El insólito procedimiento que tuvo lugar en Lambaré el 14 de junio de 2008 se convirtió en un caso policial debido a que el novio, de nacionalidad argentina, presumiendo la legalidad de su derecho a la identidad, se inscribió para la boda en la parroquia como Jesús Alejandro Martínez, cuando en realidad se llamaba Catalina Vera. Idéntico registro hizo ante el registro civil de Lambaré para contraer matrimonio con Blanca Lugo ante la jueza María Concepción González, en ese mismo día, antes de la ceremonia religiosa.

Este fue el motivo por el cual el fiscal José Planás irrumpió en la Iglesia antes de la ceremonia y dispuso la aprehensión de la pareja, que pasó su primer día de luna de miel en sede policial. El fiscal Planás abrió una investigación por el supuesto delito de producción de documento público de contenido falso y ordenó la intervención del médico forense de turno, para realizar una inspección que determine el sexo del procesado.

En su declaración ante las autoridades, Martínez expresó que es “hermafrodita”, y que se sintió varón desde su juventud. En ese sentido, explicó que si bien fue registrado por sus padres como Catalina Vera, por haber desarrollado más el sexo masculino gestionó en el vecino país un documento acorde con el género con el que se siente identificado, que tiene desde los 18 años.

La pareja recuperó su libertad el lunes siguiente, luego de que una junta médica confirmara la versión del novio. En circunstancias menos dramáticas, en la década del noventa una persona intentó plasmar en su documentación el cambio de sus datos, conforme con el género con el que se sentía identificada, a través de una acción judicial.

Este juicio pionero, caratulado “Fidel Ramón Colmán Sanabria c/Ministerio Público sobre cambio de nombre y sexo”, quedó conocido como “caso Fidel-Fidela”, debido a que el accionante pretendía llamarse “Fidela Ramona”. El protagonista de este juicio, el paraguayo Fidel Ramón Colmán Sanabria, oriundo de Coronel Oviedo, hizo un primer intento de rectificar su nombre y sexo en su país de residencia, Italia, sin éxito.

El Juzgado Civile Di Fermo de Italia rechazó la acción por falta de “competencia” y recomendó hacer la presentación de la demanda en su país de origen. Munido de una conclusión médico legal favorable a su pretensión, Fidel Ramón viajó a Paraguay e interpuso una nueva acción ante la justicia paraguaya.

Así las cosas, el 1 de diciembre de 1993, la abogada María Gloria Bobadilla, radicó una acción para lograr el cambio de identidad civil de un transexual quirúrgicamente transformado, en representación de Fidel Ramón Sanabria Colmán. No obstante, la petición del compatriota de llamarse oficialmente “Fidela Ramona” no llegó a tener sentencia, debido a que el accionante falleció en un accidente automovilístico en el exterior antes de que la justicia se expida al respecto.

En diciembre de 2016, los transexuales Enmanuel Sepúlveda Esquivel y Nery Alcides Rotela Ramírez iniciaron dos juicios paralelos en el fuero civil para poder cambiar sus nombres a Mariana e Yren, en ese orden. Las acciones, a cargo de los juezas en lo civil y comercial del 5° del 10° turno, Julia Alonso y Karen González, fueron patrocinadas por abogados del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y de la Asociación Panambi.

En mayo de 2017, la jueza Alonso hizo lugar a la demanda de rectificación de instrumento público promovida por Rotela y el 20 de febrero de 2018, la magistrada Karen González hizo lo propio con relación a Sepúlveda y, en consecuencia, ordenaron la rectificación y cambio de nombres por los solicitados. No obstante, las resoluciones fueron apeladaa por la Fiscalía.

Como primera medida, el Tribunal de Apelación en lo civil y comercial sorteado para atender el caso llevó a cabo una consulta consticional a la Corte Suprema de Justicia, la cual fue rechazada y el caso fue nuevamente derivado a la segunda instancia para el estudio de la cuestión planteada. Luego de seis años sin respuesta efectiva del Poder Judicial, en setiembre de 2022 ambos decidieron acudir a estrados internacionales, con una denuncia contra el Estado paraguayo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, para exigir que se les reconozca su derecho a inscribir los nombres con los que se identifican socialmente.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), lleva la representación de las demandantes; y también forma parte de campaña Soy Real #MiNombreDebeSerLegal, que se lleva adelante en conjunto con la Asociación Panambí, Amnistía Internacional Paraguay y Codehupy. La Codehupy expone en la denuncia que la prolongada e injustificada negativa del sistema judicial nacional para resolver sobre la solicitud configuró la violación de derechos como: derecho a la igualdad ante los tribunales, derecho a un juicio imparcial, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida privada y derecho a no ser discriminada por identidad de género.

