SANTA FE.— La comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación recibió este martes a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y entidades textiles para analizar la situación. El diagnóstico fue coincidente: la estabilización macroeconómica no alcanza para reactivar la producción manufacturera, mientras la apertura comercial, la caída del consumo, los costos en dólares y la falta de crédito profundizan el deterioro del sector. “Entre agosto de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 75.000 puestos de trabajo directos”, indicó María Laura Bermúdez, directora ejecutiva de la UIA. “No hablamos solamente de empleo directo.

También impacta en los servicios, los proveedores y en las localidades del interior donde la industria sostiene al resto de la economía”, aclaró. La representante de la UIA recordó que la industria representa cerca del 19% del valor agregado bruto y del empleo asalariado registrado, con alrededor de 1,2 millones de trabajadores directos.

Asimismo, que paga salarios un 20% superiores al promedio, aporta el 27% de la recaudación nacional de los sectores productivos, concentra el 57% de las exportaciones de bienes y explica el 54% de la inversión privada en investigación y desarrollo. No obstante, advirtió que esos números conviven con una producción en crisis. “Durante todo 2025 la producción se estancó en niveles históricamente bajos”, aseveró Bermúdez.

La actividad se encuentra aproximadamente un 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023. Al mismo tiempo que se realizaba la reunión, el INDEC comunicó que durante abril volvieron a registrarse retrocesos en la producción manufacturera. “Absorbemos los costos” La directora ejecutiva de la UIA remarcó que el sector manufacturero está realizando gran parte del esfuerzo para contener la transformación productiva que impulsa el gobierno nacional. “Hay gran cantidad de industrias que están absorbiendo la suba de los costos, trabajando a costo, y pymes cuyos dueños están poniendo plata para subsistir”, describió Bermúdez.

La explicación se apoyó en el carácter transable de la industria. A diferencia de los servicios, las fábricas compiten con productos elaborados en otros países y no pueden trasladar automáticamente cada aumento a los precios.

En ese punto, mencionó el “costo argentino”: presión tributaria, escaso financiamiento, costos energéticos, infraestructura deficiente y una logística más cara. Estimó, asimismo, que la presión tributaria sobre el sector formal alcanza el 56%, por la acumulación de tasas municipales, Ingresos Brutos e impuestos nacionales. “Competimos con países como Brasil, Vietnam o China, que no tienen la carga tributaria que tenemos nosotros”, cuestionó Bermúdez.

En ese sentido, presentó una serie de propuestas tributarias y financieras. Entre ellas, eliminar o compensar el impuesto a los débitos y créditos, crear una cuenta única tributaria y permitir que los saldos a favor puedan utilizarse para cancelar otras obligaciones.

También reclamó estabilidad fiscal, una reducción gradual de Ganancias para las pymes y la posibilidad de computar parte de las contribuciones patronales a cuenta de IVA o Ganancias, especialmente en sectores como textiles y calzado. El pedido más urgente fue un nuevo plan de facilidades.

Un relevamiento citado en la reunión indicó que el 45% de 760 empresas encuestadas mantiene atrasos con el Estado, proveedores, trabajadores o entidades bancarias. “La deuda con los bancos es el cierre de las cuentas; la deuda con ARCA es el embargo; la deuda con los proveedores paraliza la empresa”, enumeró Diego Leal, presidente del departamento Pyme de la UIA. Recorte a proveedores nacionales CAME destacó las dificultades adicionales que enfrentan las empresas del interior, alejadas de los puertos y de los principales centros de consumo. “No queremos ser un país aislado del mundo”, planteó su secretaria general, Beatriz Tourn.

Pero pidió que cada medida tendiente a la apertura tenga como contrapartida instrumentos para que las pequeñas industrias puedan adaptarse. Juan Carlos Uboldi, director industrial de la entidad de la pequeña y mediana empresa, puso como caso el cierre de una fábrica de ladrillos de hormigón celular. “Ese ejemplo en carne propia es mucho más importante que todas las estadísticas que pongamos sobre la mesa”, aseveró.

En esa línea, reclamó controles frente al contrabando y las importaciones que no cumplen con las mismas normas técnicas exigidas a los fabricantes nacionales. “La cancha está inclinada”, graficó Uboldi. “Una empresa grande puede conseguir tasas del 7% en dólares y nosotros pagamos 30, 35 o 40%”. La relación entre las grandes inversiones y el entramado industrial local también ocupó buena parte del debate.

Tanto UIA como CAME respaldaron el desarrollo minero y energético, pero reclamaron que esos proyectos incorporen proveedores argentinos. “Tenemos la capacidad para satisfacer esas demandas. No hay motivo para traerlo imp