Los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 muestran que la corrupción no cede y la confianza en la vida pública se desplomó a un año del actual sexenio. Levantada en 41 mil viviendas del 31 de octubre al 16 de diciembre, la ENCIG documenta, entre otras gravedades, que Sinaloa es donde más aumentaron las malas calificaciones.

Se trata de una encuesta que mide la confianza de los ciudadanos en la administración pública, su evaluación de los servicios básicos y públicos y cómo se percibe y se padece la corrupción. Una de las pésimas noticias a nivel nacional es que dos de cada tres personas que tuvieron contacto con una autoridad de seguridad pública fueron víctimas directas de al menos un acto de corrupción.

Realizada desde 2011, cada dos años, en ciudades altamente urbanas, la ENCIG registra percepción, incidencia y prevalencia de este mal, examinando las experiencias de las personas de manera directa. En 2025, 84.1% de las personas percibieron corrupción en su entidad; en 2023 fue 83.1%.

La mayor frecuencia de episodios de corrupción se notificó en estados con gobiernos de Morena: Michoacán, Baja California, Ciudad de México, Sinaloa y Oaxaca. Las entidades con menor registro de casos tienen, en su mayoría, autoridades de oposición: Querétaro, Yucatán, Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León.

La incidencia en la corrupción alcanzó el año pasado una tasa de 27 mil 438 por cada 100 mil habitantes; en 2017 fue de 25 mil 541; de 30 mil 456 en 2019 y de 25 mil 995 y 25 mil 394 en 2021 y 2023. Ese indicador se refiere a permisos relacionados con la propiedad, trámites en municipios, fiscalías, ministerios públicos e instituciones educativas; llamadas de emergencia a la policía, atención médica y pagos de predial y tenencia, entre otros.

Hidalgo es la entidad donde más actos de corrupción se registraron en la realización de trámites y servicios; seguida de Tabasco. Una señal de alarma de la ENCIG 2025 se refiere al incremento de incidentes de corrupción en trámites y servicios por parte de autoridades de seguridad pública, al pasar de 59.4% a 63.5% en dos años.

Son cifras que nos permiten señalar que, después de ocho años de la autoproclamada Cuarta Transformación, seguimos estancados en este padecimiento y experimentamos retrocesos. El más ilustrativo de los indicadores es el de la prevalencia, incorporado en los objetivos del desarrollo sustentable de Naciones Unidas, conocido como “la victimización de corrupción” y que en 2025 fue de 15.6%.

Esto significa que, por cada 100 mil habitantes que tuvo contacto con alguna persona servidora pública, 15 mil 642 ciudadanos se consideraron en esa condición. Es una muy mala noticia si se compara con las encuestas anteriores, cuando las víctimas de corrupción fueron menos: 13 mil 966 en 2023; 14 mil 701 en 2021; 15 mil 732 en 2019 y 14 mil 635 en 2017.

Las entidades donde se registraron las mayores tasas de prevalencia fueron Hidalgo, con 21 452 personas afectadas; Oaxaca, con 20 mil 330, y Sinaloa, con 19 mil 836 por cada 100 mil habitantes. Desmintiendo los relatos oficialistas, la ENCIG 2025 ofrece datos sobre cómo cayó en dos años la satisfacción con el transporte público (Metro y Tren Ligero) de 62 a 57%; en las autopistas con caseta de 70 a 62%; en educación pública de 71 a 69%; en centros de salud y hospitales de gobierno en los estados de 58 a 49%; en el ISSSTE, de 49.3 a 45.8 y en el IMSS de 48.7 a 43.3.

La Encuesta da cuenta, asimismo, de la dramática caída de la confianza en la mayoría de las instituciones y actores, incluyendo a la familia, con 84.8%, mientras en 2023 tenía 87.4%. El descenso podría calificarse de desplome para el gobierno federal en la medición del “grado de percepción de confianza de la sociedad” al pasar de 59.1% en el penúltimo año del sexenio anterior a 46.5% a finales de 2025.

Una resta de 12.6 puntos. En esa escala de la valoración social, una tendencia similar se observa para el Ejército y la Marina que pasaron de 71. 5 a 62%; y para la Guardia Nacional que bajó de 65.6 a 56.2%.

Los gobiernos estatales y municipales también perdieron ocho y siete puntos en la confianza de los ciudadanos, adjudicándose grados de 40.4 y 42.8% en 2025. Por estados, la reprobación en la confianza social se concentra en Sinaloa, donde bajó más de 51% en dos años; y en Zacatecas, Baja California, Michoacán y Oaxaca; Baja California Sur y Guerrero experimentaron caídas de 41%.

Las mejores notas quedan en Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Aguascalientes y Chiapas. Para consuelo de quienes descendieron en la medición de la confianza, los números rojos se los llevan los partidos políticos (23.9%), el Congreso (29.7%); ministerios públicos y fiscalías, sindicatos y policías (34 %).