Las familias de las 107 personas que fallecieron en el atentado al avión de Avianca, en noviembre de 1989, llevan casi 37 años esperando la verdad, justicia y reparación por el crimen en contra de sus seres queridos. No obstante, la institucionalidad les ha cerrado la puerta en repetidas ocasiones.

La más reciente fue hace apenas un par de semanas, con un informe que señala que muchos de los posibles responsables ya murieron y justifica los problemas para avanzar en el expediente. Este es el documento.El documento de seis páginas, conocido por El Espectador, detalla lo que ha pasado con el expediente desde 1989.

Primero, en los juzgados de instrucción. Luego, en manos de la Fiscalía.El EspectadorUn documento de seis páginas enviado a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que atiende temas de derechos humanos, y conocido por El Espectador, resume los avances de la Fiscalía en casi 37 años para intentar esclarecer los hechos ocurridos el 27 de noviembre de 1989, cuando la explosión de un avión de Avianca en Soacha (Cundinamarca) cobró la vida de 107 personas.

Nadie ha sido imputado ni llamado a juicio y el caso sigue en etapa preliminar. Las víctimas dicen que durante años la justicia les ha dado la espalda.Se trata del informe elaborado por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, en el que el ente investigador debería responder las preguntas planteadas por las víctimas de cara a una audiencia de memoria y control político a la que fue citada la entidad en el Congreso, el pasado 27 de mayo.

Ningún funcionario del búnker se presentó a la diligencia, la primera de ese tipo adelantada en casi cuatro décadas que han pasado desde ese hecho atribuido al cartel de Medellín.En contexto: Las cuentas pendientes del Estado con las víctimas del atentado al avión de AviancaEl lunes 27 de noviembre de 1989, sobre las 7:11 de la mañana, un avión Boeing 727-21 de la aerolínea Avianca despegó desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, hacia Cali (Valle del Cauca). A bordo iban 107 personas: 101 pasajeros y seis tripulantes.

Cinco minutos después del despegue, sobre las montañas de Soacha, el avión explotó en el aire. Ninguna de las personas sobrevivió.

El país vio el horror de frente y, en medio de la conmoción, la investigación le fue asignada a tres juzgados de instrucción.El caso pasó a manos de la Fiscalía, cuya única razón para no asistir a la mencionada audiencia y enviar su informe fueron “motivos de fuerza mayor”, como fue expuesto durante la diligencia. Un golpe en el estómago para las víctimas, que esperaban ese día escuchar respuestas sobre los avances de la investigación penal.

Por el contrario, lo que muestra el informe es que el expediente no se ha movido ni un milímetro. Según el ente investigador, por “dificultades de la investigación” y porque muchos de los posibles responsables están muertos.Le puede interesar: Cristian Herrera, el periodista que defendió la verdad y la libertad hasta su muerteLa audiencia de 27 de mayo de 2026 en la Comisión Séptima de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, es la primera de este tipo que se hace en casi 37 años del atentado.Mauricio Alvarado Lozada¿Qué dice la investigación de la Fiscalía?

Durante años, los familiares de las víctimas del avión de Avianca han buscado respuestas a sus preguntas, certezas sobre las teorías que rodean el caso y sanciones para los responsables del hecho. No obstante, la verdad, la justicia y la reparación les han sido esquivas.

El más reciente portazo que les dio la institucionalidad fue el 27 de mayo pasado, cuando nadie de la Fiscalía llegó a la audiencia en la Cámara de Representantes. A pesar de que, según supo este diario, dos funcionarios del búnker se habían comprometido a asistir.En su lugar, enviaron un informe del caso que, luego de ser leído por la secretaria de la Comisión Séptima de Derechos Humanos, causó un sentimiento compartido por parte de las víctimas que estaban allí: indignación. “Es muy triste, es decepcionante.

Han pasado 37 años y hay un derecho que les asiste a las víctimas, que está reconocido en tratados y convenios internacionales: el derecho a la verdad y a la justicia. Y ambos están casi que en cabeza de ellos, de la Fiscalía General de la Nación”, le explicó a El Espectador Gonzalo Enrique Rojas Peña, vocero de Colombia con Memoria e hijo de Gonzalo Hernán Rojas Castro, una de las víctimas de este hecho.El informe enviado al Congreso inicia con un recuento de lo que ha sucedido con el expediente.

Primero en los escritorios de los juzgados de instrucción. Luego, en los anaqueles de la Fiscalía, creada con la Constitución de 1991.

No en vano, Gonzalo Rojas dice que el ente investigador “prácticamente nació con el caso del avión de Avianca”. Y aun así, no ha logrado resolverlo.

