Perú acude este domingo a una de las elecciones más trascendentales de su historia reciente. Más de 27 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, en una segunda vuelta que podría consolidar el avance de los gobiernos de derecha en América Latina o abrir un nuevo espacio para las fuerzas progresistas en la región.

Más allá de la disputa ideológica, el resultado representa una oportunidad para intentar cerrar un ciclo de inestabilidad política que ha llevado al país a tener nueve presidentes en apenas una década, una sucesión de crisis que ha erosionado la confianza ciudadana y debilitado las instituciones. La principal demanda de los votantes no gira únicamente en torno a la economía.

La inseguridad se ha convertido en la preocupación dominante de los peruanos, en un contexto marcado por el crecimiento de las extorsiones, el narcotráfico y la minería ilegal. A ello se suma un profundo desgaste político.

Desde 2018, renuncias, destituciones y escándalos de corrupción han provocado una constante rotación en el poder, mientras el Congreso y el Ejecutivo mantienen una confrontación casi permanente. Las encuestas previas a la votación reflejan un empate técnico que anticipa un resultado extremadamente ajustado, con el riesgo añadido de que el candidato derrotado cuestione el escrutinio, prolongando la incertidumbre.

Keiko Fujimori busca llegar por cuarta vez a la presidencia. Su campaña ha girado alrededor de la promesa de recuperar el orden, fortalecer la seguridad y mantener el modelo económico que convirtió a Perú en una de las economías más estables de Sudamérica.

No obstante, su figura continúa estrechamente ligada al legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, recordado por una parte de la población como el dirigente que derrotó a la insurgencia de Sendero Luminoso y controló la hiperinflación, pero cuestionado por organismos de derechos humanos debido a las violaciones cometidas durante su gobierno. Esa dualidad sigue marcando la política peruana.

Para sus seguidores, representa experiencia y firmeza; para sus detractores, el riesgo de un retorno al autoritarismo. Frente a Fujimori aparece Roberto Sánchez, exministro y congresista, quien ha construido su candidatura sobre el descontento de las regiones rurales y de los sectores históricamente excluidos del crecimiento económico.

Respaldado por el expresidente Pedro Castillo, en la actualidad encarcelado luego de su intento de disolver el Congreso en 2022, Sánchez plantea revisar las concesiones mineras, fortalecer la presencia del Estado en sectores estratégicos y promover una nueva Constitución. En las últimas semanas, el candidato ha moderado parte de su discurso para enviar señales de estabilidad a los mercados e insistir en que mantendrá la independencia del banco central y la apertura económica del país.

El resultado será observado con atención fuera de las fronteras peruanas. Una victoria de Fujimori reforzaría el bloque de gobiernos conservadores y liberales que han ganado protagonismo en América Latina durante los últimos años.

Por el contrario, un triunfo de Sánchez permitiría a la izquierda recuperar presencia política en una región donde los debates sobre desigualdad, redistribución de la riqueza y papel del Estado vuelven a ocupar un lugar central. En un contexto internacional de desaceleración económica y volatilidad financiera, el futuro del tercer productor mundial de cobre adquiere asimismo una dimensión estratégica para los mercados globales.

Aunque la economía peruana mantiene indicadores relativamente sólidos, con crecimiento y baja inflación, la percepción ciudadana está marcada por el aumento de la criminalidad. Las denuncias por extorsión se han multiplicado durante los últimos años y la expansión de organizaciones vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal ha colocado la seguridad pública en el centro del debate electoral.

Fujimori propone endurecer la respuesta del Estado, incluso con una mayor presencia militar en zonas conflictivas. Sánchez, en cambio, sostiene que el problema no puede resolverse sin combatir la corrupción dentro de las instituciones de seguridad y justicia.

Los dos candidatos llegaron al balotaje con un respaldo limitado en la primera vuelta, reflejo de una ciudadanía fragmentada y desencantada. Sea cual sea el resultado, el próximo presidente enfrentará un Congreso dividido y la necesidad de construir alianzas para evitar que Perú continúe atrapado en el ciclo de crisis políticas que ha definido la última década.

La elección de este domingo no solo decidirá quién gobernará durante los próximos cinco años. También pondrá a prueba la capacidad del sistema democrático peruano para recuperar la confianza de una sociedad que reclama estabilidad, seguridad y un horizonte político menos incierto.