En un contexto en el que el deterioro reputacional e institucional de España entra en fase inquietante estamos ante un panorama mediático que fomenta la "pena del Telediario". Para el lector que no esté familiarizado con el término, nos referimos a un episodio que suele implicar la detención de personajes famosos, normalmente políticos o millonarios, acusados de graves delitos de corrupción en operaciones que suelen comenzar con el arresto del afectado con retransmisión en directo por cadenas de radio, televisión y redes sociales que, en ocasiones, han sido citadas en el lugar de los hechos por la misma policía judicial.

Es el inicio de un viacrucis que suele durar años y que, muchas veces, destruye la vida del afectado y de todo su entorno familiar y social. Muchos han terminado absueltos luego de el correspondiente juicio oral, cuando no desimputados por el juez instructor.Vemos estos días dos casos claros de este tipo: Jonathan Andic, con media docena de agentes de los Mossos d’Esquadra, paseado con esposas del juzgado a los calabozos y a la inversa.

Su imagen, que se ha difundido por televisiones de todo el mundo, ha quedado manchada y nadie, ni los futuros miembros de un tribunal popular, lo olvidarán. Andic prepara su defensa con el asesoramiento de un sólido equipo de abogados penalistas.

¿Se acuerdan de Luis Medina? ¿El empresario, aristócrata y eventual famoso de la prensa rosa?

Pues bien, ha sido absuelto en el llamado caso mascarillas. Medina ha quedado exonerado de este asunto, pero… ¿se ha restablecido su honorabilidad e imagen pública?

Creo que no. La "pena del Telediario" fue más fuerte que la resolución judicial.Estos días Jonathan Andic y José Luis Rodríguez Zapatero se ven sometidos al juicio paralelo de la sociedad que, alimentada por medios de comunicación y redes sociales, ya ha emitido sentencia sobre personas que aún no han sido condenadas por un tribunal.

El presunto homicidio de Isak Andic a manos de su hijo y la imputación del expresidente Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra son solo los ejemplos más recientes de un problema estructural. Asistimos a una condena social anticipada.

Antes de que exista sentencia firme la opinión pública ya ha dictado veredicto. El encausado pasa de ser "investigado" a "culpable" en el imaginario colectivo.

Su honor, su reputación y, en muchos casos, su capacidad para defenderse se ven comprometidas.En el caso de Jonathan Andic, la muerte de su padre en diciembre de 2024 se trató inicialmente como un accidente de senderismo. Más de un año después, la investigación dio un giro: detención por presunto homicidio, fianza millonaria y libertad provisional.

Jonathan ha defendido públicamente su inocencia y ha presentado pruebas que, según su defensa, apuntan a un trágico accidente. No obstante, durante semanas, la imagen de un hijo presuntamente parricida ha dominado portadas, tertulias y conversaciones.

Aunque la Justicia no ha dictado sentencia, su honorabilidad ya ha sufrido un daño irreversible en el ámbito familiar, empresarial y social.Algo similar ocurre con Zapatero. El expresidente ha sido imputado por primera vez en democracia como investigado en una causa de corrupción vinculada al rescate de Plus Ultra y presuntas tramas de influencias.

El mero hecho de su imputación ha desatado un linchamiento mediático y político en el que se le presenta, según el color ideológico de quien opine, como un estadista honorable perseguido o como el vértice de una red corrupta. En ambos extremos, la presunción de inocencia queda sepultada bajo el ruido.Esta presunción se consagra según el artículo 24 de la Constitución como un pilar del Estado de derecho.

No obstante, la opinión pública la convierte en presunción de culpabilidad. El daño reputacional precede (y a veces condiciona) al daño judicial.¿Qué hacemos para proteger la honorabilidad?

La solución no pasa por censurar la información ni limitar la libertad de expresión, sino por fortalecer una cultura jurídica y periodística más madura. Los jueces deberían ser estrictos con las filtraciones que vulneran el secreto de sumario.

Los medios, rigurosos en el uso del condicional y en la separación clara entre hechos probados e hipótesis. Y la ciudadanía, consciente de que participar en un linchamiento virtual no nos convierte en justicieros, sino en parte del problema.

Hasta que no internalicemos que la Justicia no se ejerce en platós ni en timelines, seguiremos condenando primero y preguntando después.Jonathan Andic y José Luis Rodríguez Zapatero, como tantos otros antes que ellos, merecen que su honorabilidad no sea triturada antes de que un tribunal dicte la última palabra. La verdadera justicia no solo busca la verdad.

También protege la dignidad de quienes aún no han sido declarados culpables. Apelo aquí a la responsabilidad de los medios de comunicación y de las redes sociales.

Los medios tienen el derecho y el deber de informar, pero también la obligación ética de contextualizar, evitar filtraciones interesadas y recordar que se trata de presuntos hechos. Las redes sociales amplifican el problema: el algoritmo premia la indignación, no la prudencia.

Un titular sensacionalista genera más clics que un recordatorio de presunción de inocencia.Hace pocos días, el papa León XIV ha publicado su primera encíclica: "Magnífica humanitas" que gira en torno a la prevalencia de la persona en la era de la IA. Esto también aplica a nuestra forma de actuar frente a una eventual "pena del Telediario".

Como señala el pontífice antes de emitir un juicio debemos abogar por ser artesanos de esperanza que trabajen buscando como meta un diálogo abierto que restaure la confianza social. Sería algo así como apostar por la presunción de inocencia antes de que se demuestre la culpabilidad.