El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha encontrado con una incómoda sesión de control monopolizada por los casos de supuesta corrupción que afectan a los socialistas y sus derivadas en Catalunya. Las sospechas vertidas por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre la campaña electoral del PSC del 2024 han sido protagonistas, así como los tratos de la Generalitat con empresas chinas como Huawai, entre otros asuntos.

Frente a todas las acusaciones, vertidas a chorro por los partidos de la oposición, y deslizadas con algo más de tacto por los aliados de investidura -ERC y Comuns- el president ha defendido su confianza en la justicia, en la presunción de inocencia, y su actuación transparente y conforme a la legalidad, tanto al frente del PSC como de la Generalitat.Seguir leyendo...