El Ministerio para la Transición Ecológica debe aprobar antes de que termine la primavera un real decreto que dará un espaldarazo definitivo a las comunidades energéticas, la herramienta de producción colectiva de electricidad renovable que supone un paso más al autoconsumo y que llevará a que vecinos, empresas, ayuntamientos o hasta feligreses de una parroquia se asocien y tengan capacidad jurídica hasta para vender la energía que no consuman, como un actor más de los que reconoce la Ley del Sector Eléctrico y entre los que figuran distribuidoras y comercializadoras de electricidad.El año 2025 cerró con 837 comunidades energéticas en España, constituidas como asociaciones o cooperativas, pero a pesar de ello hasta en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio, se reconoce que sigue siendo un ente confuso y todavía un gran desconocido. A pesar de ello, el decreto ley que aprobó el Gobierno el 20 de marzo con medidas para afrontar la guerra en Irán puso a correr el reloj y dio tres meses a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, para aprobar un real decreto que tanto cooperativas energéticas como la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) esperan que sea el espaldarazo definitivo para extender una nueva manera de asociarse en torno a la energía renovable, no solo para producirla y consumirla, sino para debatir sobre ella hacer que sus beneficios reviertan en la comunidad.

De forma más contante y sonante, el sector renovable espera cambios legales para los ayuntamientos no puedan negarse a la constitución y participación en comunidades energéticas y límites para que no 'acaparen' su actividad, así como para poner a sus miembros en pie de igualdad con distribuidoras y comercializadoras, permitiéndoles inyectar a la red y vender la electricidad que les sobre de sus consumos habituales. De este modo, dicen en el sector, dejarán de percibirse como 'una cosa de hippies'.

"La clave es la generación de un espacio donde se quiera hablar de necesidades energéticas del territorio", explica Santos sobre un modelo que replica en lo energético el modelo de las cooperativas agrícolas, por ejemplo. "El nivel de toma de decisiones colectivas es mayor que en el autoconsumo", explica la representa de UNEF.

Por eso, son un importante paso más desde el autoconsumo colectivo, porque estas pasarán a tener entidad jurídicas y una concienciación de sus miembros que va más allá de decidir poner placas fotovoltaicas con los vecinos, contratar a un instalador y pagar. "Tiene un punto de autoempoderamiento, se empieza a conocer cómo se genera y se consume energía", señala la responsable de este área de la UNEF, Paula Santos.No solo eso, una comunidad energética pasará a ser una entidad jurídica sin ánimo de lucro en la que sus miembros se reunirán de forma periódica para debatir cómo extender en sus barrios o pueblos el uso de energías renovables o qué financiar con sus recursos económicos.

Instalar puntos de recarga energética, hacer cursos de comprensión de la factura eléctrica como se hace en la localidad de Tona (Barcelona) o acompañamiento en "gestiones y trámites", como en el barrio sevillano de Torreblanca. También y de manera especial, estás las acciones relacionadas con la pobreza energética.

La Estrategia para 2026-2030 considera a las comunidades energéticas son una herramienta de la que pueden beneficiarse los consumidores vulnerables participando en ellas. Para incentivar su presencia prevé programas de ayudas a las comunidades "con inclusión activa de consumidores vulnerables".De las subvenciones a aportaciones de socios y ayuntamientosEn estos momentos, las comunidades energéticas adoptan forma de asociación o cooperativa y se financian principalmente con la aportación periódica de sus socios o los ayuntamientos que forman parte de ellas y que muchas veces toman la iniciativa aportando un terreno que después ceden a la comunidad energética o mediante subvenciones, como los 35,6 millones que concedió el año pasado el IDAE y por los que se crearon 27 nuevas comunidades energéticas.

