Alguien susurró en el oído de Javier o de Karina Milei -quién lo sabe- que María Verónica Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Sucedió poco antes de que el acuerdo para Michelli como jueza de un tribunal oral de La Plata se pusiera a la firma de los miembros de la Comisión de Acuerdos del Senado.

Entonces llegó, fulminante, la orden de retirar el pliego. Los senadores no libertarios de la comisión tomaron también en el acto sus lapiceras y firmaron el dictamen a favor de Michelli.

Eran mayoría, y esa mayoría se amplió aun más cuando llegó al recinto. La confusión intelectual se mezcló con la impericia política.

Perspicaz, Patricia Bullrich fue la única que vaticinó la derrota, trató de convencer al Gobierno de dar marcha atrás con el caso Michelli y terminó apartándose ella sola del desastre final. Cuando comprobó que el acuerdo para Michelli tenía votos de sobra, Bullrich prefirió abstenerse para no romper tan ostensiblemente con la hermana de Milei, Karina, quien dio la orden de frustrar a Michelli.

En rigor, es el jefe de Gabinete, Manuel Adorni (con los márgenes políticos muy encogidos desde que no puede explicar sus gastos), el responsable de la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso. Es, por lo tanto, el responsable del naufragio que acaba de ocurrir.

Es raro que una administración política haya pasado en poco más de quince días de contar con 58 votos a favor en el Senado a un mismo cuerpo legislativo en franca rebeldía; el Gobierno recibió 44 votos en contra, apenas cuatro votos menos que los dos tercios. Aquella catarata de votos a favor sucedió cuando el Senado trató el pliego para prorrogar la condición de miembro de la Cámara de Casación del juez Carlos Mahiques, que está a punto de llegar al límite de los 75 años que establece la Constitución, y que es el padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La desdicha del oficialismo se consumó el jueves pasado, cuando una considerable mayoría del Senado votó para que la abogada Michelli, con una extensa carrera judicial y académica, se convirtiera en jueza. Fue una de las pocas veces que el mileísmo perdió una votación en el Senado.

Antes, le habían rechazado los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla para ser designados como jueces de la Corte Suprema. También antes, el Senado había rechazado un decreto de necesidad y urgencia del Presidente que disponía una considerable ampliación de fondos para el servicio de inteligencia.

Si hay motosierra, que la haya para todos. Salvo esos dos antecedentes, Milei no perdió ninguna otra votación, a pesar de que su partido fue siempre minoritario en el Congreso.

El jueves pasado volvió a chocar con una pared invisible, que la construye casi instintivamente una sociedad con oportunos reflejos para no admitir el autoritarismo y ni siquiera los caprichos políticos. Cristina Kirchner chocó varias veces con ese muro intangible; a Milei le sucede lo mismo.Los 58 votos que consiguió la prolongación del juez Mahiques como magistrado llevó el éxtasis del Gobierno al extremo de imaginar que podía cubrir las dos vacantes de la Corte Suprema con candidatos propios.

Los jueces supremos necesitan el acuerdo de 48 votos senatoriales. “Nos sobran 10 votos”, se pavoneaban. Se equivocaban y se equivocarían si siguieran creyendo en esos espejismos.

Una cosa es prorrogar la estabilidad de un juez que ya está en funciones y otra cosa es nombrar a los jueces de la instancia judicial más elevada del país. Una cosa es echar a patadas a funcionarios nombrados por el propio Milei y otra cosa es meterse con las designaciones de magistrados judiciales solo porque aspiran a la venganza o porque quieren conformar al odio.

El ministro Mahiques no pudo o no quiso, ya sea por retribución a la decisión de Milei a favor de su padre o por escasez de carácter, detener a tiempo la injusticia que se proponían ejecutar con la abogada Michelli. El ministro llegó a comparar el retiro del pliego con el que también hizo, masivamente, Alberto Fernández cuando llegó a la presidencia, como lo han hecho casi todos los presidentes con los pliegos que habían enviado al Senado sus antecesores.

