Dos elecciones en dos semanas pueden alterar el equilibrio político de América Latina. Los balotajes presidenciales de Perú —7 de junio— y Colombia —21 de junio— no solo definirán quién gobernará dos de las economías más importantes de Sudamérica.

También ofrecerán una lectura clara acerca de la dirección del ciclo político regional y sobre la capacidad de las distintas corrientes ideológicas para responder a una ciudadanía cada vez más impaciente, polarizada y desconfiada. El primer capítulo de esta secuencia electoral se escribirá este domingo en Perú.

La segunda vuelta enfrenta a Keiko Fujimori, candidata de derecha de Fuerza Popular e hija del autócrata expresidente Alberto Fujimori —quien compite por cuarta vez consecutiva en un balotaje presidencial—, con Roberto Sánchez, candidato de izquierda de Juntos por el Perú y vinculado políticamente al expresidente Pedro Castillo, en la actualidad encarcelado. Las propuestas de ambos candidatos reflejan dos proyectos de país claramente diferenciados.

Fujimori representa la continuidad del modelo económico: defensa de la inversión privada, apertura de mercados, disciplina macroeconómica y una agenda centrada en el orden y la seguridad frente al avance de la criminalidad. Al mismo tiempo, promete reconciliación nacional y unidad.

Sánchez, por su parte, canaliza el malestar de amplios sectores que consideran que los beneficios del crecimiento económico no se han distribuido de manera equitativa. Su propuesta plantea un Estado con mayor protagonismo en la economía y una agenda orientada a reducir las brechas sociales y territoriales.

Consciente de los límites electorales de una candidatura anclada exclusivamente en la izquierda, ha moderado su discurso e introducido ajustes a su programa buscando atraer tanto a votantes de centro como a sectores empresariales e inversores preocupados por la estabilidad económica. Ambos candidatos llegan al balotaje con apenas el 29% de los votos combinados —17% Fujimori y 12% Sánchez—, una legitimidad de origen débil que evidencia el proceso de “vaciamiento democrático” que afecta a Perú: un sistema donde siguen celebrándose elecciones, pero en el que los partidos son incapaces de canalizar demandas sociales, construir mayorías estables y producir gobiernos eficaces.

La geografía electoral revela la existencia de dos países que conviven dentro de un mismo territorio, pero que parecen hablar lenguajes políticos distintos. Lima y las principales zonas urbanas de la costa se inclinan mayoritariamente hacia Fujimori, mientras que el sur andino, amplias zonas rurales y regiones históricamente marginadas respaldan a Sánchez.

Detrás de esta división subyacen profundas diferencias económicas, sociales y culturales. Los analistas e inversionistas han reaccionado con cautela ante un eventual triunfo de Sánchez, advirtiendo que podría generar incertidumbre en sectores estratégicos como la minería, la energía y la infraestructura.

Una victoria de Fujimori, en cambio, sería percibida como una señal de continuidad para los mercados. En síntesis, las encuestas anticipan una definición de infarto.

Los principales sondeos sitúan a Fujimori y Sánchez en una situación de empate técnico, mientras persiste un porcentaje significativo de electores indecisos o que definirán su voto en las últimas horas antes de acudir a las urnas. La moneda sigue en el aire.

Fujimori y Sánchez llegan asimismo con elevados niveles de rechazo —expresados en el antifujimorismo y el anti castillismo— y sin haber logrado ampliar significativamente sus bases de apoyo más allá de sus respectivos núcleos duros. Para muchos electores, la lógica de elegir el mal menor continúa vigente.

No obstante, reducir la elección a una simple dicotomía entre mercado y Estado, o a las figuras de los candidatos, sería una simplificación excesiva. Perú enfrenta problemas estructurales de larga data.

Por ello, el próximo presidente deberá gobernar un país profundamente polarizado, reconstruir la confianza con la ciudadanía y los mercados, enfrentar con eficacia la creciente crisis de seguridad —hoy la principal preocupación de los peruanos— y construir, mediante acuerdos en el nuevo Congreso bicameral, las condiciones mínimas de gobernabilidad necesarias para evitar que el país continúe atrapado en el ciclo de inestabilidad política que lo ha llevado a tener ocho presidentes en apenas una década. Dos semanas después, el 21 de junio, Colombia celebrará una segunda vuelta presidencial que ya se ha convertido en una de las más polarizadas del mundo.

La primera vuelta dejó un resultado inesperado. El abogado Abelardo de la Espriella, outsider y representante de una nueva derecha —radical, populista y confrontacional—, obtuvo el primer lugar con el 43,78% de los votos.

Su rival será el senador Iván Cepeda, candidato del izquierdista Pacto Histórico y heredero político del proyecto impulsado por el presidente Gustavo Petro, quien alcanzó el 40,99%. A ello se suma que Petro rechazó los resultados y denunció fraude.

La elección representa la confrontación entre dos visiones profundamente distintas sobre el rumbo que debe seguir Colombia. De la Espriella propone revertir buena parte de las políticas impulsadas por Petro, reactivar la exploración petrolera y gasífera, fortalecer la seguridad y promover una agenda favorable al sector privado.

Cepeda, en cambio, plantea profundizar las transformaciones impulsadas por el actual gobierno, especialmente en materia social, ambiental y redistributiva. Los mercados recibieron con optimismo el resultado de la primera vuelta, al interpretar una eventual victoria de De la Espriella como el retorno a políticas más favorables para la inversión privada.

Paralelamente, la injerencia y el respaldo público de Donald Trump a su candidatura —similar al observado en anteriores procesos electorales en Argentina y Honduras— introdujo un factor de tensión política y una dimensión geopolítica inédita, trasladando parte del debate hacia el futuro de la relación estratégica entre Bogotá y Washington. No obstante, cualquiera sea el ganador, enfrentará un desafío similar al de Perú: gobernar en un contexto de elevada polarización, sin una mayoría legislativa sólida que garantice la aprobación de sus principales iniciativas y debiendo afrontar desafíos de enorme magnitud.

Cuando se cuenten los últimos votos en Perú y Colombia, América Latina habrá enviado una señal clara sobre la dirección de su ciclo político. Si Fujimori y De la Espriella se imponen, se consolidará el giro hacia la derecha que ya se observa en la región y que ha marcado 13 de las 16 elecciones celebradas desde 2023.

Si, por el contrario, triunfan Sánchez y Cepeda, el progresismo demostrará una capacidad de resiliencia mayor a la prevista y la atención regional se desplazará inmediatamente hacia las elecciones presidenciales de Brasil, la gran batalla política de 2026, en la que Flavio Bolsonaro buscará poner fin a la continuidad de Lula. Resumiendo: el verdadero significado de estos comicios va más allá del resultado ideológico.

Perú y Colombia reflejan un desafío que atraviesa a toda América Latina: sistemas políticos que siguen celebrando elecciones, pero que encuentran crecientes dificultades para generar estabilidad, gobernabilidad y responder oportuna y eficazmente a las crecientes demandas de sus sociedades. Por ello, lo que está en juego en Perú y Colombia trasciende la identidad de sus próximos presidentes.

La verdadera prueba es si las democracias latinoamericanas —sometidas a creciente presión— aún conservan la capacidad de resolver democráticamente los problemas de la democracia y evitar los atajos autoritarios. En una región marcada por la hiperpolarización tóxica, la fragmentación política, la inseguridad y el creciente malestar ciudadano, la legitimidad ya no se mide únicamente en las urnas.

Se mide, cada vez más, en la capacidad de gobernar, producir resultados y recuperar la confianza perdida. El autor es director y editor de Radar Latam 360 @zovatto55.