SAN MARTÍN DE LOS ANDES.— SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Luego de semanas de intensas polémicas y cruces institucionales por el estado del sistema de saneamiento, una mesa de trabajo convocada por el Gobierno de la provincia de Neuquén descartó los escenarios de contaminación masiva en el lago Lácar que habían sido denunciados recientemente.El encuentro, que reunió a autoridades provinciales, municipales y de Parques Nacionales, permitió delinear una hoja de ruta con acciones de corto, mediano y largo plazo orientadas a fortalecer la infraestructura sanitaria de la ciudad.La crisis escaló a fines de mayo, cuando la intendenta del Parque Nacional Lanín, Ana María de las Nieves Aquín, envió una dura notificación al intendente Carlos Saloniti en la que advertía sobre una “extrema gravedad ambiental”. Según la funcionaria, vertidos de efluentes sin tratar en los arroyos Pocahullo y Calbuco estaban impactando de forma irreversible en el ecosistema protegido.La preocupación se alimentaba de antecedentes críticos, como las roturas de cañerías en 2024 y 2025 que obligaron a clausurar playas céntricas por riesgos para la salud pública.La alarma social también creció a partir de un “error involuntario” de la Cooperativa de Agua Potable, que inicialmente comunicó valores de vertido diario que en realidad correspondían a un acumulado mensual, lo que derivó en versiones sobre un colapso inminente del sistema.En la reunión encabezada por la ministra de Turismo, Leticia Esteves, se concluyó que, en condiciones normales de funcionamiento, no se registran niveles de contaminación asociados al sistema de tratamiento.

No obstante, se reconoció que las plantas operan con altos niveles de exigencia por el crecimiento urbano y la falta de inversiones estructurales acumuladas durante más de dos décadas.Para abordar ese déficit se acordaron diversas medidas. A corto plazo, se definió optimizar la gestión de barros, fortalecer los sistemas de contingencia energética e incorporar nuevos aireadores y agitadores.

A mediano plazo se prevé la adecuación y mejora de las plantas PTE-1 Lago Lácar y PTE-3 Vega Chica, para acompañar el aumento de la demanda.A largo plazo, en tanto, se impulsará la elaboración de un Plan Director de Agua y Saneamiento que permita planificar las inversiones de las próximas décadas.Uno de los puntos críticos identificados es el ingreso de agua de lluvia a la red cloacal a través de conexiones indebidas, lo que genera sobrecargas operativas durante tormentas intensas. Ante esto, los organismos promoverán campañas de concientización y controles sobre los desagües pluviales irregulares.Desde el Organismo de Control Municipal (OCM), su coordinador, Saúl Castañeda, insistió en que la solución no pasa solo por declarar emergencias, sino por asegurar una “tarifa justa y razonable” que sostenga la operación del servicio.

Asimismo, se recordó que la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) en 2024 agravó la falta de financiamiento para obras de ampliación previstas desde 2008.A fines de mayo, Marcela Mariña, vicepresidenta del consejo de administración de la Cooperativa de Agua Potable de San Martín de los Andes, había señalado a LA NACION: “Se ratificó que las plantas necesitan inversión y ampliaciones previstas, algo que se viene reclamando desde 2008, cuando debería haberse realizado la primera”.También el defensor del Pueblo y del Ambiente de la localidad, Fernando Bravo, había expresado su preocupación ante el posible riesgo sanitario. Advirtió que la capacidad de las plantas se ve superada, en especial durante la temporada estival por el aluvión turístico, y indicó falencias en el depósito de barros cloacales.

Incluso planteó la necesidad de revisar la tarifa para garantizar los insumos del sistema.Con el acuerdo alcanzado, las autoridades buscan llevar tranquilidad a la comunidad y al sector turístico, al tiempo que aseguran que el monitoreo será continuo y estará basado en datos técnicos para preservar el lago Lácar.De todos modos, persisten cuestionamientos. Valeria López Oronoz, vecina de San Martín de los Andes y autora de un pedido formal de información a la Cooperativa de Agua Potable en abril, consideró que “hay demasiadas contradicciones entre el acuerdo y lo que comunicó la Cooperativa”.Según López Oronoz, “la intimación de Parques Nacionales no puede ser desconocida ni minimizada por el municipio o la provincia, mucho menos cuando existen antecedentes y estudios que motivaron esa intervención”.Y concluyó: “Si realmente el lago no está contaminado, las autoridades deberían presentar análisis técnicos, públicos y actualizados que lo demuestren con claridad.

Da la sensación de que se intenta instalar otro relato para desviar la atención del problema de fondo. Nadie dice que seguir construyendo y sumando población nos llevaría al caos”.