El nuevo protocolo de control de identidad varietal y protección de la propiedad intelectual en semillas, oficializado por el Gobierno a través de una resolución conjunta entre la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (Inase), inició a generar repercusiones entre distintos actores de la cadena agroindustrial. La medida establece un sistema de monitoreo basado en la toma de muestras de granos en los primeros puntos de entrega comercial, con el objetivo de verificar la utilización de variedades protegidas y fortalecer los derechos de los obtentores.

Hay advertencias de que los resultados reales podrían demorar entre cinco y seis años.La iniciativa, presentada por el Gobierno a los diferentes actores de la cadena semanas atrás y oficializada a través de la resolución 3/2026, fue puesta como una herramienta para impulsar la innovación genética, mejorar el acceso a nuevas tecnologías y acercar al país a los estándares internacionales de protección de la propiedad intelectual. No obstante, las opiniones del sector muestran matices respecto de su alcance, su implementación y su impacto sobre productores, acopios, cooperativas y exportadores.Mientras negocia una deuda de US$350 millones, Granja Tres Arroyos busca reabrir una planta en Entre RíosDesde Coninagro, su presidente, Lucas Magnano, respaldó el objetivo general de la norma. “Compartimos la necesidad de proteger la innovación genética y los derechos de los obtentores, ya que constituyen un elemento fundamental para promover la inversión en investigación y el desarrollo de nuevas variedades que contribuyan a mejorar la productividad del sector agropecuario”, indicó.

No obstante, advirtió que la implementación no debería generar nuevas cargas operativas, costos o responsabilidades para cooperativas, acopios y otros operadores comerciales, ni afectar la confidencialidad de la información de los productores.Magnano consideró que la instrumentación del sistema deberá garantizar transparencia, seguridad jurídica y debido proceso, con una clara delimitación de responsabilidades entre el Estado, los obtentores, los laboratorios y los operadores comerciales. “Cualquier mecanismo de control debe procurar un adecuado equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual, la competitividad del sistema productivo y el normal funcionamiento de los distintos actores que integran la cadena agroindustrial”, aseveró.Por su parte, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), remarcó que el sector exportador sigue considerando que la herramienta más adecuada es el sistema Bolsatech, en la actualidad utilizado para determinados controles varietales. “Para nosotros la única opción válida es el sistema ya existente en las bolsas. Ya funciona.

Solo falta que se sumen las empresas semilleras que aún no están ahí y aporten el costo total del servicio que se les brindará”, indicó. Según explicó, el nuevo protocolo amplía el alcance hacia otras especies y un mayor número de variedades, aunque para ello las compañías semilleras deberán incorporarse al sistema.Una visión más favorable expresó Alfredo Paseyro, director Ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), referente en temas de propiedad intelectual en semillas, quien consideró que la resolución representa un avance, pero advirtió que el desafío estará en la puesta en marcha. “Ahora hay que trabajar en la implementación; llevará su tiempo ver los resultados”, resumió el ejecutivo.

En tanto, desde la industria algodonera señalaron que la resolución presenta limitaciones para esa actividad. Explicaron que el esquema de toma de muestras previsto en la normativa vigente no contempla al algodón, pese a que el cultivo se encuentra incorporado al Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) y dispone de métodos de determinación varietal mediante marcadores moleculares.

Según indicaron, en este caso los controles se realizan en una etapa posterior de la cadena, cuando la semilla llega a las deslintadoras, a través del sistema Semilla Segura administrado por el Inase. Remarcaron que el organismo trabaja en la actualidad en mejoras para ese mecanismo, luego de que las deslintadoras plantearan el problema.

Advirtieron que está cerca de salir una propuesta para mejorar el sistema Semilla Segura.El secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Pablo Ginestet, consideró que la resolución avanza sobre aspectos operativos sin haber resuelto previamente la discusión de fondo sobre la ley de semillas. Según remarcó, el sistema solo tendrá efectos concretos sobre variedades nuevas y recién podría mostrar resultados dentro de cinco o seis años, debido a los tiempos que demanda la adopción de nuevos materiales por parte de los productores. “Esto va a llevar un tiempo porque, hoy por hoy, ¿qué sentido van a tener los semilleros o los obtentores de analizar las muestras de este año, del que viene y del siguiente, si no van a encontrar nada?

Como es para variedades nuevas, hasta que una variedad se inscribe, algún productor la siembra, comprueba que es buena, vuelve a utilizarla y empieza a incorporarse más ampliamente, pasan cinco o seis años. Todo ese proceso demanda tiempo; dentro de cinco o seis años tendrá sentido", observó.Para el secretario de la entidad primero hay que cambiar la ley.

"Acá pusimos el carro delante de los caballos, lamentablemente, porque no tiene sentido querer controlar esta ley cuando lo que estamos discutiendo es que hay que cambiarla, aggiornarla y modificar un montón de cosas", analizó.Ginestet también cuestionó la obligación que recaerá sobre acopios y cooperativas para extraer muestras y entregarlas a los obtentores, y advirtió que la medida podría incrementar la conflictividad dentro de la cadena. A su entender, tampoco resuelve uno de los principales debates pendientes: el reconocimiento económico por el uso propio de semillas. “No viene a solucionar el problema de fondo que tenemos, que es la limitación al uso propio y el reconocimiento del pago de regalías”, aseveró.

Asimismo, alertó sobre eventuales conflictos derivados de falsos positivos, la falta de mecanismos claros de defensa para los productores y la ausencia de precisiones sobre los procedimientos de notificación y revisión de resultados. “Va a traer mayor conflictividad por todas las complejidades que tiene implementar este tipo de mecanismos. Ya lo vemos hoy con Bolsatech, que es algo más acotado y donde se busca un solo gen, y aun así surgen múltiples problemas y reclamos.

Imaginemos entonces cuando estemos testeando 700 variedades de soja, la cantidad de conflictos que se van a generar“, dimensionó.