Desde hace por lo menos seis años que el Sindicato de Camioneros, a cargo de Hugo Moyano, le perdona miles de millones de pesos a la obra social del gremio (Oschoca), cuyo fondo de comercio lo tiene Iarai SA, una empresa de servicios médicos que es de Liliana Esther Zulet, la esposa del histórico líder sindical. El acto administrativo que habilita la condonación y la transferencia de miles de millones de pesos de una cuenta bancaria a otra fue aprobado en asambleas sindicales en las que Moyano nunca tuvo oposición.

Se avaló todo a mano alzada. La crítica situación financiera de la obra social de los camioneros empujó a Moyano a vender propiedades y a recurrir a la ayuda mensual de los empresarios para evitar un colapso.

Así y todo, el pasivo crece cada año: pasó de $7944.892.541 millones en 2023 a $27.046 millones en 2024, de acuerdo a los libros de memoria y balance de esos dos períodos a los cuales accedió LA NACION. Asimismo, la recaudación no tiene visos de repuntar: la cantidad de aportantes bajó en los últimos años de 90.000 a 72.719 trabajadores, según registros confiables.

Se trata de los camioneros registrados bajo el convenio laboral 40/89 en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. A todos ellos se les descuenta de su salario bruto un 3% que se suma al 6% que aporta por ley el empleador.

A mayo de este año, según la información que hizo pública el gremio, los sueldos de los camioneros oscilan entre $896.768, el más bajo, y $1.824.701, el más alto, sin contar los adicionales por viáticos y horas extras, uno de los atajos que mejoran la remuneración final. Sin objeciones internas, Moyano intensificó la ayuda financiera en los últimos tres años.

El Sindicato de Camioneros le transfirió a Oschoca $3157.731.000 millones, en 2023; $3594.604.000 millones en 2024, y $4611.672.225 millones en 2025. En lo que va de 2026, según pudo comprobar LA NACION, hubo siete transferencias bancarias entre el 4 y el 13 de febrero por un total de $2971 millones.

Es decir, el salvataje para el período en curso recién comenzaría. Fuentes cercanas a Moyano admitieron a LA NACION el déficit y los problemas de caja, pero desestimaron que la obra social se encamine hacia una quiebra o que vaya a activar una convocatoria de acreedores. “Todos los gremios están financiando a sus obras sociales por las dificultades del sistema de salud”, relativizó la crisis un dirigente de extrema confianza del jefe camionero.

El fondo de comercio de Oschoca lo desarrolla Iarai SA, una de las empresas que ideó Zulet en 2003, cuando fue el momento de mayor expansión y poder de Moyano. En su directorio están Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet, dos hijos que Zulet tiene de otros matrimonios antes de casarse con el jefe camionero.

La obra social le transfirió fondos recientemente a la compañía de Zulet a través de un fideicomiso llamado Dhanvantari, cuyo domicilio fiscal es el mismo que Iarai y otras dos empresas (Dixey y Aconra) de la familia que mantienen negocios casi de manera exclusiva con el gremio de los camioneros.Asimismo del salvataje del gremio, la obra social recibe un auxilio financiero mensual a partir de los empresarios, que aceptaron otorgar un aporte mensual de $28.000 por trabajador que va directamente a la prestadora médica. Empezó como un pago extraordinario y ahora es un ítem salarial adicional que se añade a los aportes convenidos por ley.

Este aporte extraordinario fue autorizado por la Secretaría de Trabajo a pesar del intento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar este tipo de compensaciones. Ahora, con la denominada ley de “modernización laboral” en vigencia, este tipo de aportes, en ocasiones llamados cuota solidaria, no podrá superar el 2%.

Significará otro golpe para la recaudación sindical.La crisis financiera de Oschoca, que suspendió prestaciones y entrega de medicamentos, no es una excepción en el sistema. En un documento reciente, la CGT alertó sobre el riesgo de cierre de muchas obras sociales por el crecimiento de los costos. “Un sistema de seguridad social como el nuestro, que financia atención médica con un porcentaje del salario (9% del salario) que presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales, que superan ampliamente los índices de costo de vida, limita cada vez más la posibilidad de cobertura”, advirtió la central obrera.

Y añadió: “El promedio de recaudación del sistema está en $67.525 por beneficiario, lo que implica que hay más de 9 millones de afiliados que se encuentran por debajo de este promedio, equivalente al 67 % de la población de obras sociales nacionales. Pero lo que resulta más importante es el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO), que rondaría los $90.000 per cápita, es decir, una cifra que se encuentra casi un 25 % por encima de la recaudación promedio del sistema”.

Con este mensaje, la CGT justificó la intromisión económica de los sindicatos en sus respectivas obras sociales. Por esta situación, Moyano y su esposa comenzaron a ser blanco de los reclamos de los afiliados por la falta de prestaciones médicas.

Para afrontar la crisis, el jefe camionero evalúa poner a la venta el Sanatorio Antártida, ubicado sobre la avenida Rivadavia, en Caballito, y exhibido muchas veces como una institución modelo. De los libros contables del Sindicato de Camioneros surgieron otros datos reveladores.

Por ejemplo, que Moyano administra 44 inmuebles en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y que entre 2024 y 2025 destinó $589.448.285 para “marchas, paros y movilizaciones”. Un detalle que refleja que el aparato sindical no se activa solo por lealtad y convencimiento.