, habría compartido las imágenes a través de WhatsApp con contactos en Argentina. De acuerdo con la acusación, los mensajes enviados vinculaban al menor con la esclavitud mediante expresiones discriminatorias.

Entre las conversaciones incorporadas a la investigación figuran referencias al niño y a otras personas afrodescendientes con comentarios considerados ofensivos por las autoridades. La causa sostiene que las fotografías fueron tomadas sin autorización de la familia y utilizadas en un contexto que motivó la intervención de la Policía Civil de Minas Gerais.

Cómo se descubrió el hecho El episodio salió a la luz gracias a una pasajera que viajaba detrás del argentino durante el recorrido turístico. La mujer declaró que observó cómo Murias enviaba fotografías del niño acompañadas por mensajes y stickers con contenido discriminatorio.

Luego de advertir la situación, otros pasajeros alertaron a la madre del menor. Al revisar parte del contenido exhibido en el teléfono, la familia tomó conocimiento de los mensajes y llevó a cabo la denuncia correspondiente.

Poco después, agentes de la Policía Civil intervinieron y detuvieron al arquitecto en flagrancia por el delito de injuria racial. La decisión judicial Con la aceptación formal de la denuncia, la etapa preliminar de investigación quedó concluida y el expediente ingresó en la fase procesal.

El fiscal Felipe Guimarães Amantéa rechazó la posibilidad de un acuerdo de no persecución penal al considerar que la legislación y la jurisprudencia vigente en Brasil no contemplan ese beneficio en casos vinculados con racismo. La medida representa un endurecimiento de la situación judicial de Murias, quien ahora enfrenta un proceso que podría derivar en una condena superior a cuatro años de prisión.

En el sistema brasileño, una pena de esa magnitud puede implicar el cumplimiento bajo régimen cerrado. Por su parte, la defensa anticipó que cuestionará la calificación legal de los hechos.

Los abogados sostendrán que los mensajes fueron enviados en ámbitos privados y argumentarán que la imputación por dos delitos diferentes sobre una misma conducta constituiría una doble persecución penal. Asimismo, señalaron que la denuncia avanzó con rapidez para consolidar la situación procesal del acusado mientras continúan tramitándose recursos de habeas corpus ante instancias superiores.

La etapa de instrucción La causa ingresará ahora en la fase de instrucción judicial. Una vez que la defensa presente formalmente su respuesta a la acusación, el tribunal establecerá el cronograma de audiencias.

Durante esa instancia declararán la madre del niño, otros integrantes de la familia, la pasajera que detectó los mensajes y los especialistas encargados de analizar el contenido del teléfono secuestrado durante la investigación. También se prevé que el propio Murias brinde declaración antes de que la Justicia determine si corresponde avanzar hacia una condena o resolver el caso mediante otra decisión procesal.