La iniciativa apunta a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y a establecer mayores requisitos para quienes aspiren a ocupar cargos públicos. Según lo detallado, el proyecto contempla delitos vinculados a la corrupción, la integridad sexual y la propiedad, entre otros. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos, los postulantes deberán presentar un certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.

La propuesta no busca restringir derechos políticos de manera arbitraria, sino establecer estándares de transparencia y responsabilidad institucional. La diputada subrayó que la función pública requiere no solo capacidad técnica o intelectual, sino también un compromiso ciudadano y democrático.

El proyecto fue enviado a la comisión de Asuntos Constitucionales para incorporarse a otra iniciativa previamente presentada por otro bloque parlamentario. La normativa alcanzaría tanto a candidatos a cargos electivos como a personas designadas por el Poder Ejecutivo para desempeñar funciones públicas. El mecanismo de control se basaría en la presentación obligatoria de antecedentes penales al momento de oficializar candidaturas o designaciones.