Para más adelante se plantea también la posibilidad de vender la electricidad excedente.De entre las 837 comunidades energéticas que existían a cierre de 2025, el 70,7% abordan o tenían previsto abordar aspectos sociales. La mayoría un 51%, relacionadas con la pobreza energética; el 34%, con cuestiones de género; el 29%, la participación de colectivos vulnerables, y el 27%, el desarrollo rural.De acuerdo al mandato que dio el decreto de marzo, los socios de una comunidad energética tendrán los mismos derechos y obligaciones que los sujetos del sector eléctrico, como distribuidoras y comercializadoras, de modo que pueden "producir, consumir, y vender energías renovables", incluido a inyectar sus excedentes a la red de distribución y cobrar por ello.

Al mismo tiempo, los socio de una comunidad energética seguirán siendo de manera individual consumidores finales de electricidad.Fuentes del sector rechazan que, por la cantidad de electricidad de la que se trata, esto pueda suponer una amenaza para las compañía eléctricas, a pesar de que Transición Ecológica podría reservarles también un cupo específico para acceder a las subastas de electricidad. También está previsto que el decreto facilite su desarrollo, elimine obstáculos administrativos para su constitución y se procure la "cooperación" entre las grandes compañías distribuidoras y las comunidades energéticas para las "transferencias de energía".De cara a que en el futuro se desarrolle la posibilidad de inyectar los excedentes de electricidad a la red de distribución y venderlos, una de las cosas que más ha peleado la UNEF ha sido la creación de una "etiqueta" específica que las identifique y registre como comunidades energéticas, importante para darles derecho a participar en los cupos de subasta específicos.

El papel de los ayuntamientos Se espera que se defina mejor el papel de los ayuntamientos, que ahora son un socio importante para crearlas, por su conocimiento del terreno y por la mayor capacidad de persuasión para que también lo hagan vecinos y empresas. De hecho, participan como socio en un tercio de las comunidades energéticas que existen en este momento.

Pero lo que también sucede hoy en día es que un consistorio que no esté por la labor puede escudarse en que este no es un supuesto que aparezca en la Ley de Bases del Régimen Local. Pues bien, se espera que el decreto incluya que los ayuntamientos pueden participar o impulsar comunidades energéticas, de modo que ya no haya excusa.A la inversa, se pondrán límites a la participación municipal, para que no se convierta en hegemónica y anule el papel del resto de socios.

La regulación que ya existe impide que formen parte de una comunidad energéticas empresas para las que su participación en ellas no sean su actividad principal. De la misma manera, se espera que haga explícito que una comunidad energética no puede estar controlada por un solo miembro de forma mayoritaria, con un poder máximo de voto y que un solo socio -por ejemplo, un Ayuntamiento o el miembro que ponga más dinero- tenga mas del 50%.Cataluña, en zona rural y con menos de 20 sociosA pesar de ser grandes desconocidas y que en el propio IDAE se reconozca la dificultad para distinguirlas del autoconsumo colectivo, los datos muestran un crecimiento constante de las comunidades energéticas en España. 2025 fue el primer año en que se crearon más de las que ya existían.

El 10,3% de los municipios tienen una, mientras que en 2024 era el 8,1% y en proporción a la población, en España hay 1,77 comunidades energéticas por cada 100.000 habitantes.Todos estos datos forman parte del último Observatorio de Comunidades Energéticas que elabora anualmente la organización Energía Común a iniciativa de Ecodes y Redeia y que indican que las comunidades con más comunidades energéticas son Cataluña, Comunitat Valencia, País Vasco y Galicia y que en Canarias, Navarra, País Vasco y Galicia es donde más se constituyeron en 2025. En proporción a sus habitantes, lideran la clasificación Navarra con 11,2 comunidades energéticas por cada 100.000 habitantes, País Vasco (4,5) y Extremadura (4,3).Según este balance, la mayoría de las comunidades energéticas (65,5%) están en el ámbito rural, un 22,5% en el urbano -con casos tan céntricos como la comunidad energética del Casco Viejo de Toledo-, un 7,5% en barrios y un 4,4% en suelo industrial.

En la mayoría de los casos (39,2%), están formadas por menos de 20 socios o por entre 21 y 50 (31,7%) y son muy minoritarias las que superan los 200 (el 3,8% del total).