Sumar ha presentado en el Congreso una proposición de ley para regular el estatuto de los expresidentes del Gobierno de cara endurecer los requisitos que deben cumplir para trabajar en el sector privado si así lo desean una vez salen de la Moncloa. Por ejemplo, se amplía de 2 a 10 años la limitación para prestar servicios en empresas de sectores estratégicos para el Ejecutivo o se plantea la suspensión total de cualquier prestación del Estado en el caso de que decidan embarcarse en el ámbito privado.

Para el socio minoritario del Gobierno, esta propuesta es una respuesta para "blindar la ética pública" y acabar con las puertas giratorias después de "la desafección ciudadana" que ha originado la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por supuestamente liderar una trama para lucrarse del rescate de Plus Ultra. "Desde el principio hemos dicho que el auto y los indicios son preocupantes, pero que le corresponde a la Justicia dirimir si existe algo ilegal.

Pero, en cualquier caso, hay una dimensión ética con el ejercicio de los expresidentes de nuestro país que se ha puesto sobre la mesa con el caso de Zapatero", ha declarado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. La iniciativa de Sumar propone la reforma de varios puntos de dos leyes orgánicas, un real decreto ley y una ley ordinaria que afectan a la actividad de los antiguos jefes del Ejecutivo y que dichos cambios tengan un "carácter retroactivo", es decir, que afectarían a Felipe González, José María Aznar, el propio Zapatero y Mariano Rajoy (tanto Adolfo Suárez como Leopoldo Calvo-Sotelo ya han fallecido).

Entre ellos, la ya mencionada ampliación del límite para trabajar en empresas de sectores estratégicos para la Administración pública; la exigencia de "dedicación exclusiva" a los expresidentes que se incorporen al Consejo de Estado como miembros natos, que tienen un sueldo de hasta 130.000 euros; o la suspensión "inmediata y definitiva" de "los medios materiales, de gabinete y pensiones indemnizatorias si se opta por una actividad privada lucrativa".La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, ha destacado que su formación impulsa una propuesta "para que la corrupción cero exista" y ha reivindicado que el partido que representa es el que más iniciativas ha presentado para "luchar" contra la misma. "La ciudadanía tiene derecho a exigir que quienes ocupan responsabilidades públicas actúen con los máximos estándares de integridad.

En España se ha normalizado que las personas que han ocupado la Presidencia del Gobierno pasen a tener posiciones de influencia en lugares estratégicos y nuestro país tiene una normativa insuficiente en esa línea", ha declarado Barbero. Aunque no niega la gravedad de los escándalos, para la portavoz de Sumar "hay una operación de la derecha y la ultraderecha para desestabilizar y tumbar al Gobierno progresista" y por eso considera que el PSOE tiene que mover ficha.

"Eso pasa por ofrecer explicaciones y actuar con contundencia y diligencia", ha aseverado, antes de concluir, en referencia a los apoyos que pueda cosechar la norma, que su grupo no entendería "cuál podría ser la razón para que el PSOE no interpretase esta medida como más que necesaria". Por su parte, el portavoz adjunto de Sumar y diputado de IU, Enrique Santiago, ha afeado al PSOE que el anteproyecto de ley de prevención y lucha contra la corrupción que el Gobierno aprobó en julio de 2025, luego de el ingreso en prisión de Santos Cerdán, esté "atrasado" y ha reclamado a su socio del Gobierno que impulse las medidas acordadas en el plan.

Asimismo, ha asegurado que Sumar "está haciendo todo lo posible" para desbloquear la ley de lobbies que permanece paralizada en el Congreso desde hace más de un año.