Entre noviembre de 1989 y enero de 1991, el caso pasó por las manos de tres jueces de instrucción criminal sin que se dieran órdenes puntuales. Contenido relacionado: Crónica de un fotógrafo: así retrataban hace 30 años la violencia del narcotráficoEn 1991 un juez de instrucción vinculó a Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, y dos personas de su círculo: Jesús Humberto Laverde Muñoz y Brancy Muñoz Mosquera, alias “Tayson”.

En febrero de 1993, ya en manos de la Fiscalía, los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también fueron vinculados al expediente. Contra ninguno de ellos hubo decisiones.

Escobar, jefe del cartel de Medellín y principal señalado, murió en diciembre de ese año en un operativo policial y le cerraron el caso.“Dentro del proceso se profirieron decisiones relacionadas con medidas de aseguramiento, beneficios por sometimiento o colaboración con la justicia, revocatorias de medidas de aseguramiento, preclusiones y cancelaciones de órdenes de captura respecto de diferentes personas vinculadas a la organización criminal conocida como cartel de Medellín”, dice el informe de la Fiscalía. El abogado Jorge Alberto Muñoz, quien representa a unas 15 familias del caso, explicó que todas fueron movidas relacionadas con otros expedientes, ninguna con el del avión de Avianca.Entre 1996 y 2009, el informe deja ver un lapso de 13 años en los que no sucedió nada con el caso.

Fue en ese año que, gracias a la presión de las víctimas agrupadas en la Fundación Colombia con Memoria, el hecho fue declarado crimen de lesa humanidad. Una orden que tiene importantes implicaciones jurídicas que buscan que la impunidad no reine sobre el expediente.

Entre ellas, la orden de que el expediente no se cierre y los delitos no precluyan hasta que el caso no sea resuelto por completo.Lea: Segunda Marquetalia y otras preguntas pendientes: así se ha movido el caso de Miguel UribeEn Colombia, ninguna persona ha sido imputada ni llevada a juicio por el atentado al avión de Avianca.Archivo El EspectadorBajo ese argumento, el informe detalla que la investigación se mantiene en su fase preliminar, a pesar de haber transcurrido casi 37 años. “Si bien el expediente permanece en fase de indagación, ello responde a que, a la fecha, no se cuenta con la identificación plena ni con elementos materiales probatorios suficientes respecto de nuevos sujetos activos vivos que permitan avanzar hacia fases procesales subsiguientes”, se lee en el documento. En otras palabras, los posibles responsables ya están muertos.El ente investigador apunta que lo que ha establecido es “una responsabilidad histórica atribuida a exintegrantes del extinto cartel de Medellín”.

Pero sin imputaciones, acusaciones o condenas sobre este caso en concreto. Tampoco se ha logrado establecer la posible participación de antiguos funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Con las indagaciones y recolecciones de pruebas al respecto, “no se ha logrado individualizar a personas cuya responsabilidad penal pueda acreditarse”.Pese a que la Fiscalía indagó a ocho personas cercanas al cartel de Medellín que podrían hablar al respecto, su conclusión fue una: “Dichas declaraciones no aportaron información relevante, sustancial o conducente que permitiera establecer la participación de agentes del Estado”. Un personaje podría ser clave en esas indagaciones: Carlos Mario Alzate Urquijo, alias “El Arete”, uno de los hombres más cercanos a Pablo Escobar.

Hoy se sabe que está en Barcelona (España), que se cambió el nombre y le queda familia en Colombia. Le puede interesar: Mindefensa desmiente informe sobre avance de grupos armados y anuncia indagacionesSin embargo, para las víctimas y sus representantes hay una “falta de voluntad” por parte de la justicia colombiana para dar con él y lograr que comparezca sobre los hechos del avión de Avianca.

Argumentan que no hay razón para que el Estado, que tiene todas las herramientas y las conexiones diplomáticas para dar con él e interrogarlo, no lo haya hecho. Eso, en contraste con la investigación propia que han liderado las víctimas, quienes lograron llegar hasta sus familiares más cercanos para saber sobre su suerte.Sin respuestas claras ni órdenes completas contra los posibles responsables, el informe de la Fiscalía señala siete puntos que, en su concepto, han sido el palo en la rueda para la investigación: que han pasado más de tres décadas desde que ocurrieron los hechos, que varios de los principales responsables murieron, las dificultades para ubicar a los antiguos integrantes del cartel de Medellín que siguen vivos, la “limitada colaboración de algunos testigos sobrevivientes” que prefirieron no hablar sobre los hechos.

