RECONQUISTA.— Este viernes se llevó a cabo en los Tribunales de Reconquista la audiencia imputativa y de medidas cautelares para A.F.S. y S.E.O. , numerarios del área operativa de la Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe (PDI). Los efectivos fueron imputados por encubrir a narcotraficantes, con la agravante de ser funcionarios públicos, en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El juez de la Investigación Penal Preparatoria, Mauricio Martelossi, dictó la prisión preventiva sin plazo para los dos imputados. La resolución llegó luego de convalidar la calificación legal provisoria presentada por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) , haciendo lugar a su pedido y rechazando los planteos de la defensa, que se opuso a la medida.

La acusación estuvo representada por el fiscal local, Sebastián Galleano, acompañado por el jefe de la unidad especial de lucha contra el narcotráfico del MPA, Franco Carbone, y el jefe de la Región Norte del organismo, Diego Vigo. Por su parte, el abogado Aldo Gerosa asistió legalmente al oficial, mientras que Ezequiel González y Melina Chávez ejercieron la defensa de la uniformada.

Habló el fiscal El fiscal de la causa indicó que esta imputación surge luego de la filtración de información sobre los allanamientos realizados el viernes pasado 29 de mayo en la localidad de Avellaneda. «Y concretamente también me encontré acompañado y hemos litigado en la audiencia con la jefatura de la unidad fiscal de microtráfico de la Fiscalía General, el doctor Franco Carbone y el doctor Diego Vigo», valoró el funcionario judicial. Recordó que este viernes se los imputó a los efectivos policiales: «La calificación jurídico-legal, que es la de encubrimiento agravado en razón de la calidad que revisten los sujetos activos del delito, es decir, ser integrante de la Fuerza de Seguridad de la PDI, en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Y hemos desarrollado también, incluso hemos dividido en bloques para ordenar la exposición, la evidencia fundante de esta atribución y se ha desarrollado luego, digamos, la audiencia de medidas cautelares», mencionó el Dr. Galleano.

Filtración Reiteró que esta investigación se inicia a raíz de la realización de 18 allanamientos simultáneos en la localidad de Avellaneda el pasado 29 de mayo. El resultado de estos allanamientos se vio frustrado y se consiguieron elementos incriminantes sobre solamente dos de los objetivos, siendo un trabajo coordinado de 18 objetivos, y a raíz de ello se remite, se llega a una presentación en el Centro Territorial de Denuncias de una denunciante que mencionaba una probable filtración», dio a conocer.

Añadió que, en razón de ello, se llevó a cabo un trabajo coordinado también con la Fiscalía General y con la Jefatura de la Unidad de Microtráfico. «Hemos desarrollado toda una investigación donde hemos permitido conectar a estos dos agentes de PDI y con la evidencia que teníamos hasta el momento, es decir, capturas de pantalla, titularidad de líneas telefónicas, entrevistas a testigos y demás elementos que nos permitían, con el grado de probabilidad requerido en esta instancia del proceso, vincularlos a los hechos investigados», resaltó el representante del MPA. Galleano aseveró que «los policías que quedaron en preventiva ayudaron a un hombre investigado por vender drogas y a otras personas vinculadas a él a dificultar el accionar del MPA y las fuerzas de seguridad».

Subrayó que «se aprovecharon de su condición de funcionarios púbicos con acceso a información confidencial». «Mientras la suboficial estaba de licencia, el otro imputado le comunicó la fecha exacta en la que iban a ser allanados una serie de domicilios en Avellaneda», expuso el fiscal. «A su vez, la uniformada alertó por WhatsApp a uno de los residentes en esos inmuebles, a fin de que tanto él como los integrantes de su entorno pudieran eludir la persecución penal», expresó. En tanto, Galleano explicó que «hay evidencias de que cuando se descubrió la filtración, los imputados hablaron entre sí acerca de los mensajes que los comprometían, eliminaron conversaciones y descartaron dispositivos móviles». «Para procurar su impunidad, los integrantes de la PDI investigados trataron de instalar la hipótesis de que los datos habían sido difundidos por otros miembros de la fuerza», destacó el fiscal. «Por sí mismos o por terceros a los que se lo pidieron, confeccionaron imágenes digitales que simulaban ser capturas de pantalla de chats de WhatsApp que sus superiores y compañeros de trabajo supuestamente habían mantenido con referentes de los inmuebles allanados», puntualizó.

Calificaciones penales Al oficial y la suboficial imputados se les endilgó la coautoría de los delitos de encubrimiento agravado (por ser funcionarios públicos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Microventa barrial Galleano mencionó que «si bien la mayoría de los allanamientos tuvieron resultados negativos por los recaudos que los in