SALTA.— La preocupación que la Unión Industrial de Salta (UIS) había planteado hace un mes ante el Gobierno provincial inició a trasladarse a las plantas fabriles. Empresarios del sector aseguran que la incertidumbre sobre la disponibilidad de gas para los próximos meses ya está obligando a algunas compañías a reducir producción y evaluar medidas más drásticas, que incluyen la paralización temporal de actividades y la suspensión de trabajadores.El presidente de la UIS, Eduardo Gómez Naar, advirtió que el problema ya no es una hipótesis ni una discusión técnica sobre el sistema energético, sino una situación que afecta a un número creciente de industrias en distintos puntos de la provincia.

Según explicó, sectores como los ingenios azucareros, la industria cerámica y el procesamiento de cítricos enfrentan un escenario complejo ante la posibilidad de restricciones en el suministro durante el invierno.Impacto sobre trabajadores"Lo más complejo de gestionar es la incertidumbre", remarcó Gómez Naar. Explicó que las empresas necesitan previsibilidad para planificar compras de insumos, turnos de trabajo, logística y compromisos comerciales.

Ante la falta de certezas, algunas firmas comenzaron a analizar cierres programados de planta, con el consecuente impacto sobre trabajadores, proveedores y economías locales.Desde la entidad empresaria remarcan que las consecuencias exceden largamente el ámbito industrial. Una eventual paralización afectaría a contratistas, transportistas, comercios y prestadores de servicios que dependen de la actividad.Uno de los sectores más expuestos es la agroindustria.

En particular, la actividad citrícola enfrenta una amenaza adicional debido a los tiempos biológicos de producción. La cosecha y procesamiento de los frutos se concentra en una ventana de pocos meses, por lo que una interrupción del suministro de gas durante el invierno podría afectar gran parte de la campaña anual.Reducción de cosechaEn ese contexto aparece el caso de La Moraleja, una de las principales empresas citrícolas de la provincia.

Según fuentes empresarias, la firma podría verse obligada a reducir la cosecha de limón, disminuir contrataciones temporarias e incluso detener parte de sus operaciones industriales si no logra asegurar el abastecimiento energético necesario. La compañía no solo comercializa fruta fresca, sino que asimismo produce aceite esencial de limón para mercados internacionales y mantiene contratos con grandes compañías globales, entre ellas Coca-Cola.La actual preocupación tiene como antecedente directo la nota que la Unión Industrial presentó al gobernador Gustavo Sáenz a comienzos de mayo.

En aquel documento la entidad alertó que la aplicación de la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación provocaría una reducción del 35% en la capacidad de transporte firme de gas destinada al NOA, al pasar de 4,99 millones de metros cúbicos diarios provenientes del norte a 3,22 millones desde Neuquén.La UIS también había advertido sobre el elevado costo de las alternativas de abastecimiento mediante Gas Natural Licuado (GNL) regasificado, cuyo valor estimado superaría ampliamente el precio habitual que pagan las industrias.La problemática motivó incluso un fuerte reclamo público del gobernador Gustavo Sáenz a Nación.Embargos de ARCA ahogan al comercioLa Cámara de Comercio de Salta advirtió que la situación fiscal de múltiples comercios de la provincia atraviesa un momento crítico y cuestionó los embargos impulsados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en un contexto marcado por la caída del consumo y la dificultad para afrontar obligaciones económicas.Según explicó el presidente de la entidad, Gustavo Herrera, en Radio Salta, el principal problema radica en los mecanismos de intimación y cobro que se activan incluso ante retrasos mínimos en los pagos. "Es un problema muy grave porque estaban mandando informes a través de un abogado por retrasos mínimos.

Ese informe hay que pagarlo para después poder entrar en plan de pago y estaban haciendo embargos", remarcó.El dirigente empresarial remarcó que, en el actual escenario económico, las medidas generan un fuerte impacto sobre la actividad comercial. Indicó que muchas empresas ya arrastran entre seis y once planes de pago vigentes, lo que vuelve cada vez más complejo cumplir con los compromisos tributarios sin afectar otras obligaciones esenciales."El problema es gravísimo en esta situación.

Se prioriza entre pagar los empleados, pagar el alquiler, pagar los servicios y pagar ARCA", aseveró Herrera, al describir la presión financiera que enfrentan múltiples comerciantes salteños.