Normas asociadas al Fondo Estabilizador del Trigo y al esquema de financiamiento al consumo que dio origen a Ahora 12 y luego a Cuota Simple, fueron derogadas hoy como parte de la estrategia de desregulación del Gobierno sumó este martes un nuevo capítulo.A través de la Resolución 12/2026, la Secretaría de Industria y Comercio eliminó un extenso listado de normas que habían sido dictadas durante los últimos años para instrumentar programas de intervención en mercados, administración comercial y promoción del consumo.La medida incluye más de cuarenta resoluciones y disposiciones emitidas entre 2006 y 2025, aunque el foco principal está puesto sobre dos instrumentos emblemáticos de la política económica reciente: el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino y el régimen de financiamiento al consumo que tuvo como eje a Ahora 12.Según el Gobierno, se trata de normas que habían perdido vigencia práctica o cuya finalidad ya había desaparecido, pero que seguían formando parte del entramado regulatorio formal.Qué normas quedaron derogadasEl anexo incluye una larga lista de resoluciones emitidas por distintas gestiones de la Secretaría de Comercio.Entre ellas aparece la Resolución 355/2022 y todas sus modificaciones posteriores, la norma que sirvió de base para la implementación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.Ese mecanismo había sido creado durante la gestión de Alberto Fernández con el objetivo de desacoplar parcialmente los precios internos de la harina respecto de las subas internacionales provocadas por la guerra entre Rusia y Ucrania.El esquema buscaba subsidiar parte del costo de la harina destinada al mercado interno mediante recursos provenientes de derechos de exportación y otros mecanismos de financiamiento.Aunque el programa ya había perdido relevancia operativa, gran parte de su andamiaje normativo continuaba vigente.El cierre formal de una etapa para Ahora 12La resolución también elimina la Resolución 282/2021 y más de veinte modificaciones posteriores incorporadas durante los años siguientes.Esa norma había funcionado como el marco regulatorio principal de Ahora 12, el programa de financiamiento al consumo que durante años permitió compras en cuotas subsidiadas para distintos bienes y servicios.Con el paso del tiempo, el esquema atravesó múltiples modificaciones, ampliaciones y cambios de alcance hasta derivar posteriormente en Cuota Simple.Muchas de esas disposiciones habían quedado superadas por nuevas reglamentaciones o directamente habían perdido aplicación práctica.Para la administración libertaria, la no renovación de esos programas se inscribe en el marco de “un proceso de normalización del mercado de crédito, buscando restablecer las señales de precio y eliminar las distorsiones en la asignación de cápita”.Qué busca el Gobierno con esta decisiónLa medida se inscribe dentro del proceso de simplificación normativa que impulsa la administración de Javier Milei desde el inicio de su gestión.El argumento oficial es que la acumulación de regulaciones, muchas veces vinculadas a programas ya extinguidos o sin aplicación efectiva, genera costos administrativos, incertidumbre jurídica y complejidad para empresas, profesionales y organismos públicos.La estrategia consiste en identificar normas que ya no cumplen una función concreta y retirarlas formalmente del ordenamiento regulatorio.La relevancia de la resolución no está tanto en el impacto inmediato sobre empresas o consumidores. La mayoría de los programas alcanzados ya no tenía efectos operativos concretos.Pero derogación apunta a desmontar de manera formal instrumentos que fueron representativos de una etapa de mayor intervención estatal sobre precios, mercados y consumo.De hecho, en su fundamentación, la resolución recuerda que uno de los principios esenciales del sistema republicano de gobierno “es que los ciudadanos tengan pleno conocimiento y certeza de las normas que rigen la vida en sociedad; en especial las que lo vinculan con la Administración Pública”.Y se remata afirmando que “la proliferación normativa generada por la emisión de leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones, disposiciones y circulares ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas, generando una incertidumbre de cuáles son las normas vigentes”.En la práctica, el Gobierno continúa avanzando sobre capas regulatorias heredadas de distintas administraciones con un objetivo que repite desde el comienzo de la gestión, el de reducir el volumen de normas vigentes y simplificar la relación entre el Estado y el sector privado.