El 8 de setiembre de 2023, el Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, cuarta sala, revocó la sentencia de primera instancia, con el voto unánime de los camaristas Giuseppe Fossati, Enrique Mongelós y Miguel Ángel Rodas. El 9 de noviembre de 2020 la joven trans Kimberly Ayala se convirtió en la primera persona trans a jurar como abogada, luego de 5 años de haberse recibido como profesional del derecho.

En este caso, la tercera fue la vencida, ya que en dos ocasiones anteriores le habían negado el derecho a jurar y acceder a su matrícula porque se presentaba con ropas femeninas. El actual titular de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, quien en la época también ocupaba la presidencia, le tomó el juramento a Kirmberly luego de explicar que el artículo 25 de la Constitución Nacional dice que cada persona puede manifestar y crear su propia identidad de la manera que quiera. “No encuentro ningún impedimento legal para negarle el derecho al juramento a una persona que ha concluido con el estudio de la carrera”, expresó el ministro Martínez Simón en una entrevista radial, luego de aclarar que la documentación de Ayala mantiene el nombre masculino.

El 9 de abril de 2025, abogada Kimberly Ayala presentó una acción de inconstitucionalidad para que ella y otras dos personas trans, Francesca Yegros y Camila Denis, puedan cambiar sus nombres en sus documentos de identidad. Esta presentación sigue en estudio en la máxima instancia judicial de nuestro país.

En un pasado más reciente, el habeas data fue la vía elegida por una persona trans para solicitar la rectificación de su documentación con el nombre que eligió, de acuerdo con el género con el que se siente identificada. El habeas data presentado contra el departamento de Identificaciones de la Policía Nacional fue radicada por Dali Shamir Donaire y/o Dalila Shamira Donaire, nombres que identifican a una misma persona, bajo patrocinio del abogado Luis Fernando Brizuela.

En su presentación, el recurrente explica que es hijo de madre paraguaya, que nació en la Argentina en el año 2004 y aún siendo menor de edad, vino a vivir en nuestro país. Una vez en Paraguay, tanto su radicación como su cédula de identidad fueron elaborados con el nombre de Dalila Shamira Donaire, en donde consta su nacionalidad argentina.

Al alcanzar su mayoría de edad, Donaire volvió a la Argentina y procedió a realizar el trámite administrativo de cambio de nombre y de género en Buenos Aires, de conformidad a la Ley N° 26.743/2012 “De Derecho a la Identidad de Género” promulgada en la Argentina. Como consecuencia de esta gestión, pasó a llamarse Dali Shamir Donaire y con esta identificación obtuvo su D.N.I. y certificado de nacimiento correspondientes.

De regreso a nuestro país, Donaire extravió su cédula y por este motivo acudió al departamento de Identificaciones para solicitar una nueva documentación, acorde con su nueva identidad, presentando para el efecto los documentos mencionados, asimismo de la denuncia de extravío. Donaire aclara que con la acción solo busca rectificar su nombre y no el género que figura en su documento y que no es congruente que dos oficinas estatales tengan criterios diferentes, puesto que Migraciones admite su nombre como Dali Shamir Donaire pero Identificaciones de la Policía Nacional no.

Finalmente, peticionó al juzgado que dicte sentencia ordenando a la institución policial que rectifique su nombre en sus documentos identificatorios, de manera a que sean acorde al género con el que se identifica. En noviembre de 2025, la jueza penal de Garantías Lici Teresita Sánchez rechazó “in limine” la acción, con lo cual descartó la petición de eliminar la documentación anterior o actualizar la existente por esta vía.

En consecuencia, en Paraguay Dali seguirá como Dalila en los documentos. “(...) esta pretensión desnaturaliza por completo el alcance del Hábeas Data previsto en el Art. 135 de la Constitución Nacional, que se circunscribe exclusivamente a permitir el acceso, actualización o rectificación de datos erróneos obrantes en registros públicos o privados de carácter público, esta garantía no habilita bajo ninguna circunstancia el cambio de nombre o la modificación de datos civiles válidamente asentados, ya que el objeto se limita estrictamente, repito, a la protección y corrección de datos personales en registros", explica la magistrada en su resolución.