El Gobierno vuelve a la carga con la reforma de la financiación autonómica. Transcurridos ya dos meses desde que Arcadi España asumió la cartera de Hacienda de María Jesús Montero, el ministerio ha empezado ahora a enviar cartas a los gobiernos autonómicos para concertar reuniones "de manera inmediata" e ir concretando fechas.

Las citas con los gobiernos regionales son el paso previo a la celebración de un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que el Hacienda buscará aprobar el nuevo modelo. Algo que no será difícil dado que solo necesitaría el voto afirmativo de Cataluña para conseguirlo.

Una vez superado el trámite del CPFF, la propuesta llegaría a Consejo de Ministros y, después, al Parlamento, donde el ministerio confía en conseguir el visto bueno de las Cortes antes de que acabe el año. Algo sumamente complicado, ya no solo porque el Ejecutivo no cuenta con una mayoría suficiente para sacarla adelante, sino por lo apurado de los plazos.

Más tratándose de un proyecto de ley orgánica.La ronda de encuentros la pilotará el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, uno de los cerebros detrás de la propuesta estrella de Montero para resolver el entuerto del reparto de recursos. Las reuniones serán presenciales o telemáticas, en función de la disponibilidad o lo que prefieran los gobiernos autonómicos.El planteamiento del ministerio pasa por tentar a las comunidades con 20.975 millones de euros más de financiación que el Estado sacaría de sus arcas para ponerlo a disposición de las autonomías para que todas ganen recursos.

No obstante, la reforma que presentó María Jesús Montero y que ahora defenderá Arcadi España también altera los mecanismos de reparto. La comunidad que más mejoraría su financiación por habitante ajustado sería Cataluña, que pasaría a recibir 507 euros más, seguida por Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

Asimismo, el bloque de las autonomías en la actualidad infrafinanciadas (Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Comunidad Valenciana) seguirían estando por debajo de la media. Asimismo, la propuesta del Gobierno introduce cambios sustantivos en la solidaridad interterritorial, uno de los puntos más polémicos del sistema.

Si la reforma prosperase, Cataluña reduciría su aportación a la solidaridad con el resto de autonomías un 64%, pasando de los 2.266 millones actuales a 810 millones. Mientras que la contribución de Madrid se mantendría en niveles muy similares a los actuales.

Habrá más información...