La arqueóloga Rosa Reyna circuló ayer una misiva, firmada por el colectivo “Seamos 10 o 100 arqueólogas y arqueólogos del INAH”, en la que se exige a las autoridades federales, como Claudia Curiel, “el manejo transparente del presupuesto (de la dependencia), la reestructuración del Consejo de Arqueología, la desaparición del aberrante sistema de contratación de los investigadores eventuales y el respeto irrestricto a la normatividad fundamental que rige al Instituto Nacional de Antropología e Historia”. La misiva, obtenida por Excélsior, detalla que, en noviembre de 2025, La arqueóloga expuso que, luego de seis meses sin recibir respuesta, las autoridades del INAH han sido “sordas, insensibles e incompetentes” y acusó que han sumergido a los investigadores en una maraña burocrática administrativa que les impide ejercer las actividades sustantivas encomendadas por ley al INAH.

Esto ha provocado, apuntó, que “la investigación se ha convertido en una práctica sumamente difícil de realizar, debido a los múltiples problemas que ahora se han agudizado, entre los que destacan la falta de recursos financieros, la sobrerregulación administrativa y de trámites burocráticos; una excesiva normativa interna, la falta de infraestructura y equipamiento, la disminución de la planta laboral de base, la precariedad laboral de los profesionales contratados y un largo etcétera”.