También “la complejidad del expediente, integrado por múltiples hechos delictivos conexos y por un alto volumen documental”, el difícil acceso a los archivos del extinto DAS, hoy en poder del Archivo General de la Nación, y las dificultades de la cooperación internacional para dar con testigos como Dandenis Muñoz Mosquera, alias “La Quica”, hoy preso en Estados Unidos. “Estas circunstancias han incidido de manera significativa en la eficacia, oportunidad y alcance de las actividades investigativas”, concluyó la Fiscalía.Más contenido: Condenan a exfiscal del Cauca que desvió el caso de un narco para evitar su extradiciónTeorías sin respuestas para las víctimasDurante años, tres teorías se han tejido en torno a la tragedia del avión de Avianca y las víctimas no tienen ninguna certeza. El abogado Jorge Alberto Muñoz dice, entre la gracia y la indignación, que las posibles causas se han multiplicado durante años sin que las autoridades judiciales les pongan punto final con investigaciones o decisiones que les den certezas: “Han aparecido mil y una teorías.

Y en cada año que pasa, en cada aniversario, aparece una nueva”, expresó en diálogo con este diario.La explicación del hecho que más fuerza ha tenido y que acogieron las víctimas por la investigación que ellos mismos han adelantado de forma independiente durante años es que se trató de un atentado del cartel de Medellín, al mando de Pablo Escobar. Al parecer, el objetivo era atentar contra el entonces candidato presidencial César Gaviria Trujillo, quien tenía planeado viajar en ese vuelo a Cali.

Pero el político, que tomó las banderas de Luis Carlos Galán después de su asesinato, se adelantó y viajó en un vuelo privado.Lea también: La demanda que pide quitarle a la Fiscalía el poder de suspender capturasOtra de las teorías que han aparecido es que se pudo haber tratado de un accidente por una falla mecánica del avión. Y aunque la Fiscalía no tiene esa opción dentro de sus escasos avances, para las víctimas está descartada por varias razones.

Gonzalo Rojas le explicó a este diario que la información que ellos han conocido de la recuperación de la caja negra del avión no da cuenta de fallas de la aeronave.“En lo que se logró recoger o recuperar de la caja negra hay algo muy interesante y es que quedó registrado todo el protocolo de chequeo que hizo la tripulación. La conversación, digámoslo, hasta el momento en el que estalla el vuelo se nota normal.

No hay una conversación de alerta, no sucede absolutamente nada atípico. No hay un mayday (señal internacional de auxilio), ni una llamada alertando una baja en niveles de la gasolina, de la presión o de lo que sea.

Todo sucedió normal”, explicó Gonzalo Rojas.La Comisión Séptima de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes fue la sede de la audiencia de víctimas del atentado al avión de Avianca.Mauricio Alvarado LozadaLa tercera teoría es para una parte importante de las víctimas, tan improbable como indignante: que el avión fue impactado desde la tierra con un misil o un rocket que, por accidente, se disparó durante un entrenamiento militar en Bogotá. Tanto Gonzalo Rojas como el abogado Jorge Alberto Muñoz coincidieron en explicar por qué descartar esa línea de la investigación: que las investigaciones adelantadas por funcionarios judiciales de Estados Unidos demostraron que fue una implosión.

Es decir, algo estalló dentro del avión.Sobre ninguna de esas líneas se han emitido decisiones. Para las familias de las 107 personas que fallecieron en los hechos del avión de Avianca, el informe de la Fiscalía es insuficiente y el paso del tiempo ha hecho que muchos de los seres queridos de las víctimas, especialmente padres y abuelos, hayan fallecido sin conocer la verdad y sin haber sido reparados por estos hechos.

Esperaban que alguien de la Fiscalía les respondiera de forma directa las respuestas que, como le expresó a este diario el abogado Jorge Alberto Muñoz, durante años les han sido negadas. Más contenido: Liberan a cinco personas que permanecían amarradas en una vivienda de Remedios (Antioquia)“¿Cuándo nos van a prestar atención?

¿Cuándo nos van a brindar el respeto que nosotros nos merecemos como víctimas? Como abogado, quisiera contestarles eso, quisiera poderles dar una respuesta.

Pero he encontrado portazos en la cara institucionales. No nos merecemos eso, tanto las víctimas como sus representantes”, expresó el jurista.

El Espectador intentó hablar con Óscar Antonio Dallos Argumedo, de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, pero no hubo respuesta.Por su parte, Gonzalo Rojas, quien tenía 10 años cuando su padre murió en los hechos del avión de Avianca, tiene claro qué es lo que más le duele sobre los rezagos de la verdad, la justicia y la reparación: “Me duele el honor, por sentir que el crimen de mi papá haya permanecido durante tantas décadas impune. Cargar con un proceso de 37 años sin respuestas y lleno de preguntas duele en el alma”.

Y sabe también qué le da esperanza: “Pensar que este no sea un proceso que yo le tenga que heredar a mi hijo”, concluyó.Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.