El pasado 7 de mayo, el Ministro de Defensa y los alcaldes de las principales ciudades portuarias, en compañía del representante de UNODC, realizaron el primer Comité Nacional de Seguridad y Protección Marítima, donde se definieron las líneas de acción para aplicar el Decreto 1086 de 2025, que representó un cambio histórico en la seguridad portuaria del país.El pasado 7 de mayo, en la sede de la Policía Nacional, se celebró por primera vez el Comité Nacional de Seguridad y Protección Marítima.DimarDurante décadas, la seguridad en los puertos colombianos se midió en guardias, cámaras e inspecciones. No obstante, persistían las vulnerabilidades en los controles, como consecuencia de la injerencia de redes criminales en los puertos.

Ejemplo de esto, es la manipulación de procesos importantes, que facilita el ingreso y salida de mercancías ilícitas al país. Ese esquema quedó atrás luego de la expedición del Decreto 1086 de 2025, el cual fue lanzado en abril pasado en el Puerto de Buenaventura.

Esta norma representa un cambio histórico al reconocer, por primera vez de manera expresa, que la corrupción es una amenaza directa a la seguridad y protección marítima y portuaria, capaz de comprometer la seguridad marítima y portuaria.Se trata de la primera norma en el país que incorpora la gestión de los riesgos de corrupción dentro de los planes oficiales de protección portuaria. Básicamente las empresas concesionarias y los Oficiales de Protección, que son empleados de puertos, tendrán que identificar, evaluar y mitigar esos riesgos en procesos tan concretos como el manejo de carga, los accesos, las inspecciones y la contratación con terceros.Este Decreto indica que “proteger los puertos ya no implica únicamente fortalecer controles operacionales, sino blindar institucionalmente aquellos procesos, decisiones y actores que pueden ser instrumentalizados por estructuras criminales”.

De acuerdo con el análisis de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) -que apoya esa iniciativa- “la corrupción deja de ser entendida como una irregularidad periférica para convertirse en una capacidad habilitante del crimen organizado transnacional en los puertos del país”.La elección de Buenaventura para el lanzamiento no fue al azar, sino que tiene una enorme carga simbólica. Es por ese corredor portuario, ubicado en el corazón del Valle del Cauca, en pleno suroccidente del país, que transita cerca del 40 % de las exportaciones e importaciones del país.

Eso también lo lleva a ser un escenario de riesgo frente al narcotráfico, contrabando, lavado de activos, tráfico de armas y minería ilegal.Este cambio en el entendimiento del concepto de la seguridad portuaria y marítima surgió de un trabajo conjunto entre las autoridades nacionales y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. En el año 2023 se identificaron 151 riesgos y 37 tipologías de corrupción en los cinco puertos principales del país, que evidenciaron que la corrupción no es aislada sino que es un patrón estructural que favorece el crimen organizado.

Se destaca entre otros, las inspecciones manipuladas, los regímenes aduaneros usados fraudulentamente, las redes criminales infiltradas en cargos clave y los vacíos de control en zonas de fondeo. “A través de un enfoque sistémico e innovador, centrado en el Sistema de Valor de la Cadena Logística Portuaria, fue posible proponer controles para mitigar los riesgos de que las economías criminales aprovechen vulnerabilidades distribuidas a lo largo de múltiples procesos, actores e interacciones institucionales e infiltren las dinámicas del comercio marítimo”, dice UNODC. Esta propuesta busca anticipar estas vulnerabilidades mediante el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la creación de mecanismos de denuncia seguros.Asimismo de la gestión de riesgos de corrupción, esta norma fortalece la coordinación entre autoridades de defensa, control, supervisión y sanción penal.

Asimismo, busca impulsar programas de formación en ética. El pasado 7 de mayo, en la sede de la Policía Nacional, se celebró por primera vez el Comité Nacional de Seguridad y Protección Marítima, presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y convocó a 17 entidades del orden nacional, incluidas la Armada, las Fuerzas Militares y la Dirección General Marítima (Dimar) y a autoridades locales, como los alcaldes y empresas concesionarias.

En este espacio se definieron las líneas de acción para enfrentar fenómenos complejos como los ciberataques y el lavado de activos, reafirmando que la integridad institucional es hoy el núcleo de la seguridad marítima nacional. Con este avance, Colombia busca no solo proteger sus fronteras, sino fortalecer la confianza internacional y la competitividad de sus terminales portuarias.La implementación de este avance normativo, liderada por las entidades del sector defensa bajo la coordinación del Ministerio de Defensa Nacional, contará con el respaldo UNODC y del Reino de los Países Bajos, en el marco de un proyecto de cooperación internacional orientado a consolidar la integridad como un componente central de la seguridad marítima nacional.*Contenido en alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)