Desde diciembre de 2023, los contratos de alquiler en Argentina se rigen por las disposiciones del Código Civil y Comercial sin las limitaciones que imponía la Ley 27.551, derogada por el DNU 70/2023. Las partes pueden acordar libremente plazo, moneda, índice de actualización y periodicidad de ajustes. En la práctica, los contratos se pactan generalmente a un año en pesos, con revisiones trimestrales o cuatrimestrales según el IPC, aunque también existen opciones en dólares y otras modalidades vinculadas a índices como ICL o UVA.

Más de dos años después de la desregulación, los datos evidencian un mercado con mayor oferta pero precios que crecen muy por encima de los salarios. Relevamientos privados indican que un departamento de dos ambientes promedio supera los 800 dólares mensuales, y aproximadamente el 70% de los inquilinos del país acumula algún tipo de deuda relacionada con el inmueble alquilado. En este contexto, el Senado dictaminó el 20 de mayo de 2026 un proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" que será debatido el 28 de mayo y contempla procedimientos más expeditivos para desalojos.

La negociación entre propietarios e inquilinos presenta una marcada asimetría: mientras el propietario dispone de un activo ofrecible en cualquier momento, el inquilino enfrenta una necesidad inmediata que limita su capacidad de negociación. Esto se traduce en exigencias estandarizadas como garantía propietaria, seguro de caución, recibos de sueldo equivalentes a dos o tres veces el canon, depósito inicial, comisión inmobiliaria y cláusulas de ajuste que el locatario debe aceptar tal como se presentan.

A pesar del escenario actual, existen normas protectoras disponibles. La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial establecen que las cláusulas abusivas se consideran no convenidas, incluyendo aquellas que renuncian a derechos legales del locatario, imponen penalidades desproporcionadas o trasladan reparaciones estructurales al inquilino. El código también obliga al propietario a mantener el inmueble en estado de servir para el uso pactado, permitiendo al locatario reclamar reducción del canon o resolución del contrato según la gravedad de los problemas. Las denuncias por incumplimientos pueden presentarse ante la Dirección de Defensa del Consumidor si hubo intermediación inmobiliaria, o ante organismos especializados como la Defensoría del Pueblo en CABA, Inquilinos Agrupados, defensorías provinciales y asociaciones de inquilinos que ofrecen asesoramiento gratuito.