Pero existe una diferencia fundamental: aquellos pliegos no contaban con el beneplácito de la comisión de Acuerdos de la Cámara. Una vez tratados y aprobados en la Comisión de Acuerdos los pliegos de los jueces propuestos por el Gobierno, el caso ya es del Congreso y no solo del Ejecutivo.

¿El ministro Mahiques ignora esa situación o solo parece ignorarla en un discurso que nadie debe creerle? Voces cercanas al mileísmo en el Senado, aunque no libertarias, aseguraron que ni el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, ni el más influyente asesor presidencial, Santiago Caputo, pidieron congelar el pliego de otro juez.

O de otra jueza, porque se les atribuyó que habían reclamado que se hiciera con María Fernanda Bernan, candidata a jueza de los tribunales ordinarios, lo mismo que Mahiques había hecho con la cuñada de Alconada Mon. “Bernan es una buena funcionaria judicial”, aseguran haberlo escuchado decir a Amerio, que fue viceministro de Justicia en tiempos de Mariano Cúneo Libarona. El fragor de la lucha interna no cesa, y el generoso reparto de versiones es uno de sus recursos.

Del mismo modo, debe señalarse que la insistencia en criticar la postulación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, como juez de un tribunal federal de Santa Fe es otra injusticia. Rosatti hijo pasó por un examen en el Consejo de la Magistratura y tuvo un excelente resultado.

Si estuvo mal que intentaran detener la designación de la cuñada de un periodista que investiga al poder, también está mal negarle la carrera judicial a una persona por ser hijo de uno de los más destacados jueces del país.La familia constituye un límite que las internas de la política deben respetarLa familia constituye un límite que las internas de la política deben respetar. Nunca se había llegado a tanto con el familiar de un periodista como sucedió con Alconada Mon, que investigó el caso de supuesta corrupción con la criptomoneda $Libra y los sobornos que denunció en la compra de medicamentos el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Los dos casos nombran a Karina Milei. La familia del periodista Diego Cabot fue víctima indirecta de la persecución; Cabot es autor de la monumental investigación que terminó con el llamado “caso de los cuadernos”, la mejor biografía de la corrupción kirchnerista escrita por un chofer.

Pero una represalia directa y explícita como que la que padeció la cuñada de Alconada Mon es un caso único. ¿Cómo sigue el caso de Michelli?

Ahora el Presidente debería firmar el decreto que la designará formalmente como jueza de un tribunal oral de La Plata. El ministro Mahiques expresó que el jefe del Estado tiene la facultad de firmar ese decreto o de no firmarlo.

Miente. Una candidata a jueza, cuyo pliego fue enviado por el propio gobierno de Milei y que ya fue aprobado por el Senado, obliga al Presidente a la designación de esa magistrada.

La aprobación de Michelli fue la decisión mayoritaria del Senado y el Presidente debe respetar la voluntad del Poder Legislativo. Sabemos que la división de poderes es fundamental para una República desde que Montesquieu escribió El espíritu de las leyes.

El Presidente ha dicho que tiene la facultad de proponer al Senado los nombres de futuros jueces y que también tiene derecho a retirar esos nombres. La primera parte es cierta; la segunda es la diferencia entre la discrecionalidad y la arbitrariedad, sobre todo si no se explica claramente por qué se cambió de opinión.

Y no pueden explicar que Michelli tiene la culpa de ser cuñada de Alconada Mon. Sobre este caso, el abogado Bernardo Saravia Frías escribió: “Estamos ante un caso neurálgico, más allá de las personas involucradas: la mejor manera de ejercer el poder es limitándolo, porque así se vuelve previsible.

Esa es la fuente de la seguridad jurídica, punto de apoyo básico de una economía estable y de un país en progreso”. ¿No son, acaso, la estabilidad económica y el progreso las promesas elementales de Milei?

El maltrato al Congreso y a la Justicia son los peores métodos para alcanzar esos propósitos. No firmar el decreto de Michelli sería claramente un caso de abuso de poder.

