SEÑOR DIRECTOR:El Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social (Boletín 18.216-05) plantea un diagnóstico atendible: optimizar los plazos ambientales y disminuir la litigiosidad. No obstante, las reformas propuestas, lejos de perfeccionar la institucionalidad ambiental, amenazan con debilitarla bajo la premisa de una reactivación económica que carece de sustento estadístico riguroso, considerando que solo el 2% de la inversión ha sido revocada en la última década y apenas un 5% de los proyectos resulta rechazado.Resulta de la máxima gravedad la disposición que obliga al Estado a restituir los gastos del titular si una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es anulada judicialmente por ilegalidad.

Esto traslada de forma inédita el riesgo regulatorio privado al Fisco —socializando el costo de un permiso mal otorgado— e introduce una preocupante presión financiera sobre la independencia de los tribunales.Asimismo, el cierre de vías de impugnación, como la supresión de la invalidación administrativa y la drástica reducción de plazos para invalidar permisos sectoriales, vulnera de forma directa el Acuerdo de Escazú. Esta restricción afecta desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables, limitando su capacidad técnica de defensa frente a expedientes complejos mientras mantiene intactas las prerrogativas de los titulares.La certeza jurídica y el progreso legítimo no se construyen blindando la ilegalidad ni excluyendo a la ciudadanía, sino fortaleciendo la rigurosidad institucional y el acceso equitativo a la justicia.

Urge rechazar estas normas regresivas y abordarlas por separado con el rigor técnico y democrático que la protección de nuestro entorno exige.Monserrat Moya Arrué, profesora UCAntonio Lara Aguilar, profesor Emérito Universidad Austral de ChileJonathan Barichivich Henríquez, profesor Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, Paris, Francia.Álvaro G. Gutiérrez, profesor Universidad de Chile, Instituto de Ecología y Biodiversidad.José Ángel Fernández, profesor Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.Rodrigo Astorga, economista especializado en Medio AmbienteCarlos Zamorano Elgueta, profesor Asociado Universidad de AysénFrancisco Squeo, Universidad de La Serena e Instituto de Ecología y BiodiversidadJuan Luis Celis, profesor Pontificia Universidad Católica de ValparaísoJorge Pérez Quezada, Universidad de Chile, Instituto de Ecología y Biodiversidad, Centro Internacional Cabo de HornosFernanda Romero, ONG Altos de Cantillana y Así Conserva Chile AG.Kendra Ivelic, Fundación Refugio Animal CascadaRocío Urrutia, investigadora Corporación AlerceJaviera Pérez Ribalta, Fundación Regenerativa Antonia Echenique Celis, Directora Corporación ChagualFlavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación TerramSara Larraín, Fundación Chile SustentableEnrique Cruz T., director ejecutivo Fundación Centro de los Bosques Nativos FORECOSMontserrat Lara, Red Ciudadana por los Humedales, Valdivia