EZEIZA.— La situación judicial y médica de Lázaro Báez volvió a quedar en el centro de la escena luego de su internación de urgencia por un cuadro de pulmonía en el Hospital Penitenciario de Ezeiza. El empresario santacruceño, que cumple una condena unificada de 15 años de prisión en las causas conocidas como “Ruta del Dinero K” y “Vialidad”, atraviesa horas delicadas mientras su entorno denuncia un progresivo deterioro de su estado de salud y cuestiona las condiciones en las que permanece detenido.

La preocupación se profundizó durante el fin de semana, luego de que el juez Néstor Costabel lo visitara personalmente en el centro asistencial. Según pudo reconstruir La Opinión Austral a través de fuentes cercanas al empresario, el encuentro estuvo marcado por momentos de fuerte tensión y reproches directos respecto de las condiciones de alojamiento en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

Néstor Costabel, juez de ejecución. De acuerdo con la información conocida en los últimos días, Báez fue trasladado el viernes por la noche al hospital del Servicio Penitenciario luego de que su cuadro respiratorio se agravara.

La internación tuvo lugar en un contexto sanitario complejo, ya que el empresario arrastra desde hace tiempo diversas patologías preexistentes. Entre ellas, diabetes tipo 2, afecciones bronquiales crónicas y otros problemas de salud que ya habían motivado reiterados pedidos de prisión domiciliaria por parte de su defensa.

Fuentes consultadas señalaron que la principal preocupación médica está vinculada al cuadro pulmonar y a episodios de sangrado que habrían motivado un seguimiento más estrecho por parte de la Justicia. “Lázaro tiene un cuadro de pulmonía. La humedad en la prisión es tremenda.

Y su estado de salud es reservado”, indicaron allegados al empresario. La visita judicial del sábado sumó un nuevo elemento de tensión al expediente.

Según trascendió, Báez aprovechó el encuentro para expresar personalmente su malestar por las condiciones en las que se encuentra detenido. “Es una vergüenza”, habría manifestado al referirse a la habitabilidad del lugar donde permanece alojado. Siempre según las fuentes consultadas, el empresario fue aún más duro durante la conversación con el magistrado. “Ni siquiera un perro merece estar viviendo lo que estoy viviendo”, le habría dicho al juez, en un reclamo que apunta tanto a las condiciones edilicias como a la atención recibida durante su permanencia en prisión.

En el entorno de Báez consideran que el cuadro sanitario actual no puede analizarse por separado de las condiciones de detención. Aseguran que atraviesa una situación de vulnerabilidad creciente y sostienen que las características del alojamiento resultan incompatibles con una persona de su edad y con antecedentes médicos complejos.

La internación vuelve a poner sobre la mesa una discusión que acompaña el caso desde hace años. Los abogados del empresario han planteado en distintas oportunidades que su deterioro físico requiere controles médicos permanentes y un régimen de detención diferente.

No obstante, hasta el momento la Justicia rechazó los pedidos de prisión domiciliaria y dispuso que continúe alojado bajo custodia federal, aunque garantizando el acceso a atención médica especializada. El traslado de Báez desde Río Gallegos a Ezeiza, ordenado meses atrás, respondió justamente a la necesidad de contar con infraestructura sanitaria de mayor complejidad.

En aquel momento, la Justicia consideró que el complejo bonaerense ofrecía mejores condiciones para atender sus patologías y realizar controles periódicos. Ahora, el agravamiento de su estado de salud y el enfrentamiento verbal con el magistrado podrían abrir una nueva etapa en la discusión judicial.

En su entorno no descartan futuras presentaciones para insistir con una morigeración de las condiciones de detención y sostienen que el Estado tiene la obligación de garantizar estándares mínimos de alojamiento y atención médica para cualquier persona privada de libertad. Otro de los momentos del descargo verbal fue cuando Lázaro le hizo referencia al juez de su pertenencia política y de su designación por parte de un gobierno anti kirchnerista.

Según Báez, algunos detenidos tienen prisión domiciliaria y él, supuestamente cómo un partícipe necesario, está en Ezeiza. Mientras tanto, no se descarta alguna nueva presentación judicial porque consideran que el Estado argentino, como garante de los derechos humanos, “no puede permitir que los presos estén como estén en las condiciones en que están, ni los perros están alojados como él está”.