La organización no gubernamental Será Justicia le pidió el viernes formalmente a Milei que ponga la firma de una buena vez. Si no lo hiciera, cometería un acto de lo que en la actualidad se llama “violencia vicaria”; se trata de la violencia de género que se comete a través de la familia de una mujer.

Michelli es una mujer y Alconada Mon forma parte de su familia. No firmar el decreto de Michelli sería claramente un caso de abuso de poderA propósito del abuso de poder, coincidentemente con esas arbitrariedades de algunos gobernantes se conoció una sorprendente carta de un juez de la Cámara de Casación, la más alta instancia penal del país.

Se trata del mismo juez Mahiques, a quien el Senado acaba de aprobarle el acuerdo para que permanezca en el cargo hasta los 80 años. El juez ratificado escribió que es víctima de un “acoso mediático” y pidió que se apliquen “sanciones éticas” por el intercambio de información entre los jueces y el periodismo.

El increíble juez se expresó ofendido con el periodismo y cometió una injusticia: habló de un periodismo “oportunista y mercenario” sin dar nombres ni citar casos comprobados. ¿Acaso todo el periodismo es oportunista y mercenario?

¿No es un juez quien tiene una mayor obligación con la prueba antes de calificar y juzgar? Mahiques pidió también en su carta que se prohíba a los jueces hablar con los periodistas.

Debe subrayarse que Mahiques hablaba con periodistas hasta que se conoció su festejo cumpleañero en la megaquinta de Pablo Toviggino en Pilar; Toviggino es tesorero, amigo y quizás cómplice del mandamás de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, acusado de delitos de corrupción por unos 400 millones de dólares. ¿No existió esa fiesta?

Si fuera así, el juez contó con más de una oportunidad para desmentirlo. No lo hizo nunca.

Pero desde entonces no habla con periodistas. La conclusión es que, para él, está bien que los jueces conversen con periodistas siempre que los magistrados no sean criticados.

Peor: ningún juez debe hablar con ningún periodista solo porque lo criticaron a él. Si eso no es abuso de poder, se le parece demasiado.

Para su desgracia, coincidentemente con su carta, el exjuez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda pronunció un impecable discurso sobre la libertad de prensa y expresó que los funcionarios públicos (y un juez lo es) tienen “derechos restringidos” con respecto de los ciudadanos comunes y corrientes. Están, quiso decir, más expuestos que la gente de a pie al escrutinio público.

El único derecho que nadie les puede negar a los funcionarios es a desmentir una información falsa. Mahiques padre no desmintió nunca nada hasta que se despachó con un torrente de ofensas colectivas a los periodistas.

Es, de todos modos, un caso raro que un juez pida represalias contra periodistas o que les niegue el derecho a contar con fuentes serias de información; las fuentes de información de los periodistas son uno de los derechos de la prensa que protege la Constitución, según recordó Maqueda en ese mismo discurso. Y es extraño porque la Justicia es precisamente el último refugio de la libertad de prensa.

Mahiques padre cambió el orden natural de las cosas.El gobierno de Milei tropezó con otro fracaso senatorial en ese jueves ingrato. Un grupo de senadores aliados se negaron a tratar la ley que autoriza la venta de tierras a extranjeros.

No objetaban el sentido amplio del proyecto; simplemente encontraron un detalle escondido que no podían aceptar. Un párrafo autorizaba entre líneas la venta a otros países de tierras en el espacio soberano argentino. “¿Y qué pasaría si China o los Estados Unidos compraran Tierra del Fuego?”, interrogaron a los oficialistas.

Silencio. Sin una respuesta cierta, el mileísmo se limitó a retirar ese proyecto de la sesión del jueves y pasarlo para la semana que se inicia.

Seguramente cambiarán ese párrafo, anticipó el oficialismo. La pared se levantó de nuevo y Milei volvió a chocar con ella.

La política tiene sensores que detectan los límites. La nueva casta no tiene sensores.