La Unión Europea ha avanzado en una reforma significativa de su política migratoria, con el objetivo de intensificar las deportaciones e implementar acuerdos controvertidos para construir centros de detención en el extranjero. Nicholas Ioannides, viceministro de migración de Chipre, que ejerce la presidencia rotativa del bloque de 27 naciones, afirmó que "la nueva regulación acelerará el proceso de retorno e incrementará las devoluciones de personas sin derecho legal a permanecer en la UE". El acuerdo fue alcanzado entre las tres principales instituciones de la UE durante conversaciones trilaterales el lunes por la noche.

Críticos han comparado la regulación con la estrategia migratoria de la administración Trump, que ha suscrito una serie de acuerdos secretos con naciones para deportar a miles de personas a países que no son su origen. Silvia Carter, portavoz de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, advirtió que "la regulación creará una máquina dracónica de detención y deportación". El Reino Unido también intentó deportar migrantes a Ruanda, pero el plan quedó atrapado en complicaciones legales y el nuevo gobierno lo abandonó.

La UE ha endurecido continuamente sus políticas migratorias desde que partidos de derecha llegaron al poder en algunos países durante 2024. Según la reforma aprobada, los estados miembros podrán establecer acuerdos bilaterales con países ajenos al bloque para construir centros de retorno. Al menos cinco naciones de la UE —Alemania, Austria, Países Bajos, Dinamarca y Grecia— ya mantienen conversaciones con terceros países, principalmente en África, para albergar estos centros, siguiendo el modelo del acuerdo de detención de Italia con Albania.

Las organizaciones de derechos humanos advierten que la legislación reducirá significativamente las protecciones otorgadas por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y expondrá a las personas a riesgos fuera del bloque. Marta Welander, portavoz del Comité Internacional de Rescate, señaló que el acuerdo "ampliará significativamente los poderes de los gobiernos para detener y deportar personas", y alertó sobre el riesgo de que individuos sean deportados a países donde podrían enfrentar persecución o tortura.