La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que el “fin último” de la operación que desplegó la exmilitante del PSOE Leire Díez entre 2024 y 2025 a las órdenes, supuestamente, del exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán era “proteger los intereses que afectan directa o indirectamente al Gobierno o a su presidente”. Así consta de forma literal en la causa —a cuyo sumario ha tenido acceso EL PAÍS— que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que mantiene imputados tanto a Díez, como a Cerdán, al empresario Javier Pérez-Dolset, al exsenador Gaspar Zarrías, a la gerente del PSOE Ana Fuentes, asimismo de a dos abogados acusados de desarrollar una operación ilegal para entorpecer la acción de los funcionarios que luchan contra la corrupción.

La investigación incluye también una supuesta operativa dentro de la propia Guardia Civil por la que se abrieron expedientes internos a los agentes que estaban investigando la corrupción. Seguir leyendo